La Ertzaintza localiza un nuevo artefacto explosivo en un piso de Bilbao
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
En un primer momento, todo pareció indicar que se trataba de un ataque contra un ex concejal del PP de Arrigorriaga, Isidoro Vinagre, que reside en las inmediaciones de la calle, o que podría responder a una equivocación o delincuencia común, puesto que se confirmó que en la zona no reside ninguna persona incluida en el grupo de riesgo por posibles atentados de la banda armada.
Por ello, poco después la posibilidad de que Vinagre fuera el objeto del ataque perdió peso, tal y como explicó el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, que durante una rueda de prensa indicó que los datos de las pesquisas indican que no va por ahí la cosa.
De hecho, las Fuerzas de Seguridad del Estado comenzaron a barajar la posibilidad de que la granada responda finalmente a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas y deberse, por tanto, a un acto de delincuencia común en lugar de un atentado.
Diagnóstico
Por su parte, el consejero de Justica de Euskadi, Joseba Azkarraga, atribuyó ayer a España un déficit democrático debido a la impugnación de la Ley de Consulta del lehendakari, Juan José Ibarretxe, ante el Tribunal Constitucional y insensata decisión adoptada en relación al caso del ex preso etarra Ignacio de Juana Chaos. Un Estado que niega a ciudadanos la posibilidad de emitir una opinión (...) que retuerce leyes a golpe de presiones mediáticas (...) exhibe unos déficits democráticos alarmantes, consideró Azkarraga, que llegó a pedir que organismos internacionales diagnostiquen el estado de la democracia en España.
Azkarraga pidió a la Abogacía del Estado y al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que reflexionen sobre lo que supone imponer a un pueblo una determinada soberanía. Cuánto avanzaríamos si de lo que tratamos es de caminar hacia un acuerdo de convivencia que asegure la igualdad y no la sumisión, señaló el consejero de Justicia vasco, para quien cada día resulta más claro el pánico que Zapatero y el PSOE tienen a conocer la opinión de los vascos sobre las cuestiones que afectan a su futuro.
Tras asegurar que lo que ha hecho el Gobierno vasco es crear una oportunidad para que los ciudadanos extiendan y consoliden la democracia, denunció que Zapatero y su Ejecutivo tratan de boicotearla. Es tal la manipulación que el Gobierno del PSOE realiza sobre la Ley de Consulta que uno se pregunta hasta dónde están dispuestos a prolongar su mentira, dijo a Europa Press Azkarraga, para quien, la situación actual refuerza la necesidad de que organismos internacionales analicen y diagnostiquen el estado de la democracia en España.
Un Estado que niega a ciudadanos la posibilidad de emitir una opinión, que pone en solfa el derecho de decisión, que da bola a una cúpula judicial obediente a intereses políticos, que retuerce leyes a golpe de presiones mediáticas o que esquiva depurar en sus fuerzas de seguridad cualquier comportamiento impropio de una democracia exhibe unos déficits democráticos alarmantes, criticó Azkarraga, que aseguró que Zapatero desdeña la petición de PNV, EA, EB y Aralar de celebrar un encuentro urgente porque no le interesa el diálogo.
Límites en la libertad de los terroristas
Proteger a las víctimas. Éste es el espíritu de las reformas del Código Civil y Penal que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretende impulsar a partir de este otoño. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, explicó ayer que, en el caso de los terroristas que hayan cumplido su condena pero con un pronóstico negativo de reinserción, se buscarán mecanismos de limitación de libertad. La reforma se dirigirá también contra maltratadores y pederastas, con el fin de que los primeros no puedan heredar de sus víctimas y los segundos permanezcan bajo vigilancia una vez estén en libertad.
En el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense, el ministro de Justicia llamó a hacer una reflexión sobre la posibilidad de adoptar medidas postdelictuales -esto es, una vez que el delincuente sale de prisión- dentro del marco de la Constitución con el fin de evitar que alguien disfrute de bienes si tiene una condena que implica responsabilidades civiles. Dicha limitación de libertad podría conseguirse con mecanismos de vigilancia directos, los cuales se pueden articular a través de medidas electrónicas.
Hay un amplio margen de medidas, pero si no tenemos una herramienta legal que nos permita hacerlo, por mucha imaginación que le echemos no tendremos la posibilidad de hacerlo, recalcó Bermejo.
De hecho, las Fuerzas de Seguridad del Estado comenzaron a barajar la posibilidad de que la granada responda finalmente a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas y deberse, por tanto, a un acto de delincuencia común en lugar de un atentado.
Diagnóstico
Por su parte, el consejero de Justica de Euskadi, Joseba Azkarraga, atribuyó ayer a España un déficit democrático debido a la impugnación de la Ley de Consulta del lehendakari, Juan José Ibarretxe, ante el Tribunal Constitucional y insensata decisión adoptada en relación al caso del ex preso etarra Ignacio de Juana Chaos. Un Estado que niega a ciudadanos la posibilidad de emitir una opinión (...) que retuerce leyes a golpe de presiones mediáticas (...) exhibe unos déficits democráticos alarmantes, consideró Azkarraga, que llegó a pedir que organismos internacionales diagnostiquen el estado de la democracia en España.
Azkarraga pidió a la Abogacía del Estado y al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que reflexionen sobre lo que supone imponer a un pueblo una determinada soberanía. Cuánto avanzaríamos si de lo que tratamos es de caminar hacia un acuerdo de convivencia que asegure la igualdad y no la sumisión, señaló el consejero de Justicia vasco, para quien cada día resulta más claro el pánico que Zapatero y el PSOE tienen a conocer la opinión de los vascos sobre las cuestiones que afectan a su futuro.
Tras asegurar que lo que ha hecho el Gobierno vasco es crear una oportunidad para que los ciudadanos extiendan y consoliden la democracia, denunció que Zapatero y su Ejecutivo tratan de boicotearla. Es tal la manipulación que el Gobierno del PSOE realiza sobre la Ley de Consulta que uno se pregunta hasta dónde están dispuestos a prolongar su mentira, dijo a Europa Press Azkarraga, para quien, la situación actual refuerza la necesidad de que organismos internacionales analicen y diagnostiquen el estado de la democracia en España.
Un Estado que niega a ciudadanos la posibilidad de emitir una opinión, que pone en solfa el derecho de decisión, que da bola a una cúpula judicial obediente a intereses políticos, que retuerce leyes a golpe de presiones mediáticas o que esquiva depurar en sus fuerzas de seguridad cualquier comportamiento impropio de una democracia exhibe unos déficits democráticos alarmantes, criticó Azkarraga, que aseguró que Zapatero desdeña la petición de PNV, EA, EB y Aralar de celebrar un encuentro urgente porque no le interesa el diálogo.
Límites en la libertad de los terroristas
Proteger a las víctimas. Éste es el espíritu de las reformas del Código Civil y Penal que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretende impulsar a partir de este otoño. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, explicó ayer que, en el caso de los terroristas que hayan cumplido su condena pero con un pronóstico negativo de reinserción, se buscarán mecanismos de limitación de libertad. La reforma se dirigirá también contra maltratadores y pederastas, con el fin de que los primeros no puedan heredar de sus víctimas y los segundos permanezcan bajo vigilancia una vez estén en libertad.
En el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense, el ministro de Justicia llamó a hacer una reflexión sobre la posibilidad de adoptar medidas postdelictuales -esto es, una vez que el delincuente sale de prisión- dentro del marco de la Constitución con el fin de evitar que alguien disfrute de bienes si tiene una condena que implica responsabilidades civiles. Dicha limitación de libertad podría conseguirse con mecanismos de vigilancia directos, los cuales se pueden articular a través de medidas electrónicas.
Hay un amplio margen de medidas, pero si no tenemos una herramienta legal que nos permita hacerlo, por mucha imaginación que le echemos no tendremos la posibilidad de hacerlo, recalcó Bermejo.