Los partidos mayoritarios plantan cara al plan del lehendakari
01/10/2010 - 09:45
Por: CÉSAR CALVAR. COLPISA
Alonso dejó claro que pese al apoyo que pueda recibir en el Parlamento vasco, el plan del lehendakari desborda la Constitución y por ello debe ser parado política y jurídicamente.
El PSOE resaltó que el plan de Ibarretxe genera una importante incertidumbre en el seno de la sociedad y en las instituciones del País Vasco que no merecen los ciudadanos de esa comunidad. Alonso vinculó esta táctica con las aspiraciones del jefe del Gobierno vasco de cara a los próximos comicios autonómicos y a su temor creciente a sufrir una derrota a manos de sus adversarios del PSE.
El PP tampoco se quedó corto en su rechazo al proyecto del Ejecutivo de Vitoria, que su secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Ignacio Astarloa, calificó de chapuza jurídica extraordinaria y consideró inconstitucional de raíz.
Ni una coma
Astarloa, representante del ala dura de los populares frente a las aspiraciones de los nacionalistas, hizo honor a la máxima repetida por Mariano Rajoy de que su discurso en este asunto no ha variado ni una coma desde 2005, cuando Ibarretxe acudió al Congreso a presentar su plan. El PP, garantizó, hará cuanto esté en su mano política y jurídicamente para evitar que se consume este desafío a la Constitución, incluida la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
Los populares hicieron un llamamiento al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para que ponga fin a la complacencia y adopte inmediatamente todas las acciones jurídicas que están en las manos del Gobierno para evitar que se consume este delirio. No hace falta estar ni en primero de Derecho, señaló el dirigente del PP y ex secretario de Estado de Seguridad, para saber que un lehendakari y una cámara legislativa autonómica no pueden poner en marcha semejante proceso mediante una ley.
El coordinador general de Izquierda Unida -cuya filial vasca, Ezker Batua, secunda el plan del lehendakari- evitó opinar sobre la iniciativa del lehendakari alegando que desconoce sus detalles. Lo estudiaremos, hablaremos con los compañeros y fijaremos posición, fue cuanto se atrevió a decir en rueda de prensa. Su compañero de grupo y diputado de ICV, Joan Herrera, tampoco quiso pronunciarse porque primero quiere analizar el plan de Ibarretxe sosegadamente.
Réditos electorales
Las reacciones de los representantes en el País Vasco de los principales partidos fueron parecidas a las de sus líderes nacionales. El secretario general del PSE y candidato a lehendakari, Patxi López, señaló que la iniciativa del presidente vasco pone de manifiesto que no busca ni el diálogo ni el acuerdo, sino la división para sacar réditos electorales. López recordó que Ibarretxe prometió consultar a los ciudadanos sólo en ausencia de violencia y ETA está hoy inmersa en una ofensiva brutal. La banda, destacó, sólo entiende el lenguaje de la firmeza y la unidad y el jefe del Gobierno autonómico lejos de propiciar esta unidad, la aleja.
López denunció, además, que el proyecto que el lehendakari presenta como el derecho a decidir de los vascos, lo que de verdad defiende son los objetivos del nacionalismo más radical y doctrinario: la independencia y la territorialidad, es decir, la creación de un nuevo Estado que integre a las tres provincias vascas, Navarra y los territorios vascos del sur de Francia.
El presidente del PP vasco, Carmelo Barrio, pidió también a José Luis Rodríguez Zapatero que actúe de inmediato y con todos los recursos jurídicos y políticos para derrotar el proyecto de consulta. Es una iniciativa anticonstitucional que debe ser neutralizada por la acción de los tribunales y del Gobierno de España, señaló.
Respuesta negativa de Manos Limpias y Jueces para la Democracia
La organización Manos Limpias anunció ayer su intención de recurrir ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la consulta aprobada ayer por el Consejo de Gobierno de Juan José Ibarretxe, camino ya anticipado también por el Gobierno central. El colectivo de funcionarios públicos impugnará este acuerdo al considerar que es nulo de pleno derecho, según el secretario general, Miguel Bernad.
Aunque lo quieran disfrazar de proyecto de Ley para convertirlo en Ley de Consulta, no lo pueden hacer si no se modifica el Estatuto de Autonomía, recordó Bernad. En este sentido, Manos Limpias califica de demencial el proyecto, porque se pretende engañar a los tontos.
El colectivo ya recurrió en su momento el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprobó el denominado Plan Ibarretxe y, aunque la impugnación fue tramitada por el Tsjpv, finalmente el procedimiento quedó archivado.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, incidió ayer en que, a pesar de que el proyecto de Ley de Convocatoria y Regulación de Consulta Popular impulsado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, está abocado al recurso de inconstitucionalidad, será finalmente suspendido y no hará falta recurrir a procedimientos extraordinarios. En su opinión, el Estado de Derecho tiene los mecanismos para depurar eventualmente estas iniciativas que se pueden considerar contrarias a la Constitución.
En este sentido, precisó que estos sistemas de consulta requieren una maquinaria electoral que hoy día sólo podría poner en marcha el Ejecutivo central. En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, aseguró que esta iniciativa excede las posibilidades de un presidente de una comunidad autónoma, lisa y llanamente.
El PP tampoco se quedó corto en su rechazo al proyecto del Ejecutivo de Vitoria, que su secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Ignacio Astarloa, calificó de chapuza jurídica extraordinaria y consideró inconstitucional de raíz.
Ni una coma
Astarloa, representante del ala dura de los populares frente a las aspiraciones de los nacionalistas, hizo honor a la máxima repetida por Mariano Rajoy de que su discurso en este asunto no ha variado ni una coma desde 2005, cuando Ibarretxe acudió al Congreso a presentar su plan. El PP, garantizó, hará cuanto esté en su mano política y jurídicamente para evitar que se consume este desafío a la Constitución, incluida la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
Los populares hicieron un llamamiento al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para que ponga fin a la complacencia y adopte inmediatamente todas las acciones jurídicas que están en las manos del Gobierno para evitar que se consume este delirio. No hace falta estar ni en primero de Derecho, señaló el dirigente del PP y ex secretario de Estado de Seguridad, para saber que un lehendakari y una cámara legislativa autonómica no pueden poner en marcha semejante proceso mediante una ley.
El coordinador general de Izquierda Unida -cuya filial vasca, Ezker Batua, secunda el plan del lehendakari- evitó opinar sobre la iniciativa del lehendakari alegando que desconoce sus detalles. Lo estudiaremos, hablaremos con los compañeros y fijaremos posición, fue cuanto se atrevió a decir en rueda de prensa. Su compañero de grupo y diputado de ICV, Joan Herrera, tampoco quiso pronunciarse porque primero quiere analizar el plan de Ibarretxe sosegadamente.
Réditos electorales
Las reacciones de los representantes en el País Vasco de los principales partidos fueron parecidas a las de sus líderes nacionales. El secretario general del PSE y candidato a lehendakari, Patxi López, señaló que la iniciativa del presidente vasco pone de manifiesto que no busca ni el diálogo ni el acuerdo, sino la división para sacar réditos electorales. López recordó que Ibarretxe prometió consultar a los ciudadanos sólo en ausencia de violencia y ETA está hoy inmersa en una ofensiva brutal. La banda, destacó, sólo entiende el lenguaje de la firmeza y la unidad y el jefe del Gobierno autonómico lejos de propiciar esta unidad, la aleja.
López denunció, además, que el proyecto que el lehendakari presenta como el derecho a decidir de los vascos, lo que de verdad defiende son los objetivos del nacionalismo más radical y doctrinario: la independencia y la territorialidad, es decir, la creación de un nuevo Estado que integre a las tres provincias vascas, Navarra y los territorios vascos del sur de Francia.
El presidente del PP vasco, Carmelo Barrio, pidió también a José Luis Rodríguez Zapatero que actúe de inmediato y con todos los recursos jurídicos y políticos para derrotar el proyecto de consulta. Es una iniciativa anticonstitucional que debe ser neutralizada por la acción de los tribunales y del Gobierno de España, señaló.
Respuesta negativa de Manos Limpias y Jueces para la Democracia
La organización Manos Limpias anunció ayer su intención de recurrir ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la consulta aprobada ayer por el Consejo de Gobierno de Juan José Ibarretxe, camino ya anticipado también por el Gobierno central. El colectivo de funcionarios públicos impugnará este acuerdo al considerar que es nulo de pleno derecho, según el secretario general, Miguel Bernad.
Aunque lo quieran disfrazar de proyecto de Ley para convertirlo en Ley de Consulta, no lo pueden hacer si no se modifica el Estatuto de Autonomía, recordó Bernad. En este sentido, Manos Limpias califica de demencial el proyecto, porque se pretende engañar a los tontos.
El colectivo ya recurrió en su momento el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprobó el denominado Plan Ibarretxe y, aunque la impugnación fue tramitada por el Tsjpv, finalmente el procedimiento quedó archivado.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, incidió ayer en que, a pesar de que el proyecto de Ley de Convocatoria y Regulación de Consulta Popular impulsado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, está abocado al recurso de inconstitucionalidad, será finalmente suspendido y no hará falta recurrir a procedimientos extraordinarios. En su opinión, el Estado de Derecho tiene los mecanismos para depurar eventualmente estas iniciativas que se pueden considerar contrarias a la Constitución.
En este sentido, precisó que estos sistemas de consulta requieren una maquinaria electoral que hoy día sólo podría poner en marcha el Ejecutivo central. En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, aseguró que esta iniciativa excede las posibilidades de un presidente de una comunidad autónoma, lisa y llanamente.