Francia autoriza de nuevo la extradición de la ex jefe de ETA Anboto
01/10/2010 - 09:45
Por: COLPISA
El Tribunal de Apelación de París autorizó ayer la extradición a España de la ex-dirigente de ETA Soledad Iparragirre, Anboto, para ser juzgada por un atentado cometido hace 23 años en la provincia de Álava.
No me sorprende dijo en francés Iparragirre antes de despedirse con un Gora Euskal Herria Askatuta (Viva el País Vasco libre) tras escuchar un veredicto esperado. El pasado 26 de marzo los jueces parisienses habían desbrozado el camino al revocar la anterior negativa de un tribunal de Tolouse y autorizar su extradición por un atentado perpetrado en 1987 contra un bar de Eskoriatza, localidad guipuzcoana en la que la acusada nació hace 47 años.
Como en aquel caso, la corte de París ha rectificado el precedente rechazo mediante la aplicación del Convenio de Dublín, en vigor desde 2005 y favorable a los intereses españoles pues estipula que deben prevalecer los plazos de prescripción de su legislación, más amplios que los franceses. El fallo restablece la vigencia penal del atentado con coche-bomba perpetrado por el comando Araba el 2 de mayo de 1985 contra el cuartel de la Guardia Civil en Llodio.
Los autores activaron a distancia una carga de 50 kilos de goma-2 y metralla desde el domicilio de un matrimonio, al que retuvieron junto a sus tres hijas, contra una patrulla que resultó indemne gracias al blindaje de su Land-Rover. Estos hechos están tipificados en la demanda como asesinato frustrado, pertenencia a banda armada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, tenencia de explosivos, tenencia ilícita de armas, estragos, utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno, allanamiento de morada y coacciones.
Las reclamaciones en contra de Olarra, que serán falladas el próximo miércoles, son consecuencia de tres euro-órdenes enviadas por otros tantos juzgados de la Audiencia Nacinal. El sumario más antiguo le imputa complicidad en el asesinato de Tomás y Valiente, ex-presidente del Tribunal Constitucional, cometido en su despacho en la Universidad Autónoma de Madrid el 14 de febrero de 1996, pocos días antes del primer triunfo del PP en unas elecciones generales.
Las otras dos causas datan de su mandato al frente de los comandos armados y le conciernen en calidad de presunto instigador o cooperador necesario. Por un lado, está acusado de haber facilitado material, medios e información para asesinar al médico del Ejército del Aire Muñoz Cariñanos en Sevilla el 16 de octubre de 2000. Por último, se le atribuye la orden del atentado contra el Hotel Calafont que el 17 de agosto de 2001 causó 14 heridos en Salou (Tarragona).
Como en aquel caso, la corte de París ha rectificado el precedente rechazo mediante la aplicación del Convenio de Dublín, en vigor desde 2005 y favorable a los intereses españoles pues estipula que deben prevalecer los plazos de prescripción de su legislación, más amplios que los franceses. El fallo restablece la vigencia penal del atentado con coche-bomba perpetrado por el comando Araba el 2 de mayo de 1985 contra el cuartel de la Guardia Civil en Llodio.
Los autores activaron a distancia una carga de 50 kilos de goma-2 y metralla desde el domicilio de un matrimonio, al que retuvieron junto a sus tres hijas, contra una patrulla que resultó indemne gracias al blindaje de su Land-Rover. Estos hechos están tipificados en la demanda como asesinato frustrado, pertenencia a banda armada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, tenencia de explosivos, tenencia ilícita de armas, estragos, utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno, allanamiento de morada y coacciones.
Las reclamaciones en contra de Olarra, que serán falladas el próximo miércoles, son consecuencia de tres euro-órdenes enviadas por otros tantos juzgados de la Audiencia Nacinal. El sumario más antiguo le imputa complicidad en el asesinato de Tomás y Valiente, ex-presidente del Tribunal Constitucional, cometido en su despacho en la Universidad Autónoma de Madrid el 14 de febrero de 1996, pocos días antes del primer triunfo del PP en unas elecciones generales.
Las otras dos causas datan de su mandato al frente de los comandos armados y le conciernen en calidad de presunto instigador o cooperador necesario. Por un lado, está acusado de haber facilitado material, medios e información para asesinar al médico del Ejército del Aire Muñoz Cariñanos en Sevilla el 16 de octubre de 2000. Por último, se le atribuye la orden del atentado contra el Hotel Calafont que el 17 de agosto de 2001 causó 14 heridos en Salou (Tarragona).