El Supremo de EEUU concede a los prisioneros de Guantánamo el 'hábeas corpus' que les negó Bush
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió hoy que los prisioneros del centro de detención de la base naval de Guantánamo tendrán derecho a recurrir contra su detención ante la Justicia federal. El fallo del Supremo, aprobado por cinco votos a cuatro, contradice la ley del presidente George W. Bush aprobada en septiembre de 2006 por el Congreso, por entonces dominado por los republicanos, que priva del derecho al 'hábeas corpus' a los prisioneros catalogados como "combatientes enemigos".
"Sostenemos que los solicitantes tienen realmente derecho al 'hábeas corpus'", afirmó el juez Anthony Kennedy durante la lectura de la decisión del Supremo, un documento de 70 páginas, algunos de cuyos fragmentos leyó desde su banco. Se trata de la primera vez que el Supremo establece que los prisioneros de Guantánamo gozan de los mismos derechos que la Constitución de Estados Unidos reconoce al resto de detenidos.
En septiembre de 2006, el Congreso aprobó, gracias fundamentalmente al voto de los republicanos, la Ley de Comisiones Militares, por el que se priva del derecho al 'hábeas corpus' a los prisioneros catalogados como "combatientes enemigos". Esta ley supuso una réplica del Gobierno de Bush a una decisión adoptada ese mismo año por el Supremo en virtud de la cual los prisioneros tenían derecho a acudir a tribunales federales para cuestionar su estatus de "combatientes enemigos".
La ley establece un sistema autónomo de justicia en la órbita de las Fuerzas Armadas y niega a los detenidos el derecho al 'hábeas corpus'. A juicio de Kennedy, la ley de Comisiones Militares no había previsto ninguna alternativa adecuada para los prisioneros de Guantánamo.
El 'hábeas corpus' ('dispón de tu cuerpo', en traducción libre del latín) tiene por objeto defender los derechos fundamentales de la persona ante cualquier abuso de autoridad. Concretamente, garantiza el derecho de cualquier individuo a evitar las detenciones arbitrarias, para lo cual establece que toda persona tendrá derecho a recurrir su detención ante un juez, que será quien decida si hay motivos suficientes para su arresto.
Kennedy precisó que el nuevo fallo del Supremo no se pronuncia sobre si Bush tiene o no autoridad para detener a nadie y añadió que tanto esta cuestión como cualquier otra relacionada con la legalidad de las detenciones debe ser resuelta por los tribunales federales. En su opinión (y así consta en el fallo), el hecho de ser declarados "combatientes enemigos" o de estar recluidos en Guantánamo no debe privar a los prisioneros del derecho al 'hábeas corpus'.
El Supremo cuenta con cuatro jueces liberales, John Paul Stevens, David Souter, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer, y con un juez conservador moderado, el propio Kennedy, quien muy frecuentemente suele emitir el voto decisivo. Los cuatro jueces conservadores, opuestos al fallo, son John Roberts, Samuel Alito (ambos designados por Bush), Antonin Scalia y Clarence Thomas.
El fallo está relacionado con dos casos concretos. Por una parte, el de 30 prisioneros procedentes de países como Kuwait, Yemen y Afganistán y, por otra, el de seis inmigrantes argelinos en Bosnia que fueron capturados en octubre de 2001 y entregados a Estados Unidos tres meses más tarde.
"DESASTROSAS CONSECUENCIAS"
El juez Scalia mostró su disconformidad con la decisión desde su banco advirtiendo de las "desastrosas consecuencias del fallo adoptado hoy por el Tribunal". "Hoy, por primera vez en la historia de nuestra nación, el Tribunal ha concedido el derecho constitucional al 'hábeas corpus' a enemigos extranjeros detenidos fuera del país por nuestras fuerzas militares en el curso de una guerra", aseveró.
En un sentido muy diferente se pronunció el capitán naviero Brian Mizer, el abogado militar encargado de defender ante los tribunales de Guantánamo a Salim Hamdan, el chófer del líder de Al Qaeda, Usama bin Landen. "Ya no hay ninguna base para que siga existiendo la Bahía de Guantánamo", declaró. "Es una victoria para todos los americanos, porque refuerza el principio de que ninguna persona ni organismo está por encima de la ley", añadió.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI), organización de Derechos Humanos que ha hecho una amplia campaña mundial en favor de los derechos de los prisioneros de Guantánamo, ha expresado su satisfacción por el fallo del Supremo. "El Tribunal Supremo ha hecho lo correcto", declaró la directora del programa estadounidense de AI, Daila Hashad. "Todo el mundo tiene derecho a recurrir su prisión, a que se le informe de los cargos que pesan contra él y a recurrirlos", añadió.
"Es realmente vergonzoso que en el siglo XXI hayamos vivido un retroceso como éste por parte de la Administración Bush, que se diga que tenemos el derecho a meter a alguien en la cárcel y a tirar la llave, pero ya está bien", prosiguió.
EL CIERRE
El centro de detención de la bahía de Guantánamo fue puesto en marcha en enero de 2002, después de que el Gobierno de Bush lanzara la llamada "guerra contra el terrorismo" en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001. La Administración ha argumentado que la base naval, situada en un terreno alquilado a Cuba, se encuentra fuera del territorio estadounidense y, por tanto, sus prisioneros no gozan de los derechos previstos por la Constitución de Estados Unidos.
En la actualidad hay cerca de 270 prisioneros en Guantánamo. La mayoría llevan años recluidos en el centro sin cargos y muchos de ellos han denunciado abusos por parte de los carceleros. Bush ha reconocido públicamente que la prisión ha dañado la imagen de Estados Unidos y que le gustaría cerrarla alguna vez. Tanto el candidato demócrata a la Presidencia, Barack Obama, como su rival republicano, John McCain, se han comprometido a cerrarla.
En septiembre de 2006, el Congreso aprobó, gracias fundamentalmente al voto de los republicanos, la Ley de Comisiones Militares, por el que se priva del derecho al 'hábeas corpus' a los prisioneros catalogados como "combatientes enemigos". Esta ley supuso una réplica del Gobierno de Bush a una decisión adoptada ese mismo año por el Supremo en virtud de la cual los prisioneros tenían derecho a acudir a tribunales federales para cuestionar su estatus de "combatientes enemigos".
La ley establece un sistema autónomo de justicia en la órbita de las Fuerzas Armadas y niega a los detenidos el derecho al 'hábeas corpus'. A juicio de Kennedy, la ley de Comisiones Militares no había previsto ninguna alternativa adecuada para los prisioneros de Guantánamo.
El 'hábeas corpus' ('dispón de tu cuerpo', en traducción libre del latín) tiene por objeto defender los derechos fundamentales de la persona ante cualquier abuso de autoridad. Concretamente, garantiza el derecho de cualquier individuo a evitar las detenciones arbitrarias, para lo cual establece que toda persona tendrá derecho a recurrir su detención ante un juez, que será quien decida si hay motivos suficientes para su arresto.
Kennedy precisó que el nuevo fallo del Supremo no se pronuncia sobre si Bush tiene o no autoridad para detener a nadie y añadió que tanto esta cuestión como cualquier otra relacionada con la legalidad de las detenciones debe ser resuelta por los tribunales federales. En su opinión (y así consta en el fallo), el hecho de ser declarados "combatientes enemigos" o de estar recluidos en Guantánamo no debe privar a los prisioneros del derecho al 'hábeas corpus'.
El Supremo cuenta con cuatro jueces liberales, John Paul Stevens, David Souter, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer, y con un juez conservador moderado, el propio Kennedy, quien muy frecuentemente suele emitir el voto decisivo. Los cuatro jueces conservadores, opuestos al fallo, son John Roberts, Samuel Alito (ambos designados por Bush), Antonin Scalia y Clarence Thomas.
El fallo está relacionado con dos casos concretos. Por una parte, el de 30 prisioneros procedentes de países como Kuwait, Yemen y Afganistán y, por otra, el de seis inmigrantes argelinos en Bosnia que fueron capturados en octubre de 2001 y entregados a Estados Unidos tres meses más tarde.
"DESASTROSAS CONSECUENCIAS"
El juez Scalia mostró su disconformidad con la decisión desde su banco advirtiendo de las "desastrosas consecuencias del fallo adoptado hoy por el Tribunal". "Hoy, por primera vez en la historia de nuestra nación, el Tribunal ha concedido el derecho constitucional al 'hábeas corpus' a enemigos extranjeros detenidos fuera del país por nuestras fuerzas militares en el curso de una guerra", aseveró.
En un sentido muy diferente se pronunció el capitán naviero Brian Mizer, el abogado militar encargado de defender ante los tribunales de Guantánamo a Salim Hamdan, el chófer del líder de Al Qaeda, Usama bin Landen. "Ya no hay ninguna base para que siga existiendo la Bahía de Guantánamo", declaró. "Es una victoria para todos los americanos, porque refuerza el principio de que ninguna persona ni organismo está por encima de la ley", añadió.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI), organización de Derechos Humanos que ha hecho una amplia campaña mundial en favor de los derechos de los prisioneros de Guantánamo, ha expresado su satisfacción por el fallo del Supremo. "El Tribunal Supremo ha hecho lo correcto", declaró la directora del programa estadounidense de AI, Daila Hashad. "Todo el mundo tiene derecho a recurrir su prisión, a que se le informe de los cargos que pesan contra él y a recurrirlos", añadió.
"Es realmente vergonzoso que en el siglo XXI hayamos vivido un retroceso como éste por parte de la Administración Bush, que se diga que tenemos el derecho a meter a alguien en la cárcel y a tirar la llave, pero ya está bien", prosiguió.
EL CIERRE
El centro de detención de la bahía de Guantánamo fue puesto en marcha en enero de 2002, después de que el Gobierno de Bush lanzara la llamada "guerra contra el terrorismo" en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001. La Administración ha argumentado que la base naval, situada en un terreno alquilado a Cuba, se encuentra fuera del territorio estadounidense y, por tanto, sus prisioneros no gozan de los derechos previstos por la Constitución de Estados Unidos.
En la actualidad hay cerca de 270 prisioneros en Guantánamo. La mayoría llevan años recluidos en el centro sin cargos y muchos de ellos han denunciado abusos por parte de los carceleros. Bush ha reconocido públicamente que la prisión ha dañado la imagen de Estados Unidos y que le gustaría cerrarla alguna vez. Tanto el candidato demócrata a la Presidencia, Barack Obama, como su rival republicano, John McCain, se han comprometido a cerrarla.