La Ley del Ruido sigue paralizada cinco años después de su aprobación
01/10/2010 - 09:45
Por: MATEO BALÍN. COLPISA
La normativa que regula la contaminación acústica sigue paralizada cinco años después de su aprobación. La descoordinación entre administraciones, los incumplimientos de los agentes implicados y el vacío legal de algunos elementos causantes del ruido frenan su desarrollo legislativo.
Todo ello pese a que España es el segundo país con mayor exceso de decibelios tras Japón y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha equiparado el ruido a la polución en cuanto a fenómenos que menguan la calidad de vida de los ciudadanos.
La Ley del Ruido de 2003, aprobada por el Gobierno de Aznar, partía con la esperanza de prevenir y reducir los niveles de contaminación acústica para evitar molestias y daños a la salud y al medio ambiente. Para ello pretendía clasificar el territorio habitable en áreas o mapas acústicos en función del predominio del uso del suelo (residencial, industrial, recreativo, sanitario o docente) y crear zonas de servidumbre en lugares afectados por el transporte viario, ferroviario y aéreo.
Esta nueva figura implicaba que si se quería edificar en esos terrenos los constructores estaban obligados a usar materiales que redujesen el impacto acústico. Sin embargo, a día de hoy, ni los mapas de ruido para ciudades de más de 250.000 habitantes como exige Bruselas a los ayuntamientos- ni los deberes incluidos en el Código Técnico de Edificación se han cumplido.
Otras carencias se refieren a la falta de decisión sobre quiénes son los profesionales competentes para realizar los controles de decibelios. Mientras que los expertos coinciden en que deberían ser los ingenieros técnicos de telecomunicaciones, los ayuntamientos confían esta labor a la policía municipal u otros profesionales menos capacitados, por lo que las ordenanzas municipales en cuanto a quién controla el ruido quedan en papel mojado, denuncian los expertos.
Mejoras y límites
Para acabar con el estruendo, el extinto Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades trabajan desde hace meses en una normativa estatal que mejore la Ley de 2003 y las normas autonómicas ya existentes. Su objetivo es fijar unos límites máximos de decibelios - la OMS lo marca en 65- que las comunidades y ayuntamientos deberían hacer respetar.
Sin embargo, un estudio del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones presentado este lunes incide en que poco o nada se ha hecho hasta el momento, y que estas mejoras atienden más bien a la obligación de impulsar una normativa paralizada desde su inicio, sobre todo en lo referente a la creación de los mapas del ruido para delimitar los límites acústicos a partir de los cuales se establezcan sanciones. Una exigencia que incluirá a los municipios de más de 100.000 habitantes a partir de 2012.
La propuesta del Gobierno aún sin concretar fija un límite para el exterior de las viviendas de 60 decibelios para el día (7 a 23 horas) y 50 para la noche; en el interior de las casas se reduce a 30 dB en los dormitorios y 35 en el resto de los habitáculos; las ambulancias entre 70 y 90 dB; los hospitales entre 45 y 55 dB y las infraestructuras de transporte entre 50 y 60 decibelios.
Ahora serán las Comunidades las que tengan que aprobar o modificar estos límites con la aquiescencia de sus grandes núcleos urbanos. Un primer paso para desarrollar la normativa de la Ley del Ruido y activar los mecanismos sancionadores para aquellos que incumplan la normativa.
La Ley del Ruido de 2003, aprobada por el Gobierno de Aznar, partía con la esperanza de prevenir y reducir los niveles de contaminación acústica para evitar molestias y daños a la salud y al medio ambiente. Para ello pretendía clasificar el territorio habitable en áreas o mapas acústicos en función del predominio del uso del suelo (residencial, industrial, recreativo, sanitario o docente) y crear zonas de servidumbre en lugares afectados por el transporte viario, ferroviario y aéreo.
Esta nueva figura implicaba que si se quería edificar en esos terrenos los constructores estaban obligados a usar materiales que redujesen el impacto acústico. Sin embargo, a día de hoy, ni los mapas de ruido para ciudades de más de 250.000 habitantes como exige Bruselas a los ayuntamientos- ni los deberes incluidos en el Código Técnico de Edificación se han cumplido.
Otras carencias se refieren a la falta de decisión sobre quiénes son los profesionales competentes para realizar los controles de decibelios. Mientras que los expertos coinciden en que deberían ser los ingenieros técnicos de telecomunicaciones, los ayuntamientos confían esta labor a la policía municipal u otros profesionales menos capacitados, por lo que las ordenanzas municipales en cuanto a quién controla el ruido quedan en papel mojado, denuncian los expertos.
Mejoras y límites
Para acabar con el estruendo, el extinto Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades trabajan desde hace meses en una normativa estatal que mejore la Ley de 2003 y las normas autonómicas ya existentes. Su objetivo es fijar unos límites máximos de decibelios - la OMS lo marca en 65- que las comunidades y ayuntamientos deberían hacer respetar.
Sin embargo, un estudio del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones presentado este lunes incide en que poco o nada se ha hecho hasta el momento, y que estas mejoras atienden más bien a la obligación de impulsar una normativa paralizada desde su inicio, sobre todo en lo referente a la creación de los mapas del ruido para delimitar los límites acústicos a partir de los cuales se establezcan sanciones. Una exigencia que incluirá a los municipios de más de 100.000 habitantes a partir de 2012.
La propuesta del Gobierno aún sin concretar fija un límite para el exterior de las viviendas de 60 decibelios para el día (7 a 23 horas) y 50 para la noche; en el interior de las casas se reduce a 30 dB en los dormitorios y 35 en el resto de los habitáculos; las ambulancias entre 70 y 90 dB; los hospitales entre 45 y 55 dB y las infraestructuras de transporte entre 50 y 60 decibelios.
Ahora serán las Comunidades las que tengan que aprobar o modificar estos límites con la aquiescencia de sus grandes núcleos urbanos. Un primer paso para desarrollar la normativa de la Ley del Ruido y activar los mecanismos sancionadores para aquellos que incumplan la normativa.