Las asociaciones de jueces admiten el atasco judicial y piden medidas, pero dicen que la situación no es tan grave
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Las principales asociaciones de jueces coinciden en admitir el atasco judicial que arrojó ayer el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --en el que cifra en 270.000 las sentencias pendientes de ser ejecutadas en el ámbito penal--, no obstante añadieron que la situación "no es tan alarmante" y culparon de esta situación al atraso de la Administración de Justicia.
"Los datos que han puesto en ese informe no me sorprenden lo más mínimo", comenzó diciendo el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, quien, en declaraciones a Europa Press, añadió que "cualquiera que se relaciona a diario con la Administración de Justicia es consciente de que la situación es caótica y de retraso en muchos casos". "No es nuevo y viene arrastrándose desde hace muchísimos años, los medios con los que se está trabajando son anacrónicos y están desfasados", dijo.
En ese sentido, valoró que, para solucionar esta "situación de anacronismo" es necesario "que se alcance un consenso entre las fuerzas políticas y que den a la Justicia el trato que se merece, ya que se trata de una cuestión de Estado". "Esto significa, antes que nada, invertir dinero y gastar en los Presupuesto Generales del Estado y las partidas económicas para lograr la modernización que la Justicia necesita", explicó.
"A lo que no estamos dispuestos es a ser los paganos de una situación paupérrima de la que los jueces no son culpables, y eso hay que decirlo así de claro, nosotros para ayudar todo, pero que no se crea nadie que la responsabilidad y los reproches nos los vamos a cargar sobre nuestras espaldas", enfatizó.
Por su parte, desde la considerada asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, valoró que "al final resulta que la cuestión no es tan catastrofista como se ha pintado en un primer momento". "Lo que está diciendo el CGPJ es que hay sentencias en fase de ejecución y eso, salvo una investigación más detallada, puede significar muchas cosas, hay veces en las que una personas está cumpliendo pena de prisión y se está ejecutando su condena", explicó.
En cualquier caso admitió que "está claro que la ejecución penal en España no funciona tan bien como debería funcionar" y por ello abogó por "tomar medidas materiales y personales". "Al propio órgano emisor, el CGPJ, hay que preguntarle qué ha hecho en estos tres últimos años. Debería haber hecho una cierta autocensura ya que conociendo estos datos debería haber tomado medidas para paliarlos", concluyó.
Asimismo, desde la asociación independiente Francisco de Vitoria (FdV), Lorenzo del Río insistió en que se trata de un informe que "hay que depurar ya que puede dar lugar a una situación de alarma", al tiempo que admitió que "en la Justicia hay un atasco claro y de bastante demora en algunos órganos, sobre todo de ejecución".
Por ello, hizo hincapié en la necesidad de "depurar ese informe para ver dónde están esas condenas y de que tipo son, pese a que está claro que hay unos problemas de funcionamiento que se han descuidado".
En ese sentido, valoró que, para solucionar esta "situación de anacronismo" es necesario "que se alcance un consenso entre las fuerzas políticas y que den a la Justicia el trato que se merece, ya que se trata de una cuestión de Estado". "Esto significa, antes que nada, invertir dinero y gastar en los Presupuesto Generales del Estado y las partidas económicas para lograr la modernización que la Justicia necesita", explicó.
"A lo que no estamos dispuestos es a ser los paganos de una situación paupérrima de la que los jueces no son culpables, y eso hay que decirlo así de claro, nosotros para ayudar todo, pero que no se crea nadie que la responsabilidad y los reproches nos los vamos a cargar sobre nuestras espaldas", enfatizó.
Por su parte, desde la considerada asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, valoró que "al final resulta que la cuestión no es tan catastrofista como se ha pintado en un primer momento". "Lo que está diciendo el CGPJ es que hay sentencias en fase de ejecución y eso, salvo una investigación más detallada, puede significar muchas cosas, hay veces en las que una personas está cumpliendo pena de prisión y se está ejecutando su condena", explicó.
En cualquier caso admitió que "está claro que la ejecución penal en España no funciona tan bien como debería funcionar" y por ello abogó por "tomar medidas materiales y personales". "Al propio órgano emisor, el CGPJ, hay que preguntarle qué ha hecho en estos tres últimos años. Debería haber hecho una cierta autocensura ya que conociendo estos datos debería haber tomado medidas para paliarlos", concluyó.
Asimismo, desde la asociación independiente Francisco de Vitoria (FdV), Lorenzo del Río insistió en que se trata de un informe que "hay que depurar ya que puede dar lugar a una situación de alarma", al tiempo que admitió que "en la Justicia hay un atasco claro y de bastante demora en algunos órganos, sobre todo de ejecución".
Por ello, hizo hincapié en la necesidad de "depurar ese informe para ver dónde están esas condenas y de que tipo son, pese a que está claro que hay unos problemas de funcionamiento que se han descuidado".