Justicia extenderá los juzgados especiales de violencia de género
01/10/2010 - 09:45
Por: COLPISA
Aún desbordados de trabajo y colapsados en algunos casos, los juzgados especializados en violencia de género han demostrado ser un arma eficaz contra el maltrato machista.
En los tres años de funcionamiento de los primeros nacidos al calor de la ley de Violencia de Género, el número de los juzgados exclusivos ha crecido hasta los 83, que serán 92 antes de que termine 2008. Aun así, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo admite que no hay juzgados especializados en número suficiente para atender las necesidades de todos los municipios del país, algunos de los cuales son demasiado pequeños o sin carga de trabajo que justifique la creación un órgano judicial ad hoc. Para cubrir esta carencia, su departamento prepara cambios legislativos que permitan extender la jurisdicción de estos juzgados exclusivos a localidades que no cuentan con uno propio.
Se trataría de comarcalizar su actuación, previo estudio de las necesidades y de la cantidad de casos de violencia de género que se registren en cada zona. Crear juzgados de violencia en capitales pequeñas o en ciudades grandes, con competencia en la estructura judicial de la provincia, señala Fernández Bermejo.
Es decir, ampliar el territorio en el que son competentes a partidos judiciales próximos en los que hay juzgados ordinarios, pero ninguno especializado en la persecución de la violencia contra la mujer. En unos casos será con competencia total en la provincia, y en otros será con competencia en la comarca; en definitiva, agrupar, añade el ministro.
La iniciativa de Justicia requiere de una leve reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La modificación deberá tramitarse en el Parlamento con el proceso previsto para las reformas de leyes que desarrollan principios constitucionales, en este caso el del derecho al juez predeterminado por la ley, y los cambios se trasladarán después a la Ley Orgánica de Planta y Demarcación Judicial.
Municipales
No es el primer intento del Gobierno de ampliar por esta vía la cobertura territorial de los juzgados especializados en violencia de género. El anterior se frenó en vísperas de las elecciones municipales. Fue una de las grandes frustraciones que me llevé aquí en la pasada legislatura, admite Fernández Bermejo: Llegaron las municipales y todo el mundo dijo, no, no, que es un tema muy delicado, a ver cómo un alcalde explica que no hay juzgado de violencia doméstica en su pueblo y que hay desplazarse a la capital o a una cabeza de comarca.
El ministro de Justicia se muestra dispuesto a dar de nuevo la batalla por una medida que, insiste, permite que haya juzgados de violencia machista especializados, con gente con preparación y sensibilidad, equipos multidisciplinares, en toda España, que cubran al cien por cien de la población, rural o urbana. Junto a los 83 juzgados con competencia exclusiva en violencia de género, operan en la actualidad otros 366 con competencias compartidas.
El titular de Justicia cree también prioritario completar los mecanismos sociales y asistenciales de respuesta a las mujeres maltratadas y en situación de riesgo. Y el Gobierno realizará además un análisis pormenorizado de la aplicación de la Ley de Violencia de Género y de las reformas previstas en otras normas, por si es preciso introducir otros cambios o matices, subraya.
Una lacra social con difícil solución
La ley integral no ha conseguido frenar la sangría de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas, más de 70 al año, pero su aplicación ha activado una reacción social e institucional impensable hace unos años. Se ha conseguido sensibilizar al Estado y a la sociedad de que la violencia machista es un problema muy serio, apostilló el titular de Justicia.
Y es que todas las semanas tenemos que ver como el número de víctimas como consecuencia de la violencia de género aumenta sin que las autoridades puedan hacer más de lo que hacen. Los problemas conyugales, dificultades económicas y la falta de educación suelen acompañar a esta clase de sucesos.
Se trataría de comarcalizar su actuación, previo estudio de las necesidades y de la cantidad de casos de violencia de género que se registren en cada zona. Crear juzgados de violencia en capitales pequeñas o en ciudades grandes, con competencia en la estructura judicial de la provincia, señala Fernández Bermejo.
Es decir, ampliar el territorio en el que son competentes a partidos judiciales próximos en los que hay juzgados ordinarios, pero ninguno especializado en la persecución de la violencia contra la mujer. En unos casos será con competencia total en la provincia, y en otros será con competencia en la comarca; en definitiva, agrupar, añade el ministro.
La iniciativa de Justicia requiere de una leve reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La modificación deberá tramitarse en el Parlamento con el proceso previsto para las reformas de leyes que desarrollan principios constitucionales, en este caso el del derecho al juez predeterminado por la ley, y los cambios se trasladarán después a la Ley Orgánica de Planta y Demarcación Judicial.
Municipales
No es el primer intento del Gobierno de ampliar por esta vía la cobertura territorial de los juzgados especializados en violencia de género. El anterior se frenó en vísperas de las elecciones municipales. Fue una de las grandes frustraciones que me llevé aquí en la pasada legislatura, admite Fernández Bermejo: Llegaron las municipales y todo el mundo dijo, no, no, que es un tema muy delicado, a ver cómo un alcalde explica que no hay juzgado de violencia doméstica en su pueblo y que hay desplazarse a la capital o a una cabeza de comarca.
El ministro de Justicia se muestra dispuesto a dar de nuevo la batalla por una medida que, insiste, permite que haya juzgados de violencia machista especializados, con gente con preparación y sensibilidad, equipos multidisciplinares, en toda España, que cubran al cien por cien de la población, rural o urbana. Junto a los 83 juzgados con competencia exclusiva en violencia de género, operan en la actualidad otros 366 con competencias compartidas.
El titular de Justicia cree también prioritario completar los mecanismos sociales y asistenciales de respuesta a las mujeres maltratadas y en situación de riesgo. Y el Gobierno realizará además un análisis pormenorizado de la aplicación de la Ley de Violencia de Género y de las reformas previstas en otras normas, por si es preciso introducir otros cambios o matices, subraya.
Una lacra social con difícil solución
La ley integral no ha conseguido frenar la sangría de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas, más de 70 al año, pero su aplicación ha activado una reacción social e institucional impensable hace unos años. Se ha conseguido sensibilizar al Estado y a la sociedad de que la violencia machista es un problema muy serio, apostilló el titular de Justicia.
Y es que todas las semanas tenemos que ver como el número de víctimas como consecuencia de la violencia de género aumenta sin que las autoridades puedan hacer más de lo que hacen. Los problemas conyugales, dificultades económicas y la falta de educación suelen acompañar a esta clase de sucesos.