Julián Muñoz y Juan Antonio Roca aceptan sus penas en el caso Belmonsa
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Parece que cansados ya de tanto juicio, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor urbanístico y presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y seis ex ediles del consistorio alcanzaron ayer un acuerdo con la Fiscalía en la causa abierta por la operación urbanística entre el Ayuntamiento de dicha localidad malagueña y la empresa Belmonsa desarrollada en 1997.
Las condenas que aceptaron son de un año de prisión y 10 de inhabilitación para Muñoz y nueve meses de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 2,4 millones de euros para Roca.
El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, dijo que están satisfechos por el resultado del juicio, pero algo cansados, puesto que han estado en otro durante tres días en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que Roca reconoció el delito de cohecho que se le imputaba, al decir que había entregado dinero al juez Francisco Javier de Urquía, también acusado en esa causa.
Esta causa se abrió tras la operación urbanística desarrollada entre el Consistorio marbellí y la empresa Belmonsa sobre unos terrenos municipales y respecto a las licencias otorgadas por la comisión de gobierno en 1997 a esa sociedad para construir un edificio de 12 plantas con 112 viviendas en los Llanos de San Ramón.
Según el fiscal con el otorgamiento de estas licencias se culmina todo un proceso tendente a favorecer económicamente a la entidad promotora Belmonsa iniciado meses atrás, incluso antes de que se constituyese como persona jurídica tal entidad, en lo que tuvo una intervención decidida Roca, gerente de Planeamientos 2000 desde la que se diseñó toda la operación de favorecimiento.
En este sentido, la acusación pública precisaba que éste se prevalió de las relaciones personales con el entonces alcalde, Jesús Gil, que también fue acusado en su momento, y con el fin de favorecer económicamente a los promotores que luego crearon Belmonsa, consiguió que le diese el visto bueno a la operación urbanística. Por tanto, se firmó un convenio en 1997, que fue aprobado también por comisión de gobierno.
Las penas
El acuerdo de conformidad al que llegaron ayer defensas y fiscal en este caso, que se iba a juzgar en el Juzgado de lo Penal número 7, contempla la pena de un año de prisión y 10 de inhabilitación por dos delitos contra la ordenación del territorio para Muñoz y los ex concejales Mario Jiménez Notario, Manuel Calle y Rafael González, para los que el fiscal pedía inicialmente dos años de cárcel.
El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, dijo que están satisfechos por el resultado del juicio, pero algo cansados, puesto que han estado en otro durante tres días en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que Roca reconoció el delito de cohecho que se le imputaba, al decir que había entregado dinero al juez Francisco Javier de Urquía, también acusado en esa causa.
Esta causa se abrió tras la operación urbanística desarrollada entre el Consistorio marbellí y la empresa Belmonsa sobre unos terrenos municipales y respecto a las licencias otorgadas por la comisión de gobierno en 1997 a esa sociedad para construir un edificio de 12 plantas con 112 viviendas en los Llanos de San Ramón.
Según el fiscal con el otorgamiento de estas licencias se culmina todo un proceso tendente a favorecer económicamente a la entidad promotora Belmonsa iniciado meses atrás, incluso antes de que se constituyese como persona jurídica tal entidad, en lo que tuvo una intervención decidida Roca, gerente de Planeamientos 2000 desde la que se diseñó toda la operación de favorecimiento.
En este sentido, la acusación pública precisaba que éste se prevalió de las relaciones personales con el entonces alcalde, Jesús Gil, que también fue acusado en su momento, y con el fin de favorecer económicamente a los promotores que luego crearon Belmonsa, consiguió que le diese el visto bueno a la operación urbanística. Por tanto, se firmó un convenio en 1997, que fue aprobado también por comisión de gobierno.
Las penas
El acuerdo de conformidad al que llegaron ayer defensas y fiscal en este caso, que se iba a juzgar en el Juzgado de lo Penal número 7, contempla la pena de un año de prisión y 10 de inhabilitación por dos delitos contra la ordenación del territorio para Muñoz y los ex concejales Mario Jiménez Notario, Manuel Calle y Rafael González, para los que el fiscal pedía inicialmente dos años de cárcel.