Las víctimas del Yak-42 piden que Aznar testifique en el juicio
01/10/2010 - 09:45
La petición está incluida en los escritos de acusación previos a la vista oral, para la que todavía no hay fecha, presentados por dos asociaciones de afectados.
Ambas creen que Aznar y Trillo precipitaron la repatriación de los militares y su entierro apresurado por la proximidad de las elecciones.
Los afectados entienden que José María Aznar debe declarar porque fue quien dio las órdenes pertinentes para el traslado de los cadáveres, la celebración del funeral de Estado y las condiciones en que éste habría de celebrarse, el 28 de mayo de 2003. Federico Trillo, responsable de Defensa en el momento de la catástrofe, fue quien ordenó viajar al lugar del accidente a la delegación militar que se hizo cargo de la recogida de los restos y los trajo de vuelta. A su sucesor en el cargo, el socialista José Bono, quieren interrogarlo porque ordenó investigar los hechos a su llegada al Ministerio.
Las familias quieren interrogar también al ex secretario de Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno, a quien acusan de estar al corriente de presuntas irregularidades en el momento en que se enterró a las víctimas y también de las circunstancias que rodearon la preparación del funeral de Estado, en el que Aznar y Trillo fueron abucheados e insultados en presencia del Rey por familiares de los fallecidos. Por lo mismo quieren que declaren también el entonces subsecretario de Defensa, Víctor Torre de Silva; el ex secretario general de Política de Defensa, el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, y el teniente general José Antonio Beltrán, a quien Trillo designó como coordinador de las operaciones de identificación y repatriación.
Imputados
Trillo y Bono ya prestaron declaración como testigos durante la instrucción de la otra parte de la causa, la que se ocupa de investigar si hubo irregularidades en la contratación del aparato siniestrado. En esa parte del sumario, el juez Fernando Grande-Marlaska imputó el pasado 20 de mayo a instancias del fiscal, Fernando Burgos, a cinco mandos militares que en 2003 desempeñaban altas responsabilidades en el Estado Mayor de la Defensa por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte. Se trata del ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Antonio Moreno Barberá, jefe de las Fuerzas Armadas en la etapa de Trillo; el general Juan Luis Ibarreta, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, órgano que contrató el avión, y tres subordinados suyos, el contralmirante José Antonio Martínez Sáinz-Rozas, el coronel Joaquín Yáñez-González, y el comandante Alfonso Lorenzo Taboada.
Por las presuntas irregularidades en las identificaciones, la Fiscalía pidió la semana pasada cinco años de prisión para el principal imputado, el general de Sanidad Vicente Navarro, y cuatro años y medio para sus subordinados el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáenz por un delito continuado de falsedad documental. El fiscal Burgos entiende que atribuyeron identidades de forma aleatoria a treinta de las 62 víctimas, decisión que derivó en la entrega de sus cadáveres a familias erróneas y su posterior entierro o incineración en lugares que no les correspondían. Las familias piden penas superiores, de seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, para cada uno de ellos.
Bono asegura que él ya ha dicho lo que tenía que decir
El presidente del Congreso, José Bono, aseguró ayer que, sobre el accidente del Yak-42, ya ha dicho lo que tenía que decir donde tenía que decirlo y que, en esta etapa de su vida política al frente del Parlamento, en ningún caso le corresponde iniciar los debates, sino modularlos.
He tenido en mi vida política muchas experiencias en las que abría debates y contribuía a que otros debates se abriesen. Ahora me corresponde moderarlos, modularlos y en ningún caso iniciarlos, manifestó el presidente del Congreso de los Diputados, cansado de un tema que le persigue desde que fue titular del Ministerio de Defensa en el anterior Gobierno de Zapaetro.
Los afectados entienden que José María Aznar debe declarar porque fue quien dio las órdenes pertinentes para el traslado de los cadáveres, la celebración del funeral de Estado y las condiciones en que éste habría de celebrarse, el 28 de mayo de 2003. Federico Trillo, responsable de Defensa en el momento de la catástrofe, fue quien ordenó viajar al lugar del accidente a la delegación militar que se hizo cargo de la recogida de los restos y los trajo de vuelta. A su sucesor en el cargo, el socialista José Bono, quieren interrogarlo porque ordenó investigar los hechos a su llegada al Ministerio.
Las familias quieren interrogar también al ex secretario de Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno, a quien acusan de estar al corriente de presuntas irregularidades en el momento en que se enterró a las víctimas y también de las circunstancias que rodearon la preparación del funeral de Estado, en el que Aznar y Trillo fueron abucheados e insultados en presencia del Rey por familiares de los fallecidos. Por lo mismo quieren que declaren también el entonces subsecretario de Defensa, Víctor Torre de Silva; el ex secretario general de Política de Defensa, el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, y el teniente general José Antonio Beltrán, a quien Trillo designó como coordinador de las operaciones de identificación y repatriación.
Imputados
Trillo y Bono ya prestaron declaración como testigos durante la instrucción de la otra parte de la causa, la que se ocupa de investigar si hubo irregularidades en la contratación del aparato siniestrado. En esa parte del sumario, el juez Fernando Grande-Marlaska imputó el pasado 20 de mayo a instancias del fiscal, Fernando Burgos, a cinco mandos militares que en 2003 desempeñaban altas responsabilidades en el Estado Mayor de la Defensa por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte. Se trata del ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Antonio Moreno Barberá, jefe de las Fuerzas Armadas en la etapa de Trillo; el general Juan Luis Ibarreta, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, órgano que contrató el avión, y tres subordinados suyos, el contralmirante José Antonio Martínez Sáinz-Rozas, el coronel Joaquín Yáñez-González, y el comandante Alfonso Lorenzo Taboada.
Por las presuntas irregularidades en las identificaciones, la Fiscalía pidió la semana pasada cinco años de prisión para el principal imputado, el general de Sanidad Vicente Navarro, y cuatro años y medio para sus subordinados el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáenz por un delito continuado de falsedad documental. El fiscal Burgos entiende que atribuyeron identidades de forma aleatoria a treinta de las 62 víctimas, decisión que derivó en la entrega de sus cadáveres a familias erróneas y su posterior entierro o incineración en lugares que no les correspondían. Las familias piden penas superiores, de seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, para cada uno de ellos.
Bono asegura que él ya ha dicho lo que tenía que decir
El presidente del Congreso, José Bono, aseguró ayer que, sobre el accidente del Yak-42, ya ha dicho lo que tenía que decir donde tenía que decirlo y que, en esta etapa de su vida política al frente del Parlamento, en ningún caso le corresponde iniciar los debates, sino modularlos.
He tenido en mi vida política muchas experiencias en las que abría debates y contribuía a que otros debates se abriesen. Ahora me corresponde moderarlos, modularlos y en ningún caso iniciarlos, manifestó el presidente del Congreso de los Diputados, cansado de un tema que le persigue desde que fue titular del Ministerio de Defensa en el anterior Gobierno de Zapaetro.