La Fiscalía rechaza un acuerdo que posibilite la expulsión de los piratas
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
ALAKRANA
Pedirá, al menos, 219 años de cárcel por todos los delitos cometidos
La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza alcanzar un acuerdo de conformidad con las defensas de los presuntos piratas somalíes detenidos tras el secuestro del atunero Alakrana. Este hecho posibilitaría su expulsión de España, pero el juez pedirá al menos penas que sumarán los 219 años y medio de cárcel. Del mismo modo, fuentes jurídicas han asegurado que el escrito de acusación que la Fiscalía presentará al juez Santiago Pedraz no se apartará ni un milímetro del vocación de hacer justicia.
Así, se rechaza la posibilidad de Cabdullahi Caduwilly, alias Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Aji, puedan ser expulsados en virtud de la Ley de Extranjería, como defiende el abogado del primero, Francisco Javier Díaz Aparicio, ya que esta medida sólo es aplicable a las personas condenadas, en total , a menos de seis años de cárcel.
Entonces, el Ministerio Público solicitará entre seis y diez años de prisión por cada uno de los 36 delitos de detención ilegal que se imputa a los dos somalíes, y entre tres años y medio y cinco por el delito de robo con violencia y uso de armas, lo que supone que su petición oscilará entre los 219 años y medio y los 365 años de cárcel.
Las mismas fuentes han explicado que la intención de la Fiscalía de reclamar penas altas para los dos presuntos piratas quedó de manifiesto el pasado sábado. En ese momento el juez Pedraz solicitó que tramitara las diligencias por el trámite del sumario, contemplado para delitos que contemplan más de nueve años de cárcel, y no por el procedimiento abreviado.
La petición se fundamenta en las pruebas que obran en la causa: los informes realizados por la Comisaría General de Información y el Estado Mayor de Defensa, los reportaje fotográficos y el material incautado a los dos somalíes, entre los que se encontraban seis móviles, 2.500 dólares y una navaja de Albacete.
Salidas a la situación
Fuentes jurídicas han señalado que la única forma de entregar a Abdu Willy y su compañero a Somalia, tal y como reclaman los piratas para liberar a los 36 marineros del Alakrana, pasaría por que el Gobierno de Ministros les concediera el indulto después de ser juzgados. También, si se alcanzara un acuerdo con este país para que pudieran cumplir condena en su territorio.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz procesó por 36 delitos de detención ilegal y robo con violencia y uso de armas a los dos presuntos piratas arrestados tras el secuestro del atunero Alakrana. Pedraz retiró la acusación por un delito de asociación ilícita, que bloqueaba su expulsión de España. El abogado de los somalíes, Francisco Javier Díaz Aparicio, pidió que se acusara a sus clientes en calidad de cómplices y no de autores, y que fuesen expulsados de España en virtud de la Ley de Extranjería. Según explicó, esta medida podría aplicarse a los reos que hayan sido condenados por delitos inferiores a seis años de cárcel, aunque el delito de detención ilegal está penado con entre seis y diez años, mientras que el delito de robo con violencia y uso de armas conlleva el ingreso en prisión entre tres años y medio y cinco. Los presuntos corsarios podrían ser juzgados en el plazo de dos semanas. A éstos se les han incautado 2.500 dólares, móviles, y una navaja de Albacete.
El magistrado, que adoptó esta decisión a instancias de la Fiscalía, retiró de esta forma la acusación por un presunto delito de asociación ilícita -que podría bloquear la expulsión de España de los detenidos, según ha afirmado su abogado- y continúa la instrucción para que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal lleve a cabo el juicio, que podría celebrarse a partir del 30 de noviembre. La Fiscalía ha pedido actuar con la mayor celeridad.
Entonces, el Ministerio Público solicitará entre seis y diez años de prisión por cada uno de los 36 delitos de detención ilegal que se imputa a los dos somalíes, y entre tres años y medio y cinco por el delito de robo con violencia y uso de armas, lo que supone que su petición oscilará entre los 219 años y medio y los 365 años de cárcel.
Las mismas fuentes han explicado que la intención de la Fiscalía de reclamar penas altas para los dos presuntos piratas quedó de manifiesto el pasado sábado. En ese momento el juez Pedraz solicitó que tramitara las diligencias por el trámite del sumario, contemplado para delitos que contemplan más de nueve años de cárcel, y no por el procedimiento abreviado.
La petición se fundamenta en las pruebas que obran en la causa: los informes realizados por la Comisaría General de Información y el Estado Mayor de Defensa, los reportaje fotográficos y el material incautado a los dos somalíes, entre los que se encontraban seis móviles, 2.500 dólares y una navaja de Albacete.
Salidas a la situación
Fuentes jurídicas han señalado que la única forma de entregar a Abdu Willy y su compañero a Somalia, tal y como reclaman los piratas para liberar a los 36 marineros del Alakrana, pasaría por que el Gobierno de Ministros les concediera el indulto después de ser juzgados. También, si se alcanzara un acuerdo con este país para que pudieran cumplir condena en su territorio.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz procesó por 36 delitos de detención ilegal y robo con violencia y uso de armas a los dos presuntos piratas arrestados tras el secuestro del atunero Alakrana. Pedraz retiró la acusación por un delito de asociación ilícita, que bloqueaba su expulsión de España. El abogado de los somalíes, Francisco Javier Díaz Aparicio, pidió que se acusara a sus clientes en calidad de cómplices y no de autores, y que fuesen expulsados de España en virtud de la Ley de Extranjería. Según explicó, esta medida podría aplicarse a los reos que hayan sido condenados por delitos inferiores a seis años de cárcel, aunque el delito de detención ilegal está penado con entre seis y diez años, mientras que el delito de robo con violencia y uso de armas conlleva el ingreso en prisión entre tres años y medio y cinco. Los presuntos corsarios podrían ser juzgados en el plazo de dos semanas. A éstos se les han incautado 2.500 dólares, móviles, y una navaja de Albacete.
El magistrado, que adoptó esta decisión a instancias de la Fiscalía, retiró de esta forma la acusación por un presunto delito de asociación ilícita -que podría bloquear la expulsión de España de los detenidos, según ha afirmado su abogado- y continúa la instrucción para que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal lleve a cabo el juicio, que podría celebrarse a partir del 30 de noviembre. La Fiscalía ha pedido actuar con la mayor celeridad.