La Audiencia Nacional aplaza el juicio a Txapote por el asesinato de un concejal
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
TERRORISMO
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado el juicio a Txapote y Gallastegui por el asesinato del concejal del Partido Popular José Ignacio Iruretagoyena en la localidad guipuzcoana el 9 de enero de 1998, al que mataron con la explosión de un artefacto explosivo que colocaron en su coche. La fiscal ha pedido para cada uno una pena de 51 años de cárcel al considerarles autores de un delito de estragos terroristas (18 años), otro delito de asesinato terrorista (30 años) y otro de lesiones terroristas (13 años).
El Ministerio Público ha pedido además que se les imponga la prohibición de acercarse a menos de medio kilómetro de Zarautz por los daños ocasiones en el inmueble, y solicita que ambos indemnicen con 300.000 euros a los herederos de la víctima por su muerte y con 1.652,78 euros por los daños ocasionados en el vehículo. Pide además una indemnización de 985,44 euros para el Ayuntamiento de Zarautz por los daños ocasionados en el inmueble.
El 8 de enero 1998 Irantzu Gallastegui colocó un artefacto explosivo en el interior del turismo que se encontraba en el garaje del domicilio de Iruretagoyena, en concreto bajo el asiento del conductor. La labor de Txapote fue efectuar labores de vigilancia, según las acusaciones de la Fiscalía. A la mañana siguiente, el concejal apenas avanzó unos metros antes de que el artefacto hiciera explosión. El concejal del PP falleció mientras que su mujer sufrió heridas. La esposa del concejal declarará en el juicio como testigo protegido.
Según el Ministerio Público, los dos acusados contaron con la ayuda de Gregorio Escudero Balerdi, ya condenado por estos hechos, quien vigiló durante varios días la actividad diaria de la víctima. Esa información permitió a Txapote y a Gallastegui Sodupe localizar el vehículo del concejal.
Rebaja de penas
Por otro lado, el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo rebajó ayer de seis a dos años su petición de cárcel para 11 procesados por formar un comando de información de ETA que habría facilitado a la banda datos sobre militares, policías nacionales y concejales del PSOE, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con las defensas de los acusados. De este modo, la mayoría de los acusados evitarán su ingreso en prisión al no contar con antecendentes penales.
Según informaron fuentes del Ministerio Público, la rebaja general de penas se debió a que han pasado muchos años desde que se produjeron los hechos y admitieron dificultades de prueba para lograr la condena de los acusados.
El Ministerio Público avanzó ayer que no recurrirá la sentencia derivada de esta conformidad ante el Tribunal Supremo y que la condena de estos procesados queda en suspenso hasta dentro de cinco años, es decir, que si dentro de ese plazo de tiempo alguno de ellos fuese condenado por otra cuestión relativa al terrorismo, cumpliría ambas penas.
En la vista, celebrada en la Sección Primera de la Sala de lo Penal, acudieron 11 de los 14 procesados: José Ramón Acedo Espina, Zigor Bravo Sáez de Urabain, Susana Achaerandio Alesanco, Joseba Gorosarri Ramos, Enrique Celestino Uriarte Alonso, Daniel Gutiérrez Pérez, Aitor Durán Ruiz de Eguino, Sendoa Domínguez Moreno y Jokin Cerain Alvarado, Juan Antonio Cortés de Luis --ex miembro del comando Basurde-- y Unai Romano, que presentó una denuncia por torturas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras ser detenido en septiembre de 2001.
Camisetas con mensaje
Precisamente, los procesados lucieron ayer en la vista camisetas con la leyenda Stop Tortura y fotos de Romano con el rostro supuestamente magullado. No obstante, fuentes fiscales aseguraron haber pactado durante la negociación de conformidad que los acusados realizasen ningún tipo de protesta o profiriesen consignas ante el tribunal, los medios de comunicación o el nutrido público de familiares presente en la sala de vistas.
Todos ellos se limitarion a manifestar ante el tribunal, presidido por la magistrada Manuela Fernández de Prado, su conformidad con la reducción del fiscal a cambio de admitir los hechos que se les imputan.
En concreto, lo que admitieron ayer estos procesados son las acusaciones del fiscal, quien sostiene que este comando fue formado por Subijana Izquierdo, alias Txampi y Kepa, siguiendo las órdenes de ETA. Por ello, Gordillo les imputa un delito de integración en organización terrorista aplicando diversas atenuantes, entre ellas la de confesión y la de dilación indebida.
Además de los citados objetivos, los acusados disponían --según la versión del fiscal admitida por los procesados-- de informaciones manuscritas sobre vehículos y políticos del País Vasco. Cerain Alvarado, por ejemplo, informó a Vallinas Aduna sobre un despacho de abogados cuyo titular era militante del Partido Popular (PP) con el fin de que la banda terrorista atentase contra él.
Del acuerdo de conformidad alcanzado ayer, quedaron excluidos otros miembros del comando como Juan Carlos Subijana Izquierdo, quien ya fue juzgado en Francia por estos hechos, Raúl Vallinas Aduna e Iván Sáez de Jáuregui Ortigosa, declarados en rebeledía desde el inicio de la instrucción y Jon Echeverría Oyarbide, quien ayer no se presentó a la vista. Para este último el fiscal solicitó la medida de prisión, aunque matizó que también se le aplicará la conformidad.
De este modo, el único de los 14 procesados que cumplirá la pena de dos años en prisión es Zigor Bravo --quien ayer compareció esposado-- al contar con antencedentes penales derivados de una condena por kale borroka que cumple en la actualidad.
El 8 de enero 1998 Irantzu Gallastegui colocó un artefacto explosivo en el interior del turismo que se encontraba en el garaje del domicilio de Iruretagoyena, en concreto bajo el asiento del conductor. La labor de Txapote fue efectuar labores de vigilancia, según las acusaciones de la Fiscalía. A la mañana siguiente, el concejal apenas avanzó unos metros antes de que el artefacto hiciera explosión. El concejal del PP falleció mientras que su mujer sufrió heridas. La esposa del concejal declarará en el juicio como testigo protegido.
Según el Ministerio Público, los dos acusados contaron con la ayuda de Gregorio Escudero Balerdi, ya condenado por estos hechos, quien vigiló durante varios días la actividad diaria de la víctima. Esa información permitió a Txapote y a Gallastegui Sodupe localizar el vehículo del concejal.
Rebaja de penas
Por otro lado, el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo rebajó ayer de seis a dos años su petición de cárcel para 11 procesados por formar un comando de información de ETA que habría facilitado a la banda datos sobre militares, policías nacionales y concejales del PSOE, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con las defensas de los acusados. De este modo, la mayoría de los acusados evitarán su ingreso en prisión al no contar con antecendentes penales.
Según informaron fuentes del Ministerio Público, la rebaja general de penas se debió a que han pasado muchos años desde que se produjeron los hechos y admitieron dificultades de prueba para lograr la condena de los acusados.
El Ministerio Público avanzó ayer que no recurrirá la sentencia derivada de esta conformidad ante el Tribunal Supremo y que la condena de estos procesados queda en suspenso hasta dentro de cinco años, es decir, que si dentro de ese plazo de tiempo alguno de ellos fuese condenado por otra cuestión relativa al terrorismo, cumpliría ambas penas.
En la vista, celebrada en la Sección Primera de la Sala de lo Penal, acudieron 11 de los 14 procesados: José Ramón Acedo Espina, Zigor Bravo Sáez de Urabain, Susana Achaerandio Alesanco, Joseba Gorosarri Ramos, Enrique Celestino Uriarte Alonso, Daniel Gutiérrez Pérez, Aitor Durán Ruiz de Eguino, Sendoa Domínguez Moreno y Jokin Cerain Alvarado, Juan Antonio Cortés de Luis --ex miembro del comando Basurde-- y Unai Romano, que presentó una denuncia por torturas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras ser detenido en septiembre de 2001.
Camisetas con mensaje
Precisamente, los procesados lucieron ayer en la vista camisetas con la leyenda Stop Tortura y fotos de Romano con el rostro supuestamente magullado. No obstante, fuentes fiscales aseguraron haber pactado durante la negociación de conformidad que los acusados realizasen ningún tipo de protesta o profiriesen consignas ante el tribunal, los medios de comunicación o el nutrido público de familiares presente en la sala de vistas.
Todos ellos se limitarion a manifestar ante el tribunal, presidido por la magistrada Manuela Fernández de Prado, su conformidad con la reducción del fiscal a cambio de admitir los hechos que se les imputan.
En concreto, lo que admitieron ayer estos procesados son las acusaciones del fiscal, quien sostiene que este comando fue formado por Subijana Izquierdo, alias Txampi y Kepa, siguiendo las órdenes de ETA. Por ello, Gordillo les imputa un delito de integración en organización terrorista aplicando diversas atenuantes, entre ellas la de confesión y la de dilación indebida.
Además de los citados objetivos, los acusados disponían --según la versión del fiscal admitida por los procesados-- de informaciones manuscritas sobre vehículos y políticos del País Vasco. Cerain Alvarado, por ejemplo, informó a Vallinas Aduna sobre un despacho de abogados cuyo titular era militante del Partido Popular (PP) con el fin de que la banda terrorista atentase contra él.
Del acuerdo de conformidad alcanzado ayer, quedaron excluidos otros miembros del comando como Juan Carlos Subijana Izquierdo, quien ya fue juzgado en Francia por estos hechos, Raúl Vallinas Aduna e Iván Sáez de Jáuregui Ortigosa, declarados en rebeledía desde el inicio de la instrucción y Jon Echeverría Oyarbide, quien ayer no se presentó a la vista. Para este último el fiscal solicitó la medida de prisión, aunque matizó que también se le aplicará la conformidad.
De este modo, el único de los 14 procesados que cumplirá la pena de dos años en prisión es Zigor Bravo --quien ayer compareció esposado-- al contar con antencedentes penales derivados de una condena por kale borroka que cumple en la actualidad.