Los manifestantes analizan desbloquear por dos meses el puente que une a Argentina y Uruguay
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Los manifestantes argentinos que protestan por la instalación de una planta de celulosa en territorio uruguayo anunciaron este lunes que comenzarán a estudiar la posibilidad de levantar el corte en el puente que une a esos dos países y que mantienen bloqueado desde hace más de tres años.
Ana Angelini, abogada de la Asamblea de Gualeguaychú, informó de que para el próximo miércoles tienen prevista una reunión en la que se elevará la moción de "levantar el corte de ruta por dos meses para ver si Uruguay está dispuesta a monitorear" la planta UPM (antes Botnia), dijo a la emisora local Milenium.
Angelini considera que "es una decisión acertada levantar el corte por dos meses" y no le extraña que los propios asambleístas hayan propuesto esta medida tres años después "porque siempre existieron posiciones extremadas y moderadas" entre los manifestantes que rechazan la planta de celulosa alegando que es contaminantes.
Este anuncio de los manifestantes se produce el mismo día en el que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner publicara en el Boletín Oficial del Estado el decreto que ratifica la presentación del procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, como querellante en la causa por el corte de la ruta que comunica con territorio uruguayo, que tramita Gustavo Pimentel, juez de la localidad argentina Concepción del Uruguay.
En el decreto, las autoridades argentinas señalan que "en la mencionada causa se investigan las conductas atribuidas a un conjunto de ciudadanos, vinculadas con la ocupación indebida del Paso Fronterizo Internacional de Gualeguaychú (Argentina) - Fray Bentos (Uruguay), como protesta por la instalación de una fábrica de celulosa" en el país vecino.
"Corresponde garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar permitiendo, en consecuencia, la circulación de los vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos", resalta el texto.
Pimentel dictaminó la semana pasada que se debe garantizar el libre tránsito en el puente que une a los dos países. Esta orden se suma al fallo emitido el pasado 20 de abril por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que condena a Montevideo por violar el tratado del río Uruguay, pero tampoco favorece a Buenos Aires porque "no puede probarse" la contaminación sonora y visual que, supuestamente, genera la papelera.
El fallo, sin embargo, no se refiere a la acción de decenas de ecologistas y vecinos de Gualeguaychú mantienen cortado desde noviembre de 2006 el puente General San Martín sobre la ruta 136 que conduce a Fray Bentos, por lo que ambos Gobierno han tenido que debatir este asunto de manera bilateral.
El Gobierno nacional considera en este caso "delitos hechos tales como, homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito".
MONITOREO DE LA PLANTA
José Pouler, uno de los líderes de los asambleístas, reconoció que la posibilidad de levantar el bloqueo está vinculada "en parte" con la demanda presentada por el Gobierno, pero aclaró que "hay que empezar a exigir cosas" para evitar que Uruguay se niegue a la supervisión de la papelera acordada por ambos países.
"Entonces, tal vez nuestra tozudez haga que esto se prolongue en el tiempo y no conseguir las pruebas que demuestran que Botnia (UPM) contamina", dijo Pouler en declaraciones citadas por el diario local 'Clarín'. "Hay que ver qué quiere el Gobierno darnos a cambio", añadió el activista.
Fernández de Kirchner y su par uruguayo, José Mujica, acordaron realizar supervisiones periódicas a la planta de celulosa finlandesa para determinar sus posibles efector contaminantes sobre el río Uruguay, que comparten ambas naciones.
La presencia de la papelera cerca del río Uruguay ha provocado fuertes confrontaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Montevideo, ante la negativa de éste último de prescindir de los servicios de la planta finlandesa situada en Fray Bentos, que produce un millón de toneladas anuales de celulosa blanqueada de fibra corta de eucalipto, según datos divulgados por la prensa local.
En un comienzo, Argentina expresó abiertamente su rechazo a la instalación de la 'pastera' en la zona fronteriza, pero desde que La Haya emitió el fallo en abril su postura ha ido cambiando hasta retirar su apoyo a la Asamblea de Gualeguaychú que ahora ve como una "traición" las recientes medidas de la Casa Rosada.
Pouler aseguró que en los últimos tres años han estado al lado de "un gobierno que ha estado ausente, que nos ha mentido continuamente" y lamentó la querella que presentó el Ejecutivo en contra de los manifestantes porque eso pone en evidencia que "era una decisión del gobierno engañarnos".
Angelini considera que "es una decisión acertada levantar el corte por dos meses" y no le extraña que los propios asambleístas hayan propuesto esta medida tres años después "porque siempre existieron posiciones extremadas y moderadas" entre los manifestantes que rechazan la planta de celulosa alegando que es contaminantes.
Este anuncio de los manifestantes se produce el mismo día en el que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner publicara en el Boletín Oficial del Estado el decreto que ratifica la presentación del procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, como querellante en la causa por el corte de la ruta que comunica con territorio uruguayo, que tramita Gustavo Pimentel, juez de la localidad argentina Concepción del Uruguay.
En el decreto, las autoridades argentinas señalan que "en la mencionada causa se investigan las conductas atribuidas a un conjunto de ciudadanos, vinculadas con la ocupación indebida del Paso Fronterizo Internacional de Gualeguaychú (Argentina) - Fray Bentos (Uruguay), como protesta por la instalación de una fábrica de celulosa" en el país vecino.
"Corresponde garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar permitiendo, en consecuencia, la circulación de los vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos", resalta el texto.
Pimentel dictaminó la semana pasada que se debe garantizar el libre tránsito en el puente que une a los dos países. Esta orden se suma al fallo emitido el pasado 20 de abril por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que condena a Montevideo por violar el tratado del río Uruguay, pero tampoco favorece a Buenos Aires porque "no puede probarse" la contaminación sonora y visual que, supuestamente, genera la papelera.
El fallo, sin embargo, no se refiere a la acción de decenas de ecologistas y vecinos de Gualeguaychú mantienen cortado desde noviembre de 2006 el puente General San Martín sobre la ruta 136 que conduce a Fray Bentos, por lo que ambos Gobierno han tenido que debatir este asunto de manera bilateral.
El Gobierno nacional considera en este caso "delitos hechos tales como, homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito".
MONITOREO DE LA PLANTA
José Pouler, uno de los líderes de los asambleístas, reconoció que la posibilidad de levantar el bloqueo está vinculada "en parte" con la demanda presentada por el Gobierno, pero aclaró que "hay que empezar a exigir cosas" para evitar que Uruguay se niegue a la supervisión de la papelera acordada por ambos países.
"Entonces, tal vez nuestra tozudez haga que esto se prolongue en el tiempo y no conseguir las pruebas que demuestran que Botnia (UPM) contamina", dijo Pouler en declaraciones citadas por el diario local 'Clarín'. "Hay que ver qué quiere el Gobierno darnos a cambio", añadió el activista.
Fernández de Kirchner y su par uruguayo, José Mujica, acordaron realizar supervisiones periódicas a la planta de celulosa finlandesa para determinar sus posibles efector contaminantes sobre el río Uruguay, que comparten ambas naciones.
La presencia de la papelera cerca del río Uruguay ha provocado fuertes confrontaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Montevideo, ante la negativa de éste último de prescindir de los servicios de la planta finlandesa situada en Fray Bentos, que produce un millón de toneladas anuales de celulosa blanqueada de fibra corta de eucalipto, según datos divulgados por la prensa local.
En un comienzo, Argentina expresó abiertamente su rechazo a la instalación de la 'pastera' en la zona fronteriza, pero desde que La Haya emitió el fallo en abril su postura ha ido cambiando hasta retirar su apoyo a la Asamblea de Gualeguaychú que ahora ve como una "traición" las recientes medidas de la Casa Rosada.
Pouler aseguró que en los últimos tres años han estado al lado de "un gobierno que ha estado ausente, que nos ha mentido continuamente" y lamentó la querella que presentó el Ejecutivo en contra de los manifestantes porque eso pone en evidencia que "era una decisión del gobierno engañarnos".
