Los farmacéuticos, contra la unidosis
La normativa que establece que determinados fármacos puedan ser dispensados en las farmacias en formato unidosis ni supone un ahorro probado para el Sistema Nacional de Salud (SNS) ni es segura para el paciente, según afirman los representantes de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).
En las alegaciones a la nueva ley, que entrará en vigor el próximo mes de enero, FEFE asegura que el "supuesto" ahorro de 300 millones que prevé el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con la medida "no se encuentran contrastadas por ningún estudio publicado; ni tan siquiera por una memoria económica que se configuraría como elemento esencial para la justificación de su implantación".
Además, afirman, "la obligación del farmacéutico de dispensar dosis personalizadas supone que él mismo intervendría en la cadena de control post-comercial del medicamento", algo que significa que, "una vez que se manipula un envase, si se detecta un efecto adverso del medicamento, ya no se podrá determinar si el mismo es consecuencia de su fabricación o de su manipulación, por lo que la cadena de responsabilidades se diluye".
"La ruptura del precinto --argumentan los empresarios, encabezados por su presidente, Fernando Redondo--, que se configura como nexo de responsabilidad del laboratorio fabricante respecto de sus productos comercializados, (...) rompe la cadena de seguridad, anula la responsabilidad del laboratorio y generaría otra en el farmacéutico manipulador".
En opinión de los empresarios de farmacia, "las presentaciones de los laboratorios se ajustan perfectamente al tiempo de duración del tratamiento de cada especialidad farmacéutica. Es decir, ni sobran ni faltan, lo único que hay que hacer es cumplir el tratamiento".
Por este motivo, desde FEFE subrayan que, "si la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) considera, tras la experiencia terapéutica, que las autorizaciones realizadas en su momento no se ajustan a la duración normal de los tratamientos, lo más acertado sería realizar una revisión de las autorizaciones y ajustarlas a las necesidades reales de los pacientes en su diferentes patologías por seguridad, por criterios de uso racional y por ahorro".
"Toda actuación profesional de forma individualizada y personalizada siempre encarece el proceso, nunca ahorra", aseveran. En este sentido, los empresarios de farmacia señalan que la mayoría de los principios activos incorporados al sistema de fraccionamiento resultan ser ya de coste mínimo, de hecho, ya están incorporados al Sistema de Precios de Referencia y vienen sufriendo disminuciones de precio desde el momento de la implantación de este sistema.
Del mismo modo, "todos los principios activos propuestos, además, tienen fijados precios menores, que son más bajos que los precios de venta al público para ellos autorizados, así como de los propios precios de referencia establecidos para los que se someten a los mismos", aseguran.
A este respecto, desde FEFE consideran que "es claro que el crecimiento de los costes será exponencial y el SNS deberá plantearse si merece la pena el sistema cuando se vea en la obligación de asumir el encarecimiento de los costes de envasado".
Sobre las garantías en el derecho de la información de los pacientes, los farmacéuticos alegan que las oficinas de farmacia "no están en disposición de garantizar los requisitos necesarios para, por ejemplo, los invidentes, lo que hace el cumplimiento en cuanto a la información, prácticamente imposible".
Asimismo, "las garantías de información se completan con un contrasentido para este proyecto, el de llevar un precinto de garantía contra posibles manipulaciones que deberá ser roto por la Oficina de Farmacia al preparar las unidosis", alegan.
