Jueces y fiscales explican al PP que las escuchas requieren autorización judicial

No obstante, ha precisado que no conoce la utilización exacta del actual sistema de grabación de comunicaciones SITEL, sí explicó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo establece una serie de salvedades como en casos de terrorismo. “Todo lo que no sea eso es moverse extrarradio de las reglas de un Estado de Derecho y contravenir gravísimamente las garantías constitucionales, lo que puede suponer en último término la comisión de un delito”, ha añadido.
Respecto a esto, ha defendido que los jueces “no manosean” derechos fundamentales sino que los limitan aplicando siempre “un grandioso sentido de la proporción y la mesura”. “No se restringen por cualquiera ni de cualquier manera sino con causa plenamente justificadas y con una delicadeza y sentido de la proporción verdaderamente extraordinario”, ha destacado.
Por su parte, Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, también ha explicado que en algunas situaciones de urgencia como las desprendidas en una investigación sobre presunto terrorismo la Policía puede intervenir una comunicación y “en “24 horas” dar aviso a la Audiencia Nacional para que “lo revoque o ratifique la autorización”. De todos modos, ha retado a quien “tenga pruebas de que el Gobierno está realizando escuchas ilegales, las muestre”.
Desde el Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, ha suscrito que en el marco constitucional no cabe por norma general “ningún tipo de intervención en las comunicaciones sin autorización judicial” y añadió que si se comete algún abuso en este sentido es preceptivo de un delito.
Por último, el presidente de Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled, ha criticado que las acusaciones del PP al considerarlas de “una frivolidad que ya parece malsana”. “Si un partido sospecha que se están produciendo interceptaciones de comunicaciones ilegales y sin autorización judicial, eso es un delito y lo que tiene que hacer es denunciarlo para que sea debidamente investigado”.
Finalmente, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Pilar Jiménez, ha defendido “totalmente” la utilización de SITEL para “investigar y prevenir la delincuencia”. Considera que es un sistema “muy útil” siempre y cuando se utilice “conforme a la legalidad”, agregando que “de lo contrario”, sería obligatorio denunciarlo, pero no puede “presumirse” que se haga sin autorización judicial.

Inquietud popular
El Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL) utilizado por el Ministerio del Interior ha levantado la inquietud de varios partidos políticos después de que el PP acusara al Ejecutivo de estar llevando a cabo escuchas ilegales. El PP dice en un argumentario que Rubalcaba “obliga a la Policía a hacer acciones ilegales” con este sistema “espía”. PNV y UPyD reclaman al Gobierno una explicación sobre este asunto.
El principal partido de la oposición acusa a Rubalcaba de “mentir” porque el Gobierno de José María Aznar “nunca lo puso en marcha” y sólo lo encargó para la lucha contra el terrorismo, “no para vigilar a los ciudadanos”.
Así lo aseguraba el PP en un argumentario, un día después de que el responsable de Comunicación del Partido, Esteban González Pons, calificara de “ilegal e inconstitucional” este sistema por considerar que debe estar administrado por la autoridad judicial, no por Interior.
Según el PP, SITEL “permite escuchar las conversaciones de los ciudadanos sin un control judicial garantizado; permite que los jueces reciban grabaciones manipuladas de las conversaciones telefónicas grabadas porque los discos carecen de una firma electrónica y legal; y controla también los correos electrónicos; localiza a terceras personas que no están involucradas con la escucha”.
Asimismo, continúa el argumentario, “nadie sabe qué información se archiva, con qué criterio se selecciona, quién decide lo que se le entrega al juez y quién custodia los registros” y “los archivos que almacena SITEL no se destruyen”.