Igualdad propone que a los 16 años se pueda abortar sin permiso paterno
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, presenta hoy en Consejo de Ministros el informe que ha eleborado el llamado Comité de Expertos --un equipo de juristas y médicos encargados de redactar las recomendaciones al Gobierno sobre la nueva Ley del aborto--, que propone que las interrupciones puedan ejercerse libremente en las primeras 14 semanas del embarazo y que se reconozca a las jóvenes mayores de 16 años la posibilidad de decidir al respecto sin necesidad de autorización de los padres o tutores.
Este último aspecto fue precisamente el más criticado hoy por asociaciones provida y de familia, que consideraron que el trabajo de los amigos de la ministra merece campañas de sensibilización en primavera. Además, no descartaron una gran manifestación en otoño en Madrid.
Aído, presentó ayer en rueda de prensa las propuestas definitivas del Comité de Expertos para la elaboración de una nueva ley del aborto, cuyo anteproyecto está previsto que se conozca antes del verano. El texto defiende un aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo. En este sentido, habrá que informar a la mujer sobre las ventajas de continuar con el embarazo por escrito y con tiempo para que decida, indicó durante el acto el doctor Javier Martínez Salmeán, quien detalló que el periodo antes de la interrupción podría ampliarse hasta las 22 semanas, siempre y cuando exista un grave peligro para la vida o salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos, señaló, debe constar un dictamen médico con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la operación. Y es que, por encima de las 22 semanas, ya no se estaría, según recoge el informe, hablando de aborto, sino de un parto inducido en el entorno de la medicina perinatal. Del mismo modo, el comité considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, en ningún caso las mujeres que decidan interrumpir el embarazo podrán ser castigadas con penas de prisión. Según la jurista María Durán, la propuesta pasa por la despenalización del aborto para la mujer, por atenuar penas a terceros y que en ningún caso se establezca prisión.
En el texto presentado por la titular de Igualdad también se habla de la posibilidad de que las jóvenes a partir de 16 años puedan interrumpir sus embarazos sin la autorización de sus padres o tutores. Aído justificó esta postura diciendo que una joven a esa edad puede casarse, mantener relaciones sexuales, tener hijos y responsabilidad penal. En todo caso, matizó que se trata de una propuesta a tener en cuenta por el Gobierno.
Por otra parte, los expertos plantean que la objeción de conciencia no sea un obstáculo en el acceso de las mujeres a la prestación sanitaria en el sistema público de salud, que la nueva regulación vaya acompañada de una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, que incluya el derecho a la educación sexual, el derecho a la reproducción y el acceso en condiciones de equidad a los métodos de control de la natalidad.
Según la titular de Igualdad, con la reforma no se pretende hacer una ley más permisiva, sino una ley más segura. Se trata de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos, añadió. También afirmó que la ley pretende proteger la vida del no nacido, cuando ya puede, según criterio científico, vivir con independencia de su madre, y de garantizar que los médicos y el personal sanitario puedan hacer su trabajo con seguridad. Con todo calificó la futura legislación en materia de aborto como moderna, equilibrada y necesaria al tiempo que añadió que con ella no perderá nadie y ganarán todos.
Ante las voces críticas, Aído afirmó que el Ejecutivo no puede seguir en ningún caso criterios fundamentalistas de ninguno de los extremos. Un gobierno responsable tiene la obligación de proponer normas para toda la ciudadanía, de encontrar equilibrios, aseveró, y agregó que nadie quiere que la tendencia de embarazos no deseados se consolide, al tiempo que aclaró que la solución no es la IVE. Queremos menos intervenciones y más garantías, no más intervenciones y menos garantías como sucede hoy, añadió.
Mientras la ministra presentaba el trabajo de los expertos, una treintena de personas provida se concentró a las puertas de la sede madrileña del Ministerio de Igualdad. Zona libre de pena de muerte y No existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir fueron los lemas que podían leerse en las lonas y pancartas que portaban los antiabortistas, quienes vestían camisetas de la asociación organizadora del encuentro: Derecho a Vivir (DAV).
Aído, presentó ayer en rueda de prensa las propuestas definitivas del Comité de Expertos para la elaboración de una nueva ley del aborto, cuyo anteproyecto está previsto que se conozca antes del verano. El texto defiende un aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo. En este sentido, habrá que informar a la mujer sobre las ventajas de continuar con el embarazo por escrito y con tiempo para que decida, indicó durante el acto el doctor Javier Martínez Salmeán, quien detalló que el periodo antes de la interrupción podría ampliarse hasta las 22 semanas, siempre y cuando exista un grave peligro para la vida o salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos, señaló, debe constar un dictamen médico con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la operación. Y es que, por encima de las 22 semanas, ya no se estaría, según recoge el informe, hablando de aborto, sino de un parto inducido en el entorno de la medicina perinatal. Del mismo modo, el comité considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, en ningún caso las mujeres que decidan interrumpir el embarazo podrán ser castigadas con penas de prisión. Según la jurista María Durán, la propuesta pasa por la despenalización del aborto para la mujer, por atenuar penas a terceros y que en ningún caso se establezca prisión.
En el texto presentado por la titular de Igualdad también se habla de la posibilidad de que las jóvenes a partir de 16 años puedan interrumpir sus embarazos sin la autorización de sus padres o tutores. Aído justificó esta postura diciendo que una joven a esa edad puede casarse, mantener relaciones sexuales, tener hijos y responsabilidad penal. En todo caso, matizó que se trata de una propuesta a tener en cuenta por el Gobierno.
Por otra parte, los expertos plantean que la objeción de conciencia no sea un obstáculo en el acceso de las mujeres a la prestación sanitaria en el sistema público de salud, que la nueva regulación vaya acompañada de una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, que incluya el derecho a la educación sexual, el derecho a la reproducción y el acceso en condiciones de equidad a los métodos de control de la natalidad.
Según la titular de Igualdad, con la reforma no se pretende hacer una ley más permisiva, sino una ley más segura. Se trata de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos, añadió. También afirmó que la ley pretende proteger la vida del no nacido, cuando ya puede, según criterio científico, vivir con independencia de su madre, y de garantizar que los médicos y el personal sanitario puedan hacer su trabajo con seguridad. Con todo calificó la futura legislación en materia de aborto como moderna, equilibrada y necesaria al tiempo que añadió que con ella no perderá nadie y ganarán todos.
Ante las voces críticas, Aído afirmó que el Ejecutivo no puede seguir en ningún caso criterios fundamentalistas de ninguno de los extremos. Un gobierno responsable tiene la obligación de proponer normas para toda la ciudadanía, de encontrar equilibrios, aseveró, y agregó que nadie quiere que la tendencia de embarazos no deseados se consolide, al tiempo que aclaró que la solución no es la IVE. Queremos menos intervenciones y más garantías, no más intervenciones y menos garantías como sucede hoy, añadió.
Mientras la ministra presentaba el trabajo de los expertos, una treintena de personas provida se concentró a las puertas de la sede madrileña del Ministerio de Igualdad. Zona libre de pena de muerte y No existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir fueron los lemas que podían leerse en las lonas y pancartas que portaban los antiabortistas, quienes vestían camisetas de la asociación organizadora del encuentro: Derecho a Vivir (DAV).