El Tribunal Constitucional respalda las explicaciones de su presidenta
01/10/2010 - 09:45
Los magistrados del Tribunal Constitucional respaldaron ayer de manera casi unánime a su presidenta, María Emilia Casas, y dieron por zanjada la polémica política y jurídica surgida tras la revelación de la conversación telefónica que mantuvo hace más de un año con una abogada a la que la Guardia Civil investiga por el asesinato de su marido.
Los miembros del pleno del Constitucional, reunido durante varias horas en sesión extraordinaria, escucharon el largo relato y las explicaciones que Casas dio sobre estos hechos y emitieron un comunicado institucional agradeciéndole la transparencia de su comunicación y reiterándole su confianza.
La presidenta, que en todo momento defendió que creía que hablaba con una mujer maltratada y sin imputación penal alguna, contó con el apoyo rotundo y explícito de nueve de los diez magistrados tanto progresistas como conservadores- y sólo Jorge Rodríguez-Zapata, una jurista muy enfrentado con Casas, prefirió no tomar posición alguna al respecto, para lo que arguyó motivos técnicos y de forma. Rodríguez-Zapata fue uno de los dos magistrados -el otro ya ha fallecido- que el año pasado se embarcó en una operación interna para intentar provocar la dimisión de Casas con la discusión sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el estatuto de Cataluña como fondo de todo.
La reunión, realizada a petición de la presidenta, se produjo tres días después de que el Tribunal Supremo dejase claro, mediante un rotundo auto, que el comportamiento de Casas no es merecedor del más mínimo reproche penal y decidiese no abrir investigación alguna contra ella por un delito de asesoramiento ilegal. No existe una actividad de asesoramiento, aun ocasional, susceptible de integrar el tipo penal porque el comportamiento de Casas se ajusta sin dificultad a los módulos de adecuación social generalmente admitidos, concluyó el auto.
El alto tribunal analizó los hechos después de que una juez de instrucción de Valdemoro (Madrid) le remitiese el mes pasado la transcripción íntegra de la charla telefónica entre ambas mujeres por si consideraba que podía constituir un delito. La conversación fue grabada dentro de la investigación policial del asesinato del marido de la letrada.
El comunicado oficial del Constitucional recoge que la mayoría de los magistrados expresó a la presidenta que ni ella ni el tribunal deben sentirse afectados en sus respectivas legitimidades para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas.
Por este motivo, la nota concluye que los miembros del pleno manifiestan su decisión de continuar con normalidad en el estudio y resolución de los asuntos que en este momento tiene en su agenda. Jorge Rodríguez-Zapata, el magistrado discrepante, dio a conocer su propia nota en la que explica que ha preferido no pronunciarse sobre el relato ofrecido por la presidenta porque considera que, con arreglo a la jurisprudencia del Constitucional, supondría una toma de postura que le contaminaría en el futuro ante eventuales actuaciones que exigieran un pronunciamiento jurisdiccional o gubernativo de este tribunal.
El conocimiento de la existencia de la conversación y de la investigación del Supremo provocó la semana pasada un considerable revuelo, sobre todo porque el PP corrió a exigir que Casas diese explicaciones públicas por lo sucedido, que en opinión del principal partido de la oposición pone al órgano que dirige en una situación insostenible. Otros partidos, como IU o ERC, rebajaron el tono de sus críticas aunque consideraron imprudente la actuación de la presidenta del Constitucional, que fue defendida desde el primer momento por el PSOE y CiU.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales dudaron desde el primer momento que pudiese considerarse delictiva la conversación que Casas mantuvo con la abogada, si bien las de carácter conservador reprocharon a la presidenta del Constitucional la inoportunidad de la misma que, en todo caso, tildaron como desliz.
La presidenta, que en todo momento defendió que creía que hablaba con una mujer maltratada y sin imputación penal alguna, contó con el apoyo rotundo y explícito de nueve de los diez magistrados tanto progresistas como conservadores- y sólo Jorge Rodríguez-Zapata, una jurista muy enfrentado con Casas, prefirió no tomar posición alguna al respecto, para lo que arguyó motivos técnicos y de forma. Rodríguez-Zapata fue uno de los dos magistrados -el otro ya ha fallecido- que el año pasado se embarcó en una operación interna para intentar provocar la dimisión de Casas con la discusión sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el estatuto de Cataluña como fondo de todo.
La reunión, realizada a petición de la presidenta, se produjo tres días después de que el Tribunal Supremo dejase claro, mediante un rotundo auto, que el comportamiento de Casas no es merecedor del más mínimo reproche penal y decidiese no abrir investigación alguna contra ella por un delito de asesoramiento ilegal. No existe una actividad de asesoramiento, aun ocasional, susceptible de integrar el tipo penal porque el comportamiento de Casas se ajusta sin dificultad a los módulos de adecuación social generalmente admitidos, concluyó el auto.
El alto tribunal analizó los hechos después de que una juez de instrucción de Valdemoro (Madrid) le remitiese el mes pasado la transcripción íntegra de la charla telefónica entre ambas mujeres por si consideraba que podía constituir un delito. La conversación fue grabada dentro de la investigación policial del asesinato del marido de la letrada.
El comunicado oficial del Constitucional recoge que la mayoría de los magistrados expresó a la presidenta que ni ella ni el tribunal deben sentirse afectados en sus respectivas legitimidades para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas.
Por este motivo, la nota concluye que los miembros del pleno manifiestan su decisión de continuar con normalidad en el estudio y resolución de los asuntos que en este momento tiene en su agenda. Jorge Rodríguez-Zapata, el magistrado discrepante, dio a conocer su propia nota en la que explica que ha preferido no pronunciarse sobre el relato ofrecido por la presidenta porque considera que, con arreglo a la jurisprudencia del Constitucional, supondría una toma de postura que le contaminaría en el futuro ante eventuales actuaciones que exigieran un pronunciamiento jurisdiccional o gubernativo de este tribunal.
El conocimiento de la existencia de la conversación y de la investigación del Supremo provocó la semana pasada un considerable revuelo, sobre todo porque el PP corrió a exigir que Casas diese explicaciones públicas por lo sucedido, que en opinión del principal partido de la oposición pone al órgano que dirige en una situación insostenible. Otros partidos, como IU o ERC, rebajaron el tono de sus críticas aunque consideraron imprudente la actuación de la presidenta del Constitucional, que fue defendida desde el primer momento por el PSOE y CiU.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales dudaron desde el primer momento que pudiese considerarse delictiva la conversación que Casas mantuvo con la abogada, si bien las de carácter conservador reprocharon a la presidenta del Constitucional la inoportunidad de la misma que, en todo caso, tildaron como desliz.