Los juzgados acumulan 270.000 sentencias
01/10/2010 - 09:45
Por: COLPISA
Los juzgados españoles de lo penal, encargados de juzgar los delitos más comunes, los que crean una mayor alarma social, acumulaban a finales del año pasado 270.000 sentencias sin ejecutar, según un estudio monográfico realizado por el Servicio de Inspección del Consejo General Poder Judicial (CGPJ).
Son incalculables los ciudadanos condenados por delitos menores que no han sido conminados a cumplir los castigos impuestos; cientos de miles de víctimas, por su parte, siguen sin recibir la reparación o compensación que la propia justicia les reconoció.
Tras la investigación realizada, el Poder Judicial no oculta que la situación de la justicia penal es de colapso grave, y el próximo jueves, en una reunión de su Comisión Permanente, propondrá al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en la materia una batería de medidas, tanto de choque como a medio y largo plazo, para tratar de revertir la situación.
El análisis monográfico tiene su origen en el clima de alarma social desatado en marzo pasado por el caso Mari Luz, el abuso y posterior asesinato de una niña onubense de nueve años por un hombre que debía llevar más de dos años en carcelado por haber abusado de su propia hija. Santiago del Valle, el sospechoso de este crimen, no estaba encarcelado porque un juzgado de lo penal de Sevilla tardó más de dos años en ordenar su busca y captura para ejecutar esta sentencia firme.
El escándalo provocado por este grave error judicial ha hecho aflorar en las últimas semanas varios casos similares, que pueden ser decenas o centenares a la vista de las conclusiones del estudio. La investigación del CGPJ pone sobre la mesa un problema tan o más grave que la tradicional preocupación ciudadana por los retrasos de la justicia, concentrada en la tardanza en enjuiciar y sentenciar un delito.
Tras la investigación realizada, el Poder Judicial no oculta que la situación de la justicia penal es de colapso grave, y el próximo jueves, en una reunión de su Comisión Permanente, propondrá al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en la materia una batería de medidas, tanto de choque como a medio y largo plazo, para tratar de revertir la situación.
El análisis monográfico tiene su origen en el clima de alarma social desatado en marzo pasado por el caso Mari Luz, el abuso y posterior asesinato de una niña onubense de nueve años por un hombre que debía llevar más de dos años en carcelado por haber abusado de su propia hija. Santiago del Valle, el sospechoso de este crimen, no estaba encarcelado porque un juzgado de lo penal de Sevilla tardó más de dos años en ordenar su busca y captura para ejecutar esta sentencia firme.
El escándalo provocado por este grave error judicial ha hecho aflorar en las últimas semanas varios casos similares, que pueden ser decenas o centenares a la vista de las conclusiones del estudio. La investigación del CGPJ pone sobre la mesa un problema tan o más grave que la tradicional preocupación ciudadana por los retrasos de la justicia, concentrada en la tardanza en enjuiciar y sentenciar un delito.