Los sindicatos de enseñanza se reunirán el lunes para definir el calendario de movilizaciones

CCOO, UGT, ANPE, STE y CSIF, sindicatos mayoritarios en el sector de la enseñanza en Castilla-La Mancha, se han reunido esta mañana para definir el nuevo calendario de movilizaciones y el carácter de las mismas ante los recortes y los despidos en la enseñanza pública. Las organizaciones sindicales no han logrado alcanzar un acuerdo y han quedado emplazados a un nuevo encuentro el próximo lunes 26 de septiembre a las 10.30 horas también en Ciudad Real, en la Delegación de Educación.
Tras la reunión, que se ha prolongado durante más de tres horas, el secretario regional de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha, Alfonso Gil, explicó que los sindicatos coinciden en que hay que proponer nuevas movilizaciones y que hay que convocar una huelga. Pero "tenemos que concretar en qué fechas, así como el alcance de la huelga, que consideramos debe ser de todo el profesorado".
Desde Comisiones Obreras "abogamos por mantener la unidad de acción sindical que es que los docentes desean", afirmó Gil.
Las nuevas movilizaciones se sumarán a las concentraciones y manifestaciones convocadas en la región, en las cinco capitales de provincia, para el próximo 5 de octubre, Día Mundial del Docente, y el 20 del mismo mes.
Asimismo, el 22 de octubre los sindicatos de enseñanza en el país han convocado una  “marcha sobre Madrid” en defensa de la enseñanza pública y del profesorado, y para protestar contra los recortes presupuestarios anunciados por los Gobiernos de Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia y Navarra.
Desde que el Gobierno de Mª Dolores de Cospedal anunciara e impusiera los recortes en la enseñanza pública recogidos en su Plan de Garantía de los Servicios Sociales, los sindicatos más representativos del sector en la región iniciaron una campaña de movilización con manifestaciones, concentraciones y asambleas en las que ha habido una participación multitudinaria.
Los recortes del Plan Cospedal suponen para la educación regional la pérdida de miles de empleos, una merma en la calidad del servicio público educativo y un atentado contra los derechos de los trabajadores de la enseñanza.
La ampliación del periodo lectivo del profesorado no supone simplemente un esfuerzo adicional como pretende presentarse, sino que conlleva una reducción del 10% del profesorado; reducción que se verá incrementada con la incorporación a sus centros de profesionales que desempeñan sus funciones en otros lugares (centros de profesores, asesorías técnicas docentes, etc...)
La calidad de la educación se verá mermada pues obligará a buena parte del profesorado a impartir materias afines en las que no está especializado y detraerá el tiempo necesario para otras tareas necesarias en los centros (coordinación, atención a familias y alumnos, formación, preparación, etc...)
El Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos supone también un ataque a derechos de los trabajadores y trabajadoras cuya consecución ha costado mucho esfuerzo y suponen un empeoramiento considerable de sus condiciones laborales y retributivas, sin que en algunos casos supongan un ahorro apreciable.