Los familiares de las víctimas del Franquismo miran ya hacia Estrasburgo
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
Las asociaciones de defensa de memoria histórica y las que agrupan a familiares de las víctimas del franquismo ya piensan en Estrasburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que alberga. Casi todos dan por perdida la batalla ante la Justicia española después de que Garzón decidiera desistir. Al menos dos de los colectivos más combativos en ese sumario, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, ya preparan por separado presentar guerra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los juristas de los colectivos de víctimas, que barajan coordinar futuras acciones judiciales, creen que la decisión de Garzón y el más que previsible fallo de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en contra de la posibilidad de investigar los crímenes de la guerra civil y la dictadura cierran la puerta en España a exigir responsabilidades penales por el asesinato de los más de 114.000 republicanos represaliados.
Por ello, consideran «agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en el Estado», condición indispensable para recurrir a la corte que tutela el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Extremo peliagudo desde el punto de vista procesal: al ser denunciantes, no son parte activa en los procesos judiciales, pero la legislación del tribunal europeo parece obligarles a superar el trámite de recurrir primero ante el Supremo y después, en amparo, ante el Constitucional. En conjunto, una década de pelea jurídica en el horizonte.
Antes de que llegue el desánimo, los abogados de las víctimas creen que la negativa de España a enjuiciar los crímenes cometidos durante el conflicto civil y la posguerra podría ser una violación del artículo 6 del convenio europeo, que establece que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial».
Apoyo de la ONU
En su futura batalla judicial internacional, las asociaciones de víctimas del franquismo cuentan con los informes favorables de la ONU. El comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace sólo unos días reclamó al Gobierno de España la abolición de la Ley de Amnistía de 1977, la norma a la que se aferró la Fiscalía de la Audiencia Nacional para oponerse a la persecución penal de los crímenes del franquismo.
El informe de la ONU, aprobado en la 94º reunión del comité que cuida del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dio además un respaldo explícito a la Ley de la Memoria Histórica y a la investigación del juez Baltasar Garzón sobre las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura del general Francisco Franco.
Este miércoles, representantes legales de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Social y Democrática se reunieron con Garzón para conocer de primera mano las impresiones del juez y estudiar los siguientes movimientos judiciales que puedan producirse en la Audiencia Nacional.
El juez les dejó claro que la causa no se ha archivado y que el grupo de expertos designado para asesorarle, el de forenses para identificar los restos recuperados, y la unidad policial que debe buscar a los desaparecidos podrán ayudar a los diferentes juzgados que se encarguen de las exhumaciones.
Como una bomba de racimo. Así ha caído en la judicatura la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de dejar el problema de las fosas de la Guerra Civil en manos de los jueces locales: ha judicializado un problema, el de los crímenes del franquismo, que hasta ahora la administración de Justicia había sorteado con soltura; y, además, lo ha desparramado por el territorio. Presidentes de tribunales superiores y jueces decanos, reunidos en Valencia por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recibieron la noticia con indisimulada preocupación: la respuesta al problema de los osarios va a ser dispar, lo que va a generar una problemática cuyos principales damnificados serán las familias de los desaparecidos.
Por ello, consideran «agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en el Estado», condición indispensable para recurrir a la corte que tutela el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Extremo peliagudo desde el punto de vista procesal: al ser denunciantes, no son parte activa en los procesos judiciales, pero la legislación del tribunal europeo parece obligarles a superar el trámite de recurrir primero ante el Supremo y después, en amparo, ante el Constitucional. En conjunto, una década de pelea jurídica en el horizonte.
Antes de que llegue el desánimo, los abogados de las víctimas creen que la negativa de España a enjuiciar los crímenes cometidos durante el conflicto civil y la posguerra podría ser una violación del artículo 6 del convenio europeo, que establece que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial».
Apoyo de la ONU
En su futura batalla judicial internacional, las asociaciones de víctimas del franquismo cuentan con los informes favorables de la ONU. El comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace sólo unos días reclamó al Gobierno de España la abolición de la Ley de Amnistía de 1977, la norma a la que se aferró la Fiscalía de la Audiencia Nacional para oponerse a la persecución penal de los crímenes del franquismo.
El informe de la ONU, aprobado en la 94º reunión del comité que cuida del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dio además un respaldo explícito a la Ley de la Memoria Histórica y a la investigación del juez Baltasar Garzón sobre las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura del general Francisco Franco.
Este miércoles, representantes legales de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Social y Democrática se reunieron con Garzón para conocer de primera mano las impresiones del juez y estudiar los siguientes movimientos judiciales que puedan producirse en la Audiencia Nacional.
El juez les dejó claro que la causa no se ha archivado y que el grupo de expertos designado para asesorarle, el de forenses para identificar los restos recuperados, y la unidad policial que debe buscar a los desaparecidos podrán ayudar a los diferentes juzgados que se encarguen de las exhumaciones.
Como una bomba de racimo. Así ha caído en la judicatura la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de dejar el problema de las fosas de la Guerra Civil en manos de los jueces locales: ha judicializado un problema, el de los crímenes del franquismo, que hasta ahora la administración de Justicia había sorteado con soltura; y, además, lo ha desparramado por el territorio. Presidentes de tribunales superiores y jueces decanos, reunidos en Valencia por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recibieron la noticia con indisimulada preocupación: la respuesta al problema de los osarios va a ser dispar, lo que va a generar una problemática cuyos principales damnificados serán las familias de los desaparecidos.