La defensa de Egunkaria busca evitar el juicio

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: COLPISA
Las defensas de los siete acusados en el ‘caso Egunkaria’, el diario en euskera clausurado hace cinco años por la Audiencia Nacional por su presunta relación con ETA, apuran sus últimas opciones para tratar de evitar que la causa llegue a juicio.
Los abogados plantearon ayer, en una vista celebrada en la sede judicial madrileña, una serie de objeciones legales para impedir el juicio o para evitar al menos que se sienten en el banquillo varios de los procesados si, pese a todo, se celebra la vista oral.
No obstante, la decisión sobre si se aceptan o no las impugnaciones quedó aplazada hasta que se resuelva la recusación que las defensas han anunciado contra Ángela Murillo, la presidenta del tribunal. Consideran que está contaminada para actuar en el proceso porque ya juzgó y condenó por unos hechos similares a Xabier Alegria en el ‘caso EKIN’, también procesado en Egunkaria.
Entre sus objeciones, las defensas invocan la denominada ‘doctrina Botín’ para reclamar que el caso se archive. Indican que al no observar delito alguno la Fiscalía y no existir acusación particular, la causa no puede abocarse a juicio sólo por la petición de las acusaciones populares, representadas por Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Sin embargo, los letrados no tienen en cuenta la corrección que de esta doctrina realizó hace pocas semanas el Tribunal Supremo en la sentencia contra Juan María Atutxa. El alto tribunal aclaró que la petición única de las acusaciones populares es suficiente para celebrar el juicio en los procesos en los que no sea posible que exista acusación particular, como podría ocurrir en este caso.
Los abogados defensores también piden que, en todo caso, Alegria sea excluido del banquillo por entender que es de aplicación el principio de ‘cosa juzgada’, al haber sido condenado en EKIN por igual delito y con las mismas pruebas. De igual manera, solicitan que también se retire la acusación contra Peio Zubiria, por haber prescrito el delito, y que se impida actuar como peritos a varios guardias civiles, por estar abierta contra ellos una investigación por torturas contra alguno de los procesados.