El Supremo pide que impidan que el TC invada sus competencias
01/10/2010 - 09:45
El Tribunal Supremo ha pedido al Gobierno que tome las medidas necesarias para impedir que el Tribunal Constitucional vuelva a invadir en el futuro las competencias exclusivas que le otorga la Carta Magna. Opina que es institucionalmente insoslayable una revisión de esta situación.
El alto tribunal, en un capítulo específico de su memoria de actividades de 2007, reclama que los poderes públicos fijen con nitidez los límites legales de actuación del Constitucional y dejen claro que no puede interferir en el trabajo específico y exclusivo del Supremo, como órgano superior y cúspide de la pirámide judicial española.
La reclamación se produce a raíz del último de los múltiples desencuentros históricos entre ambos tribunales: la sentencia por la que el Constitucional, en febrero pasado, anuló la condena por estafa que el Supremo dictó en 2005 contra los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los Albertos, con la que liberó a los financieros de cumplir más de tres años de cárcel y pagar una indemnización multimillonaria a sus ex socios. El Constitucional anuló la sentencia al concluir que el delito había prescrito, extremo que había rechazado de manera explícita el alto tribunal.
La memoria reconoce que las relaciones entre ambos órganos siempre han sido difíciles, pero asegura que, en este último año, el conflicto se ha agudizado con la sentencia de los Albertos, ya que se ha implicado a la Fiscalía, que también se sintió agredida por la absolución, y al presidente del Gobierno, a quien el Constitucional pidió amparo por las duras críticas del fiscal general.
El Supremo señala en la memoria que, con esta resolución, el Constitucional excedió los límites de su jurisdicción al corregirle en la interpretación de un artículo del Código Penal (cómo debe ser computado el plazo de la prescripción).
La reclamación se produce a raíz del último de los múltiples desencuentros históricos entre ambos tribunales: la sentencia por la que el Constitucional, en febrero pasado, anuló la condena por estafa que el Supremo dictó en 2005 contra los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los Albertos, con la que liberó a los financieros de cumplir más de tres años de cárcel y pagar una indemnización multimillonaria a sus ex socios. El Constitucional anuló la sentencia al concluir que el delito había prescrito, extremo que había rechazado de manera explícita el alto tribunal.
La memoria reconoce que las relaciones entre ambos órganos siempre han sido difíciles, pero asegura que, en este último año, el conflicto se ha agudizado con la sentencia de los Albertos, ya que se ha implicado a la Fiscalía, que también se sintió agredida por la absolución, y al presidente del Gobierno, a quien el Constitucional pidió amparo por las duras críticas del fiscal general.
El Supremo señala en la memoria que, con esta resolución, el Constitucional excedió los límites de su jurisdicción al corregirle en la interpretación de un artículo del Código Penal (cómo debe ser computado el plazo de la prescripción).
