Garzón ordena la apertura de las 19 fosas conocidas, incluida la de Federico García Lorca
01/10/2010 - 09:45
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró ayer competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal, que encaja en el tipo penal de Crimen contra la Humanidad, que no prescribe. En un extenso auto de 68 páginas, el magistrado ordena la apertura de las 19 fosas conocidas, incluída la del poeta Federico Lorca, y la creación de un banco de ADN para las identificaciones de los desaparecidos.
Además, solicita los certificados de defunción de Franco y 34 altos mandos, así como de los líderes de la Falange entre 1936 y 1951, para comprobar si la responsabilidad penal podría ejercitarse o no. No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil, argumenta Garzón en su auto, en el que añade que la acción de la Justicia debe desarrollarse con el máximo respeto para las víctimas de estos crímenes execrables y gravísimas violaciones de los derechos. Este respeto, precisa, se extiende a los miembros de ambos bandos con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase y sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos.
Garzón justifica su decisión de investigar los crímenes franquistas en que, tras un examen imparcial y sereno de los hechos considera que los vencedores desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de sus víctimas y aplicaron su derecho a los vencidos. No aconteció lo mismo respecto de los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado, asegura.
En este sentido enmarca los motivos que le llevaron a rechazar la admisión a trámite de una querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos. Estos hechos ya se investigaron, se procuró sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas, señala Garzón, que explica además que esta investigación no correspondía a la Audiencia Nacional, sino a jueces locales, porque los fusilamientos de Paracuellos no atentaron contra altos organismos de la nación.
Un plan sistemático
Sin embargo, en la presente investigación, existe un delito contra altos organismos de la nación, dado que los sublevados atentaron contra un gobierno legítimamente elegido y, aunque este delito ya ha prescrito, permanece el detención ilegal como crímen contra la Humanidad. Además, el juez enmarca estos delitos en un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo contra los adeptos a la República que requería el uso de la violencia y que considera similar al que se llevó a cabo en la Alemania nazi. De hecho, para calificar como crímenes contra la Humanidad los cometidos después del 17 de julio de 1936, apela a la cláusula Martens de los juicios de Nuremberg y que establece que los abusos cometidos por los vencedores de una guerra deben ser interpretados por el derecho común. También cita una entrevista concedida por Franco en la que aseguraba estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio. Tendrá que matar a media España, preguntaba el periodista, he dicho al precio que sea, respondía Franco. Aunque el juez declara la extinción de responsabilidades de Franco y otros 34 altos mandos del Ejército sublevado, entre los que se incluyen generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano, pide confirmar su muerte, para lo que solicita sus certificados de defunción.
Garzón justifica su decisión de investigar los crímenes franquistas en que, tras un examen imparcial y sereno de los hechos considera que los vencedores desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de sus víctimas y aplicaron su derecho a los vencidos. No aconteció lo mismo respecto de los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado, asegura.
En este sentido enmarca los motivos que le llevaron a rechazar la admisión a trámite de una querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos. Estos hechos ya se investigaron, se procuró sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas, señala Garzón, que explica además que esta investigación no correspondía a la Audiencia Nacional, sino a jueces locales, porque los fusilamientos de Paracuellos no atentaron contra altos organismos de la nación.
Un plan sistemático
Sin embargo, en la presente investigación, existe un delito contra altos organismos de la nación, dado que los sublevados atentaron contra un gobierno legítimamente elegido y, aunque este delito ya ha prescrito, permanece el detención ilegal como crímen contra la Humanidad. Además, el juez enmarca estos delitos en un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo contra los adeptos a la República que requería el uso de la violencia y que considera similar al que se llevó a cabo en la Alemania nazi. De hecho, para calificar como crímenes contra la Humanidad los cometidos después del 17 de julio de 1936, apela a la cláusula Martens de los juicios de Nuremberg y que establece que los abusos cometidos por los vencedores de una guerra deben ser interpretados por el derecho común. También cita una entrevista concedida por Franco en la que aseguraba estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio. Tendrá que matar a media España, preguntaba el periodista, he dicho al precio que sea, respondía Franco. Aunque el juez declara la extinción de responsabilidades de Franco y otros 34 altos mandos del Ejército sublevado, entre los que se incluyen generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano, pide confirmar su muerte, para lo que solicita sus certificados de defunción.