La Fiscalía reitera que el juez tirado sea retirado durante tres años
01/10/2010 - 09:45
La Fiscalía presentó este miércoles ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un recurso contra la decisión de la Comisión Disciplinaria de ese órgano, que hace dos semanas zanjó con una multa de 1.500 euros la sanción al juez de Sevilla Rafael Tirado por no ejecutar una sentencia que habría llevado a la cárcel al pederasta Santiago del Valle y le habría impedido asesinar en enero pasado a Mari Luz Cortés.
El fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, presentó hoy ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un recurso a la polémica multa de 1.500 euros impuesta contra el juez Rafael Tirado por su tardanza a la hora de ejecutar la sentencia pendiente contra el supuesto asesino de la niña Mari Luz Cortés. En este recurso, se solicita la suspensión del magistrado en sus funciones durante al menos tres años, de manera que, finalmente, el fiscal ha renunciado a pedir que se aparte al magistrado de la carrera judicial, tal y como había solicitado la familia de la niña. Su padre, Juan José, señaló hoy que este recurso se acerca más a la Justicia que la multa económica, aunque considera que no es suficiente.
En su escrito, el fiscal solicita al CGPJ que imponga al juez Tirado la sanción de suspensión por tres años por la comisión de una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reiterando así la solicitud mantenida por el Fiscal Instructor del expediente disciplinario. En su recurso, el fiscal explica que el juez sancionado debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado sin embargo considera que parte de estas acusaciones deben mitigarse por el hecho de la inexistencia de la dación de cuenta por parte de la secretaría del juzgado o a la actitud pasiva de otros colaboradores entre los que se incluye de nuevo la secretaría Judicial además del Miniserio Fiscal y a la representación de la Junta de Andalucía.
Así, tras examinar los hechos, Martín-Casallo llega a la conclusión de que Tirado no prestaba dedicación alguna a las ejecutorias y consecuentemente no adoptó medida alguna en más de dos años para poner remedio a dicho situación, por lo que su conducta es constitutiva bien de la desatención, bien del retraso justificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas, de una falta muy grave por la que se solicitan tres años de inhabilitación. No obstante, esta calificación de muy grave también contemplaba la posibilidad de un traslado forzoso del juez o incluso apartar definitivamente al magistrado de la carrera judicial, extremo que apoyaba la familia Cortés.
En su escrito, el fiscal solicita al CGPJ que imponga al juez Tirado la sanción de suspensión por tres años por la comisión de una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reiterando así la solicitud mantenida por el Fiscal Instructor del expediente disciplinario. En su recurso, el fiscal explica que el juez sancionado debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado sin embargo considera que parte de estas acusaciones deben mitigarse por el hecho de la inexistencia de la dación de cuenta por parte de la secretaría del juzgado o a la actitud pasiva de otros colaboradores entre los que se incluye de nuevo la secretaría Judicial además del Miniserio Fiscal y a la representación de la Junta de Andalucía.
Así, tras examinar los hechos, Martín-Casallo llega a la conclusión de que Tirado no prestaba dedicación alguna a las ejecutorias y consecuentemente no adoptó medida alguna en más de dos años para poner remedio a dicho situación, por lo que su conducta es constitutiva bien de la desatención, bien del retraso justificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas, de una falta muy grave por la que se solicitan tres años de inhabilitación. No obstante, esta calificación de muy grave también contemplaba la posibilidad de un traslado forzoso del juez o incluso apartar definitivamente al magistrado de la carrera judicial, extremo que apoyaba la familia Cortés.