La presidenta del parlamento balear, imputada por corrupción
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Nuevo imputado en el caso Can Domenge. En esta ocasión ha sido la presidenta del Parlament Balear, María Antònia Munar, ha sido la persona que ha pasado a engrosar esta lista. El Magistrado Instructor de las Diligencias Previas 2/09 abiertas en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSIB), Francisco Javier Muñoz Jiménez, ha dictado una providencia en la que cita a declarar en calidad de imputados a Munar el día 16 de noviembre a las 10.00 horas y al conseller popular en el Consell de Mallorca Fernando Rubio Aguiló, el mismo día, pero a las 11.30.
La imputación de Munar en este caso, que investiga la venta del solar de Can Domenge por 30 millones de euros, la mitad de su valro en el mercado, se produce después de que el pasado 5 de octubre la Sala de lo penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) acordara asumir las competencias para instruir este caso, teniendo en cuenta que entre los imputados se encontraban los aforados Miquel Nadal, actual conseller de Turismo del Govern, y Bartomeu Vicens, diputado del Grupo Mixto en la Cámara autonómica.
Debido que Munar tiene la condición de aforada por ser la presidenta de la Cámara autónoma, la sala del TSJB solicitó al Juzgado de Instrucción número 12, encargado de las investigaciones, que le remitiera toda la causa, en respuesta a la exposición razonada que el pasado 28 de septiembre elevó la titular del juzgado, Mari Carmen González, a la Sala, para que asuma las investigaciones y en la que la jueza determinó que el ex conseller insular de Territorio y diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, tenía perfecto conocimiento de lo torcido en relación al decreto probado el 30 de diciembre de 2005 para la enajenación de los terrenos palmesanos, que fueron vendidos por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado.
Declara Miguel Nadal
El otro imputado, Miguel Nadal, declaró tras tener conocimiento de la petición de la magistrada al TSJB, que únicamente dimitirá de todos sus cargos cuando el TSJB, que únicamente dimitirá de todos sus cargos cuando el Tribunal Superior de Justicia de Baleares asuma la causa, hechos que se produjo el 5 de octubre y, añadió, cuando este tribunal adopte medidas cautelares contra su persona.
De esta forma, la jueza afirma que la resolución iba dirigida a un fin preordenado de satisfacer intereses no legítimos y que constituyó una conculcación flagrante de las normas con una finalidad torticera y ajena a los intereses generales, lo que consuma el delito de prevaricación que junto a los de malversación de caudales públicos y fraude se atribuye a Vicens, así como al conseller de Turismo y entonces vicepresidente del Consell, Miquel Nadal.
Debido que Munar tiene la condición de aforada por ser la presidenta de la Cámara autónoma, la sala del TSJB solicitó al Juzgado de Instrucción número 12, encargado de las investigaciones, que le remitiera toda la causa, en respuesta a la exposición razonada que el pasado 28 de septiembre elevó la titular del juzgado, Mari Carmen González, a la Sala, para que asuma las investigaciones y en la que la jueza determinó que el ex conseller insular de Territorio y diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, tenía perfecto conocimiento de lo torcido en relación al decreto probado el 30 de diciembre de 2005 para la enajenación de los terrenos palmesanos, que fueron vendidos por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado.
Declara Miguel Nadal
El otro imputado, Miguel Nadal, declaró tras tener conocimiento de la petición de la magistrada al TSJB, que únicamente dimitirá de todos sus cargos cuando el TSJB, que únicamente dimitirá de todos sus cargos cuando el Tribunal Superior de Justicia de Baleares asuma la causa, hechos que se produjo el 5 de octubre y, añadió, cuando este tribunal adopte medidas cautelares contra su persona.
De esta forma, la jueza afirma que la resolución iba dirigida a un fin preordenado de satisfacer intereses no legítimos y que constituyó una conculcación flagrante de las normas con una finalidad torticera y ajena a los intereses generales, lo que consuma el delito de prevaricación que junto a los de malversación de caudales públicos y fraude se atribuye a Vicens, así como al conseller de Turismo y entonces vicepresidente del Consell, Miquel Nadal.