Garzón pide que se anule el auto de Varela por insostenible
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón presentó este miércoles un recurso de apelación contra el auto dictado el pasado jueves por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela en el que éste confirmaba la existencia de indicios contra Garzón por un presunto delito de prevaricación relacionado con su investigación de las desapariciones durante el Franquismo. Calificó el auto de Varela de insostenible, infundado e incomprensible.
Asimismo, Garzón solicitó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que tome declaración a magistrados y juristas internacionales para probar su defensa. Por el momento, la Fiscalía no apoyará la suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional mientras se tramitan los dos procedimientos penales admitidos a trámites contra él. En un escrito de 46 páginas, el abogado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Gonzalo Martínez- Freneda lanza duras críticas al auto del juez Varela, que califica de insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal.
El texto señala que el juez instructor del Tribunal Supremo se limitó a emitir una sucesión de calificativos peyorativos acerca de la conducta de Garzón, a cual más injustificado, pero sin ofrecer ni una valoración técnica jurídica sobre su comportamiento. El auto, agrega el recurso, se dedica a descalificar todo el actuar del magistrado, con el que parece claro que no está de acuerdo. pero no basta estar en desacuerdo para acusar a un magistrado de prevaricador, remacha. Para la defensa del magistrado, la clave está en que se ha considerado inaceptable que Garzón abriera una causa sobre los crímenes de la Guerra Civil y la posguerra y, a partir de ahí, todas las decisiones tomadas en el seno de esta causa son valoradas en contra del juez, desde la peor de las diversas interpretaciones posibles.
El escrito repasa algunas de las, a su juicio, omisiones y contradicciones en las que cayó Varela en su auto selectivo y parcial. En concreto, le reprocha que guarde silencio sobre la querella presentada por Falange Española de las Jons, en la que acusaba a Garzón de vulnerar el derecho al honor de las personas que aparecen reseñadas en su auto como responsables de crímenes contra la humanidad, así como acerca del rapto de los niños durante la Guerra Civil y la posguerra.
Critica igualmente que Varela preguntara a Garzón sobre este asunto en su declaración del pasado 9 de septiembre ante el TS y, sin embargo, ahora estos gravísimos hechos punibles jamás investigados no aparezcan en su auto.
También se pregunta por qué no se alude a la supuesta vulneración de las normas de reparto de la Audiencia nacional, tema sobre el que se practicaron diligencias cuya motivación todavía no se ha explicado. Este silencio, argumenta, sólo puede entenderse como un desprecio hacia el resultado de cualquier diligencia que no vaya en la dirección de confirmar que todo, absolutamente todo lo hecho por Baltasar Garzón en su procedimiento odioso era irregular.
Además, el escrito recuerda por qué garzón asumió la competencia cuando recibió la denuncia de las asociaciones de la memoria Histórica sobre las desapariciones. Insiste así en que se limitó a interpretar las leyes internas de conformidad con las normas del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, en la misma línea que lo hacen todos los países civilizados de nuestro entorno, como Alemania, Francia o Italia. Somos el único Estado europeo que no osa investigar sus crímenes de guerra, lamenta.
TOMA DE DECLARACIÓN DE MAGISTRADOS INTERNACIONALES
Entre los aspectos que solicita Garzón está la práctica de nuevas diligencias de prueba en su defensa, como la toma de declaración de destacados magistrados y juristas internacionales.
Su abogado alega que le objetivo es demostrar la existencia de un debate acerca de la perseguibilidad de los crímenes contra la Humanidad, la vigencia de las leyes de amnistía y el alcance de la prescripción en los casos de desaparición de personas.
En concreto, pide que sea llamada a declarar como testigo la actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU y fiscal del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia.
También se solicita que declare el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país sudamericano, así como el que fuera juez de Instrucción en Santiago de Chile cuando se abrieron varias causas contra la dictadura de Augusto Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres, Juan Guzmán Tapia. La lista prosigue con más nombres.
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El texto señala que el juez instructor del Tribunal Supremo se limitó a emitir una sucesión de calificativos peyorativos acerca de la conducta de Garzón, a cual más injustificado, pero sin ofrecer ni una valoración técnica jurídica sobre su comportamiento. El auto, agrega el recurso, se dedica a descalificar todo el actuar del magistrado, con el que parece claro que no está de acuerdo. pero no basta estar en desacuerdo para acusar a un magistrado de prevaricador, remacha. Para la defensa del magistrado, la clave está en que se ha considerado inaceptable que Garzón abriera una causa sobre los crímenes de la Guerra Civil y la posguerra y, a partir de ahí, todas las decisiones tomadas en el seno de esta causa son valoradas en contra del juez, desde la peor de las diversas interpretaciones posibles.
El escrito repasa algunas de las, a su juicio, omisiones y contradicciones en las que cayó Varela en su auto selectivo y parcial. En concreto, le reprocha que guarde silencio sobre la querella presentada por Falange Española de las Jons, en la que acusaba a Garzón de vulnerar el derecho al honor de las personas que aparecen reseñadas en su auto como responsables de crímenes contra la humanidad, así como acerca del rapto de los niños durante la Guerra Civil y la posguerra.
Critica igualmente que Varela preguntara a Garzón sobre este asunto en su declaración del pasado 9 de septiembre ante el TS y, sin embargo, ahora estos gravísimos hechos punibles jamás investigados no aparezcan en su auto.
También se pregunta por qué no se alude a la supuesta vulneración de las normas de reparto de la Audiencia nacional, tema sobre el que se practicaron diligencias cuya motivación todavía no se ha explicado. Este silencio, argumenta, sólo puede entenderse como un desprecio hacia el resultado de cualquier diligencia que no vaya en la dirección de confirmar que todo, absolutamente todo lo hecho por Baltasar Garzón en su procedimiento odioso era irregular.
Además, el escrito recuerda por qué garzón asumió la competencia cuando recibió la denuncia de las asociaciones de la memoria Histórica sobre las desapariciones. Insiste así en que se limitó a interpretar las leyes internas de conformidad con las normas del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, en la misma línea que lo hacen todos los países civilizados de nuestro entorno, como Alemania, Francia o Italia. Somos el único Estado europeo que no osa investigar sus crímenes de guerra, lamenta.
TOMA DE DECLARACIÓN DE MAGISTRADOS INTERNACIONALES
Entre los aspectos que solicita Garzón está la práctica de nuevas diligencias de prueba en su defensa, como la toma de declaración de destacados magistrados y juristas internacionales.
Su abogado alega que le objetivo es demostrar la existencia de un debate acerca de la perseguibilidad de los crímenes contra la Humanidad, la vigencia de las leyes de amnistía y el alcance de la prescripción en los casos de desaparición de personas.
En concreto, pide que sea llamada a declarar como testigo la actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU y fiscal del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia.
También se solicita que declare el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país sudamericano, así como el que fuera juez de Instrucción en Santiago de Chile cuando se abrieron varias causas contra la dictadura de Augusto Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres, Juan Guzmán Tapia. La lista prosigue con más nombres.
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