El TC cierra el año con 10 recursos pendientes a estatutos, siete de ellos al catalán
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
El 2009 ha terminado en el Tribunal Constitucional con 10 recursos presentados a diferentes estatutos de autonomía pendientes de resolver, de los que siete corresponden al texto de Cataluña. Todos ellos están a la espera de que se pronuncie el alto tribunal, de la misma forma que los que se han presentado al documento de Andalucía, Aragón y Castilla y León. Este ha sido el último en recibir recursos, uno de ellos de la comunidad autónoma de Extremadura porque considera que conculca el principio de unidad de cuenca.
El Tribunal Constitucional termina este año 2009 con un total de diez recursos a diferentes estatutos de autonomía pendientes de resolución. El texto que más requerimientos acumula es el catalán, con siete, pero el alto tribunal también deberá pronunciarse sobre los estatutos de Andalucía, Aragón y Castilla y León.
La pasada legislatura estuvo protagonizada por un proceso de reformas estatutarias que sin embargo acumularon muchas denuncias ante el Tribunal Constitucional debido a diferentes aspectos relacionados, sobre todo, con la financiación o el agua, que despertaron las sospechas de las comunidades vecinas. El único texto que se salvó de ser recurrido fue el balear, que superó el trámite parlamentario por unanimidad y no fue objeto de ningún reproche.
El Tribunal Constitucional comienza el nuevo año con su labor encallada en la resolución de los siete recursos presentados al Estatut por el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades de Murcia, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana y La Rioja. Todos ellos fueron admitidos a trámite a lo largo de 2006 y cumplen ya más de tres años sin recibir respuesta, aunque se espera que la sentencia esté lista en el primer mes de 2010.
Recurso del PP
En su recurso, los populares piden la revisión de numerosos artículos de la reforma estatutaria catalana que afectan a aspectos como la definición de Cataluña como nación, la obligatoriedad del catalán, la regulación de derechos y deberes, la legislación judicial, el reparto competencial o la relación bilateral con el Estado.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, apela al valor superior de la igualdad en que se fundamenta la Constitución y entiende que el texto catalán sienta una desigualdad entre los ciudadanos, por lo que su recurso afecta a más de un centenar de artículos.
Además, el Tribunal Constitucional deberá estudiar los recursos presentados por cinco comunidades autónomas contra el texto estatutario catalán por diferentes artículos como la gestión del agua, la financiación o la regulación de los fondos de la Corona de Aragón.
Competencias
Sin embargo, el alto tribunal también deberá pronunciarse sobre un recurso de la Junta de Extremadura al estatuto de Andalucía en el que los extremeños argumentan que el texto andaluz incumple la Constitución en lo relativo a las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir.
Según el Ejecutivo extremeño, el artículo que otorga competencias exclusivas a Andalucía sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir vulnera el artículo de la Constitución que reconoce las competencias del Estado para las aguas que discurren por más de una comunidad autónoma.
El estatuto de Andalucía también fue recurrido tras su aprobación por la Comunidad Valenciana. Sin embargo, este recurso relativo a la regulación de la inversión estatal en Andalucía no fue admitido a trámite al considerar el alto tribunal que el objeto de la demanda no era declarar la inadecuación del estatuto a la Constitución sino su incongruencia con el texto catalán, lo que resultaba extravagante y ajeno a su jurisdicción.
Pese a que salió de las Cortes Generales con unanimidad, también fueron recurridos tres artículos de la reforma estatutaria de Aragón, ya que el Gobierno de La Rioja considera que invade las competencias, tanto estatales como de la comunidad, en materia de agua.
El último de los estatutos en ser recurrido fue el de Castilla y León, ya que Extremadura no ve con buenos ojos su artículo 75.1, que atañe a la competencia exclusiva en materia de la cuenca hidrográfica del Duero y que considera que choca con el artículo 149 de la Constitución sobre las competencias exclusivas del Estado respecto a los recursos hídricos de más de una región.
La pasada legislatura estuvo protagonizada por un proceso de reformas estatutarias que sin embargo acumularon muchas denuncias ante el Tribunal Constitucional debido a diferentes aspectos relacionados, sobre todo, con la financiación o el agua, que despertaron las sospechas de las comunidades vecinas. El único texto que se salvó de ser recurrido fue el balear, que superó el trámite parlamentario por unanimidad y no fue objeto de ningún reproche.
El Tribunal Constitucional comienza el nuevo año con su labor encallada en la resolución de los siete recursos presentados al Estatut por el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades de Murcia, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana y La Rioja. Todos ellos fueron admitidos a trámite a lo largo de 2006 y cumplen ya más de tres años sin recibir respuesta, aunque se espera que la sentencia esté lista en el primer mes de 2010.
Recurso del PP
En su recurso, los populares piden la revisión de numerosos artículos de la reforma estatutaria catalana que afectan a aspectos como la definición de Cataluña como nación, la obligatoriedad del catalán, la regulación de derechos y deberes, la legislación judicial, el reparto competencial o la relación bilateral con el Estado.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, apela al valor superior de la igualdad en que se fundamenta la Constitución y entiende que el texto catalán sienta una desigualdad entre los ciudadanos, por lo que su recurso afecta a más de un centenar de artículos.
Además, el Tribunal Constitucional deberá estudiar los recursos presentados por cinco comunidades autónomas contra el texto estatutario catalán por diferentes artículos como la gestión del agua, la financiación o la regulación de los fondos de la Corona de Aragón.
Competencias
Sin embargo, el alto tribunal también deberá pronunciarse sobre un recurso de la Junta de Extremadura al estatuto de Andalucía en el que los extremeños argumentan que el texto andaluz incumple la Constitución en lo relativo a las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir.
Según el Ejecutivo extremeño, el artículo que otorga competencias exclusivas a Andalucía sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir vulnera el artículo de la Constitución que reconoce las competencias del Estado para las aguas que discurren por más de una comunidad autónoma.
El estatuto de Andalucía también fue recurrido tras su aprobación por la Comunidad Valenciana. Sin embargo, este recurso relativo a la regulación de la inversión estatal en Andalucía no fue admitido a trámite al considerar el alto tribunal que el objeto de la demanda no era declarar la inadecuación del estatuto a la Constitución sino su incongruencia con el texto catalán, lo que resultaba extravagante y ajeno a su jurisdicción.
Pese a que salió de las Cortes Generales con unanimidad, también fueron recurridos tres artículos de la reforma estatutaria de Aragón, ya que el Gobierno de La Rioja considera que invade las competencias, tanto estatales como de la comunidad, en materia de agua.
El último de los estatutos en ser recurrido fue el de Castilla y León, ya que Extremadura no ve con buenos ojos su artículo 75.1, que atañe a la competencia exclusiva en materia de la cuenca hidrográfica del Duero y que considera que choca con el artículo 149 de la Constitución sobre las competencias exclusivas del Estado respecto a los recursos hídricos de más de una región.