La Audiencia Nacional disuelve Gestoras y condena a 21 de sus dirigentes
01/10/2010 - 09:45
La Audiencia Nacional ordenó ayer la disolución de Gestoras Pro-amnistía, la organización de apoyo a los presos de ETA, y condenó a 21 de sus principales dirigentes a penas de entre ocho a diez años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista. Los magistrados absolvieron a seis de los procesados, a tres porque el fiscal retiró la acusación contra ellos por falta de pruebas cpncluyentes y a los otros tres porque la sala no encontró elementos para imputarles pertenencia a lo organización Gestoras.
La Sección Cuarta de lo Penal, tras tres meses de deliberaciones, declaró asociaciones ilícitas tanto a Gestoras como a su sustituta desde 2001, Askatasuna, por considerar que son organizaciones terroristas que actúan bajo la dependencia y las órdenes de ETA y que contribuyen de forma coordinada al fin último de la banda criminal, que es subvertir el orden constitucional y derrocar a España en el territorio del País Vasco.
Gestoras es la cuarta organización satélite de la banda descabezada e ilegalizada por la Audiencia Nacional, después de que hayan sido disueltas Jarrai la dirección juvenil de la kale borroka-, KAS/EKIN el frente político y social de ETA- y Xaki su aparato internacional-, cuyos principales responsables están ya encarcelados. Las siguientes organizaciones en el punto de mira del tribunal antiterrorista son Udalbiltza-Kursaal, la asamblea de responsables municipales de la izquierda abertzale, y los presuntos integrantes del frente institucional de la banda: Batasuna, ANV y PCTV.
La sentencia señala que Gestoras y Askatasuna tenían como principales encargos de la banda controlar y garantizar la obediencia a ETA de todos los presos y huidos de la organización y crear en el País Vasco el clima social necesario para mantener el apoyo a la organización terrorista, justificar la persistencia de sus atentados y asesinatos y facilitar la regeneración de los comandos con nuevos adeptos con la conversión de los terroristas detenidos o muertos en héroes.
Señalar enemigos
Dentro de esta estrategia terrorista, Gestoras era desde 2005 la punta de la lanza de la campaña Alde Hemendik (Fuera de aquí), destinada a lograr el acoso y el aislamiento social de las fuerzas de Seguridad del Estado y de los militares, y la organizadora de las ruedas de prensa, comunicaciones internacionales, manifestaciones o jornadas de lucha que denunciaban la tortura a los etarras detenidos, las supuestas vejaciones en las cárceles, y la presunta persecución sistemática y el establecimiento de un estado de excepción por parte del Gobierno en el País Vasco.
El tribunal considera que a las organizaciones disueltas también les correspondía señalar públicamente a toda persona, grupo, organización y partido político que se opusiese a los objetivos de ETA; policías, políticos, jueces, funcionarios de prisiones, y periodistas, en su mayoría. Los magistrados creen que, sin embargo, no marcaba los objetivos, que es una tarea específica de ETA, pero que, de esta forma, sí facilitaban la justificación social ante un eventual atentado.
Pese a todas las funciones que los magistrados consideran que la banda ha delegado en Gestoras, entienden que no hay pruebas de que la organización coordinara las actuaciones de la kale borroka ni que contribuye de manera directa a la captación de nuevos miembros de ETA, como sí que afirmaban la Fiscalía y las acusaciones particulares.
Tres referentes
La sentencia reserva las tres mayores condenas, diez años de cárcel, para los dos principales portavoces de Gestoras, Juan María Olano y Julen Zelarain, y para el miembro de su dirección nacional Aitor Ángel Jugo. El tribunal no les impone penas de 13 años de cárcel, como pidieron todas las acusaciones, porque cree que no son dirigentes de ETA y que sólo se limitaban, como los demás, a ejecutar órdenes de la banda.
El tribunal cree que no estaban en un plano diferente y superior que el resto de los condenados, pero eran los que marcaban las pautas, los que tenían mayor predicamento, los referentes. Por ese motivo, les diferencian del resto de los 18 condenados, a los que imponen penas de ocho años de cárcel por el mismo delito.
La Sección Cuarta, a petición de la Fiscalía, ordenó, tras leer la sentencia, el encarcelamiento inmediato de Olano, Zelarain, Jugo y de otros diez condenados para evitar que se fuguen mientras esperan a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que sus abogados presentarán contra la sentencia.
Uno de estos 13 penados, Joseba Iñaki Reta, está en busca y captura porque ayer no acudió a la sala de vistas de la madrileña Casa de Campo en la que se leyó la sentencia. El fiscal jefe, Javier Zaragoza, justificó la necesidad de su encarcelamiento por su peligrosidad, su pertenencia al entorno de ETA y porque que una de las directrices de la banda es que traten de huir, como ya hicieron antes los condenados de Jarrai.
Los ocho condenados a los que el tribunal ha decidido dejar en libertad provisional mientras se resuelven los recursos ante el Supremo ya habían cumplido casi cuatro años en prisión preventiva durante la instrucción de la causa. El tribunal no los ha encarcelado por un impedimento legal, ya que mientras la condena no sea firme no pueden estar en la cárcel más de la mitad del tiempo de la pena impuesta, que en su caso es de ocho años.
No obstante, la sala, también a petición del fiscal Zaragoza, les obligó a comparecer desde hoy en la comisaría más próxima todos los lunes y viernes, les retiró el pasaporte, y les prohibió salir de España, como medidas de seguridad.
Gestoras es la cuarta organización satélite de la banda descabezada e ilegalizada por la Audiencia Nacional, después de que hayan sido disueltas Jarrai la dirección juvenil de la kale borroka-, KAS/EKIN el frente político y social de ETA- y Xaki su aparato internacional-, cuyos principales responsables están ya encarcelados. Las siguientes organizaciones en el punto de mira del tribunal antiterrorista son Udalbiltza-Kursaal, la asamblea de responsables municipales de la izquierda abertzale, y los presuntos integrantes del frente institucional de la banda: Batasuna, ANV y PCTV.
La sentencia señala que Gestoras y Askatasuna tenían como principales encargos de la banda controlar y garantizar la obediencia a ETA de todos los presos y huidos de la organización y crear en el País Vasco el clima social necesario para mantener el apoyo a la organización terrorista, justificar la persistencia de sus atentados y asesinatos y facilitar la regeneración de los comandos con nuevos adeptos con la conversión de los terroristas detenidos o muertos en héroes.
Señalar enemigos
Dentro de esta estrategia terrorista, Gestoras era desde 2005 la punta de la lanza de la campaña Alde Hemendik (Fuera de aquí), destinada a lograr el acoso y el aislamiento social de las fuerzas de Seguridad del Estado y de los militares, y la organizadora de las ruedas de prensa, comunicaciones internacionales, manifestaciones o jornadas de lucha que denunciaban la tortura a los etarras detenidos, las supuestas vejaciones en las cárceles, y la presunta persecución sistemática y el establecimiento de un estado de excepción por parte del Gobierno en el País Vasco.
El tribunal considera que a las organizaciones disueltas también les correspondía señalar públicamente a toda persona, grupo, organización y partido político que se opusiese a los objetivos de ETA; policías, políticos, jueces, funcionarios de prisiones, y periodistas, en su mayoría. Los magistrados creen que, sin embargo, no marcaba los objetivos, que es una tarea específica de ETA, pero que, de esta forma, sí facilitaban la justificación social ante un eventual atentado.
Pese a todas las funciones que los magistrados consideran que la banda ha delegado en Gestoras, entienden que no hay pruebas de que la organización coordinara las actuaciones de la kale borroka ni que contribuye de manera directa a la captación de nuevos miembros de ETA, como sí que afirmaban la Fiscalía y las acusaciones particulares.
Tres referentes
La sentencia reserva las tres mayores condenas, diez años de cárcel, para los dos principales portavoces de Gestoras, Juan María Olano y Julen Zelarain, y para el miembro de su dirección nacional Aitor Ángel Jugo. El tribunal no les impone penas de 13 años de cárcel, como pidieron todas las acusaciones, porque cree que no son dirigentes de ETA y que sólo se limitaban, como los demás, a ejecutar órdenes de la banda.
El tribunal cree que no estaban en un plano diferente y superior que el resto de los condenados, pero eran los que marcaban las pautas, los que tenían mayor predicamento, los referentes. Por ese motivo, les diferencian del resto de los 18 condenados, a los que imponen penas de ocho años de cárcel por el mismo delito.
La Sección Cuarta, a petición de la Fiscalía, ordenó, tras leer la sentencia, el encarcelamiento inmediato de Olano, Zelarain, Jugo y de otros diez condenados para evitar que se fuguen mientras esperan a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que sus abogados presentarán contra la sentencia.
Uno de estos 13 penados, Joseba Iñaki Reta, está en busca y captura porque ayer no acudió a la sala de vistas de la madrileña Casa de Campo en la que se leyó la sentencia. El fiscal jefe, Javier Zaragoza, justificó la necesidad de su encarcelamiento por su peligrosidad, su pertenencia al entorno de ETA y porque que una de las directrices de la banda es que traten de huir, como ya hicieron antes los condenados de Jarrai.
Los ocho condenados a los que el tribunal ha decidido dejar en libertad provisional mientras se resuelven los recursos ante el Supremo ya habían cumplido casi cuatro años en prisión preventiva durante la instrucción de la causa. El tribunal no los ha encarcelado por un impedimento legal, ya que mientras la condena no sea firme no pueden estar en la cárcel más de la mitad del tiempo de la pena impuesta, que en su caso es de ocho años.
No obstante, la sala, también a petición del fiscal Zaragoza, les obligó a comparecer desde hoy en la comisaría más próxima todos los lunes y viernes, les retiró el pasaporte, y les prohibió salir de España, como medidas de seguridad.