Magdalena Valerio pide una reunión con el ministro Caamaño para hablar sobre las transferencias de Justicia
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio, afirmó que ya ha enviado una carta al nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para solicitarle un encuentro, y transmitirle el interés de Gobierno regional por asumir el traspaso de competencias de Justicia. Se mostró confiada en que el cambio de titularidad en el Ministerio no afecte "en especial" a las negociaciones, y señaló que el "gran escollo" en este proceso son las inversiones y la modernización de la administración, en relación a los edificios y a la aplicación de las nuevas tecnologías.
Así lo confirmó en declaraciones a Europa Press la consejera, quien se mostró segura de la disposición de Caamaño para alcanzar un acuerdo, "pues es una persona que viene con un pedigrí de responsabilidad, y de buen negociador, porque le hemos tenido en primera línea negociando el Estatuto de Castilla-La Mancha", dijo.
Valerio defendió que su antecesora en el cargo, Angelina Martínez, cerró muchos asuntos de este proceso, y a pesar de que queden "flecos", se ha cerrado el Capítulo 1, relativo al personal, que afectará a 1.700 personas, entre funcionarios y laborales; o el Capítulo 2, relativo al gasto corriente y mantenimiento.
Pero el "gran escollo", reiteró, es la financiación del Capítulo 6, relativo a las inversiones y la modernización de la justicia. "El Ministerio lleva varios años haciendo un esfuerzo para que la justicia se suba al carro de la innovación, y ha ido mejorando la inversión, pero todavía queda mucho camino por recorrer", admitió.
"De ahí que el objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha sea cerrar esa negociación, pero con una cuantía económica que nos permita no solo seguir prestando el servicio, sino mejorarlo" manifestó.
Por ello, aseveró que su departamento seguirá reclamando en la mesa de negociación más dotación de jueces y magistrados, una financiación adecuada para construir los edificios que sean necesarios, y reformar los existentes, "porque vamos a heredar 51 edificios, y algunos de ellos habrá que hacerlos nuevos".
En este punto, Valerio reconoció que Castilla-La Mancha está a la cola de las Comunidades Autónomas en número de jueces, pues si la media del país es de unos 10 jueces por 100.000 habitantes, "nosotros tenemos 8,4 jueces", aunque agregó que en los últimos años el Ministerio ha creado 22 nuevas unidades judiciales.
"Insistimos tanto en que queremos una financiación adecuada, porque nos importa más el cuánto y el cómo, que el cuándo", apuntó la consejera de Administraciones Públicas y Justicia, que no se atrevió a dar una fecha concreta.
PLAN ESTRATÉGICO
Dejando a un lado el proceso de negociación, Magdalena Valerio señaló que la Dirección General de Justicia está elaborando un Plan Estratégico, "para que al día siguiente de asumir esas competencias, tengamos una Hoja de Ruta y sepamos cómo gestionarlas".
Así, explicó que en julio del año pasado de dieron cita en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 39 expertos que realizaron un 'análisis dafo' que diagnosticó la situación, para a partir de ahí elaborar ese Plan Estratégico de la Justicia en Castilla-La Mancha.
Ese plan, prosiguió la consejera, se estructura en cinco ejes estratégicos. El primero de ellos, hace referencia al presupuesto que se necesita, y al plazo de tiempo; el segundo, contempla las medidas a adoptar para mejorar la atención a la ciudadanía y a los profesionales; el tercero contempla las medidas para la implantación de la oficina judicial; el cuarto, la puesta en marcha de nuevas tecnologías; y el quinto, las acciones a realizar para mejorar los equipamientos informáticos e inmuebles.
Por último, matizó que una de las carencias que salió a la luz tras ese 'análisis dafo', fue la necesidad de acometer un esfuerzo en formación de personal y operadores jurídicos. "Por ello seguiremos colaborando con el Consejo General del Poder Judicial, con la Federación de Municipios y Provincias, con Consejo General de la Abogacía de Castilla-La Mancha, para contribuir, en la medida de nuestras posibilidades a mejorar esta formación", aseguró.
JUECES
De otro lado, respecto a la huelga que los jueces llevaron a cabo el pasado 18 de febrero, la consejera defendió que a pesar de que "ellos consideraron que tenían que hacer esa protesta, son un poder del Estado, y dentro de estos poderes hay otras metodologías que, a mi juicio, son más razonables y útiles para defender lo que en definitiva nos une a todos, que es la mejora de la administración de justicia".
"Tanto el CGPJ, como el Ministerio se han preocupado en los últimos años por los déficit históricos que presenta, y este Gobierno ha sido el que más plazas de jueces y fiscales ha creado, y el que ha duplicado la inversión en tecnología, aunque queda mucho por hacer", concluyó.
Valerio defendió que su antecesora en el cargo, Angelina Martínez, cerró muchos asuntos de este proceso, y a pesar de que queden "flecos", se ha cerrado el Capítulo 1, relativo al personal, que afectará a 1.700 personas, entre funcionarios y laborales; o el Capítulo 2, relativo al gasto corriente y mantenimiento.
Pero el "gran escollo", reiteró, es la financiación del Capítulo 6, relativo a las inversiones y la modernización de la justicia. "El Ministerio lleva varios años haciendo un esfuerzo para que la justicia se suba al carro de la innovación, y ha ido mejorando la inversión, pero todavía queda mucho camino por recorrer", admitió.
"De ahí que el objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha sea cerrar esa negociación, pero con una cuantía económica que nos permita no solo seguir prestando el servicio, sino mejorarlo" manifestó.
Por ello, aseveró que su departamento seguirá reclamando en la mesa de negociación más dotación de jueces y magistrados, una financiación adecuada para construir los edificios que sean necesarios, y reformar los existentes, "porque vamos a heredar 51 edificios, y algunos de ellos habrá que hacerlos nuevos".
En este punto, Valerio reconoció que Castilla-La Mancha está a la cola de las Comunidades Autónomas en número de jueces, pues si la media del país es de unos 10 jueces por 100.000 habitantes, "nosotros tenemos 8,4 jueces", aunque agregó que en los últimos años el Ministerio ha creado 22 nuevas unidades judiciales.
"Insistimos tanto en que queremos una financiación adecuada, porque nos importa más el cuánto y el cómo, que el cuándo", apuntó la consejera de Administraciones Públicas y Justicia, que no se atrevió a dar una fecha concreta.
PLAN ESTRATÉGICO
Dejando a un lado el proceso de negociación, Magdalena Valerio señaló que la Dirección General de Justicia está elaborando un Plan Estratégico, "para que al día siguiente de asumir esas competencias, tengamos una Hoja de Ruta y sepamos cómo gestionarlas".
Así, explicó que en julio del año pasado de dieron cita en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 39 expertos que realizaron un 'análisis dafo' que diagnosticó la situación, para a partir de ahí elaborar ese Plan Estratégico de la Justicia en Castilla-La Mancha.
Ese plan, prosiguió la consejera, se estructura en cinco ejes estratégicos. El primero de ellos, hace referencia al presupuesto que se necesita, y al plazo de tiempo; el segundo, contempla las medidas a adoptar para mejorar la atención a la ciudadanía y a los profesionales; el tercero contempla las medidas para la implantación de la oficina judicial; el cuarto, la puesta en marcha de nuevas tecnologías; y el quinto, las acciones a realizar para mejorar los equipamientos informáticos e inmuebles.
Por último, matizó que una de las carencias que salió a la luz tras ese 'análisis dafo', fue la necesidad de acometer un esfuerzo en formación de personal y operadores jurídicos. "Por ello seguiremos colaborando con el Consejo General del Poder Judicial, con la Federación de Municipios y Provincias, con Consejo General de la Abogacía de Castilla-La Mancha, para contribuir, en la medida de nuestras posibilidades a mejorar esta formación", aseguró.
JUECES
De otro lado, respecto a la huelga que los jueces llevaron a cabo el pasado 18 de febrero, la consejera defendió que a pesar de que "ellos consideraron que tenían que hacer esa protesta, son un poder del Estado, y dentro de estos poderes hay otras metodologías que, a mi juicio, son más razonables y útiles para defender lo que en definitiva nos une a todos, que es la mejora de la administración de justicia".
"Tanto el CGPJ, como el Ministerio se han preocupado en los últimos años por los déficit históricos que presenta, y este Gobierno ha sido el que más plazas de jueces y fiscales ha creado, y el que ha duplicado la inversión en tecnología, aunque queda mucho por hacer", concluyó.