Industria certifica la seguridad del ATC sobre un informe francés confidencial

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha asegurado que la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado es "totalmente segura" y que cuenta con un informe de seguridad realizado por una empresa de ingeniería francesa que ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional, aunque éste está sujeto a "cláusulas de confidencialidad, que impide que se de a conocer a terceros". Así, fuentes de este departamento se han referido a la Providencia de la Audiencia Nacional que dice que "no ha lugar a lo solicitado" por la organización ecologista Greenpeace, "toda vez que como se indica en el oficio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha de 27 de julio de 2010 no existen dichos documentos". En este sentido, comentan que "difícilmente pueden existir en esta fase del procedimiento", ya que los informes sobre un proyecto concreto no se elaborarán hasta que se conozca el emplazamiento definitivo.

El departamento que dirige Miguel Sebastián reitera que tiene un informe de seguridad sobre el ATC que garantiza que el proyecto del mismo es "totalmente segura" y explica que este documento "está en poder" de la Audiencia Nacional, "entidad que lo conoce y que ha avalado el criterio" del Ministerio de que "está sujeto a cláusulas de confidencialidad, que impiden que se de a conocer a terceros". Además, añade que ese informe forma parte de la documentación presentada por ENRESA ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como parte del proyecto de diseño genérico del ATC. A este respecto, ha apostillado que se trata de un procedimiento potestativo que se ha adoptado para reforzar la "transparencia y seguridad en el proceso".

Por este motivo, insiste en que una vez que se seleccione el emplazamiento del ATC el proyecto será sometido al proceso de licenciamiento previsto en la normativa por lo que considera que los documentos que reclama Greenpeace "no pueden elaborarse hasta la designación del lugar concreto en el que se ubicará el ATC. "Difícilmente pueden existir en esta fase del procedimiento", agrega el departamento. En definitiva, manifiestan que la Providencia de la Audiencia Nacional "da la razón" al Ministerio de Industria al rechazar la petición de Greenpeace de "acceder a esa documentación" y emplaza a la ONG ecologista a formalizar una demanda si lo considera adecuado.

Por su parte, el responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, anuncia que la organización seguirá con la demanda por la vía contencioso-administrativa y que no va a interponer recurso de súplica" algo que "puede hacer" según la Providencia de la Audiencia Nacional, porque la demanda ya se había iniciado y se suspendió hasta ver si el Ministerio entregaba los documentos solicitados. La organización ecologista considera que la inexistencia de los documentos solicitados confirma "la vulneración" del Convenio Aarhus y "demuestra la nulidad de pleno derecho de todo el proceso".

"La Audiencia dijo que sí podíamos tenerlos (los informes). El escándalo es que los documentos no existen, así que vamos a formalizar la demanda en el plazo de 18 días", ha asegurado a Europa Press. Asimismo, ha advertido de que Greenpeace seguirá adelante para "demostrar que la resolución que impugnada no cumple el proceso normal" y que el proceso sobre el ATC es "fraudulento".

"Seguiremos a no ser que el Gobierno reconozca que hay defectos formales y anule el proceso. Si es así, lo retiramos. Hasta el momento el proceso no tiene ni pies ni cabeza. Se ha querido poner aquí un ATC comprando a los alcaldes y esto no es una 'república bananera'", ha sentenciado, Bravo. Finalmente, ha insistido en que la organización reclama un proceso que "respete" el Convenio Aarhus que, en su opinión, no cumple, y que se abra un nuevo proceso "transparente y que incluya el consenso social".