La corrupción afecta a medio centenar de ayuntamientos con más de 800 imputados
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Oleada de tramas
Gürtel, Palma Arena o Pretoria son sólo algunas de las tramas de corrupción más conocidas en nuestro país, pero no son las únicas. Además de los destapados en las últimas semanas, ya están siendo investigados en torno a medio centenar de ayuntamientos, relacionados en su mayoría con operaciones urbanísticas ilegales. El más reciente se ha producido en el municipio catalán de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con la detención de nueve personas, entre ellas el alcalde de la localidad, Bartomeu Muñoz.
Sin embargo, el caso que más atención ha acaparado en los medios de comunicación en los últimos meses es el caso Gürtel, que investiga los presuntos regalos recibidos por altos cargos públicos de la Comunidad Valenciana y Madrid a cambio de favores políticos. La trama, presuntamente liderada por Francisco Correa, pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes, suma un total de 64 imputados y le ha costado el puesto al ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. También renunciaron a sus puestos el ex tesorero popular Luis Bárcenas y el diputado nacional Rafael Merino.
También fue destacable la operación de corrupción en el ayuntamiento de Marbella, que supuso por primera vez en España la disolución de un consistorio y que se saldó con un total de 103 procesados. Pero en Andalucía, la comunidad con más imputados, hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de personas implicadas y a siete la cifra de ayuntamientos que han podido incurrir en delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Éstos son Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía, además de Marbella, todos el Málaga, y Zurgena y El Ejido en Almería.
La comunidad de Canarias ha sido otro de los principales focos de corrupción en los últimos meses, donde los imputados suman los dos centenares por operaciones que afectan a municipios como Santa Brígida, Yaiza, Arona, Mogán, Arrecife, La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de las Teresitas. No obstante, el más mediático ha sido el conocido como caso Faycán, que afecta al municipio de Telde, y el conocido como trama eólica, que implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.
En las Islas Baleares, los casos de corrupción han llegado a implicar a una veintena de políticos, entre ellos, el ex presidente de la comunidad Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico María Antonia Munar. La imputación de Matas se relaciona con el caso Palma Arena, que investiga las presuntas irregularidades en la ejecución de las obras durante la construcción del velódromo palmeño, mientras que la de Munar está relacionada con el caso Domenge.
En Cataluña, la operación Pretoria en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.
El principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.
También fue destapada la semana pasada una presunta trama en el municipio lucense gallego de Castro Rei, donde fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. En esta comunidad también fueron detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por su supuesta implicación en casos de corrupción urbanística. Además, el fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.
Por otro lado, los casos más importantes en Cantabria afectan a las localidades de Castro Urdiales y Alfoz de Lloredo. En Castro Urdiales existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal. Mientras, en Alfoz de Lloredo están imputados el alcalde y cinco de sus concejales.
En Extremadura este mes salió a la luz un caso de posible corrupción en el municipio cacereño de Plasenzuela y por el que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento. Además, en Navarra está el caso que afecta al municipio de Cintruénigo y del que finalmente sólo fue acusado el secretario del Ayuntamiento.
También fue destacable la operación de corrupción en el ayuntamiento de Marbella, que supuso por primera vez en España la disolución de un consistorio y que se saldó con un total de 103 procesados. Pero en Andalucía, la comunidad con más imputados, hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de personas implicadas y a siete la cifra de ayuntamientos que han podido incurrir en delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Éstos son Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía, además de Marbella, todos el Málaga, y Zurgena y El Ejido en Almería.
La comunidad de Canarias ha sido otro de los principales focos de corrupción en los últimos meses, donde los imputados suman los dos centenares por operaciones que afectan a municipios como Santa Brígida, Yaiza, Arona, Mogán, Arrecife, La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de las Teresitas. No obstante, el más mediático ha sido el conocido como caso Faycán, que afecta al municipio de Telde, y el conocido como trama eólica, que implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.
En las Islas Baleares, los casos de corrupción han llegado a implicar a una veintena de políticos, entre ellos, el ex presidente de la comunidad Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico María Antonia Munar. La imputación de Matas se relaciona con el caso Palma Arena, que investiga las presuntas irregularidades en la ejecución de las obras durante la construcción del velódromo palmeño, mientras que la de Munar está relacionada con el caso Domenge.
En Cataluña, la operación Pretoria en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.
El principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.
También fue destapada la semana pasada una presunta trama en el municipio lucense gallego de Castro Rei, donde fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. En esta comunidad también fueron detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por su supuesta implicación en casos de corrupción urbanística. Además, el fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.
Por otro lado, los casos más importantes en Cantabria afectan a las localidades de Castro Urdiales y Alfoz de Lloredo. En Castro Urdiales existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal. Mientras, en Alfoz de Lloredo están imputados el alcalde y cinco de sus concejales.
En Extremadura este mes salió a la luz un caso de posible corrupción en el municipio cacereño de Plasenzuela y por el que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento. Además, en Navarra está el caso que afecta al municipio de Cintruénigo y del que finalmente sólo fue acusado el secretario del Ayuntamiento.