Mantener una calle con el nombre de un etarra no es enaltecer el terrorismo
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La Audiencia señala que el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas sólo puede perseguir hechos cometidos a partir del 24 de diciembre de 2000, fecha en la que entró en vigor la reforma de Código Penal que introdujo esta tipificación.
De igual modo, se establece que estar de acuerdo con la decisión de un alcalde que dedicó una calle a un terrorista tampoco constituye una actuación delictiva.
El delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas sólo puede cometerse mediante un comportamiento activo --un hacer, una acción-- que contravenga la prohibición contenida en ésta, según la Audiencia Nacional. Quien no hace nada no puede violar la prohibición contenida en la norma, aunque con su pasividad exteriorice su acuerdo con lo hecho por otro, con la acción de otro contraria a una norma prohibitiva, explica el auto, antes de añadir que para que una omisión pueda constituir delito es precisa la existencia de una norma que prohíba no hacer lo ordenado.
En todo caso, la Audiencia señala a Dignidad y Justicia otros caminos para conseguir su objetivo, insinuando que la vía contencioso-administrativa es la adecuada para este tipo de reclamaciones. Así, el auto señala que no quitar el nombre de un terrorista puesto por una corporación anterior constituye una conducta antijurídica y es contrario a la norma, por lo que puede constituir un ilícito de otro tipo o ser objeto de impugnación por otras vías.
Cierran nueve querellas
Con este auto, el tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez cierra la vía a las nueve querellas presentadas por DyJ sobre el denominado callejero etarra en municipios del País Vasco y Navarra, ya que especifica que es de aplicación a otros supuestos semejantes y, por lo tanto, procedería extender el análisis e idénticas consecuencias a esos otros casos.
De hecho, la Sala de lo Penal de la Audiencia adoptó esta decisión tras rechazar el recurso de apelación presentado por Dignidad y Justicia contra el auto del juez Santiago Pedraz, que archivó la querella de la asociación contra contra el alcalde de Leioa (Vizcaya), Eneko Arruabarrena (PNV), alegando que ninguna resolución judicial acredita la pertenencia a ETA de dos personas que cuentan con calles en el municipio.
La resolución de ayer no afectará, sin embargo, a la querella que la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) presentó contra el ex alcalde de Santa Coloma de Cervelló Josep Comellas (ERC) por dedicar una calle al miembro del Ejército Popular Catalán (EPOCA) Jaume Martínez Vendrell, ya que esta decisión se adoptó en 2007. En diciembre pasado, la Sección Segunda ordenó al juez Ismael Moreno reabrir esta investigación.
El caso de Hernani
Tras conocer la sentencia, Daniel Portero, presidente de DyJ, lamentó la falta de valentía y anunció que recurrirá el auto sobre el callejero etarra ante el Tribunal Supremo y presentará sus nueve querellas por la vía contencioso-administrativa. Además, Portelo subrayó las graves consecuencias que tendrá este auto en investigaciones que se encuentran abiertas, como la que llevó al juez Fernando Grande-Marlaska a ordenar la retirada del monolito y el cartel con el que el etarra José Aristimuño, Pana, daba nombre a un parque infantil de Hernani (Guipúzcoa).
Me pregunto si la sociedad admitirá que se reponga el monumento a José Aristimuño, señaló Portero antes de mostrarse convencido de que la defensa de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia (ANV), pedirá al instante la restitución del monolito con el nombre del terrorista asesino. Eso sería un daño mucho mayor para las víctimas. Los que han tomado esta decisión que apechuguen, espetó.
Francia entrega a tres terrorista
Las autoridades francesas entregaron ayer a tres etarras para que sean juzgados por la Audiencia Nacional. Entre ellos figura Óscar Celearain Ortiz, presunto miembro del comando Argala que atentó contra la casa cuartel de Santa Pola en 2002, que causó la muerte de una niña y de un hombre de 57 años. Junto a él, fueron entregados Eneko Aguirresarobe y Cristina Goricelaia, primera etarra condenada en el país vecino por gestionar el impuesto revolucionario.
Ortiz fue detenido el 20 de septiembre de 2002 y, cuatro año más tarde, condenado por el Tribunal Correccional de París a ocho años de prisión. Por su parte, el arresto de Aguirresarobe se produjo en noviembre de 2003.
El delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas sólo puede cometerse mediante un comportamiento activo --un hacer, una acción-- que contravenga la prohibición contenida en ésta, según la Audiencia Nacional. Quien no hace nada no puede violar la prohibición contenida en la norma, aunque con su pasividad exteriorice su acuerdo con lo hecho por otro, con la acción de otro contraria a una norma prohibitiva, explica el auto, antes de añadir que para que una omisión pueda constituir delito es precisa la existencia de una norma que prohíba no hacer lo ordenado.
En todo caso, la Audiencia señala a Dignidad y Justicia otros caminos para conseguir su objetivo, insinuando que la vía contencioso-administrativa es la adecuada para este tipo de reclamaciones. Así, el auto señala que no quitar el nombre de un terrorista puesto por una corporación anterior constituye una conducta antijurídica y es contrario a la norma, por lo que puede constituir un ilícito de otro tipo o ser objeto de impugnación por otras vías.
Cierran nueve querellas
Con este auto, el tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez cierra la vía a las nueve querellas presentadas por DyJ sobre el denominado callejero etarra en municipios del País Vasco y Navarra, ya que especifica que es de aplicación a otros supuestos semejantes y, por lo tanto, procedería extender el análisis e idénticas consecuencias a esos otros casos.
De hecho, la Sala de lo Penal de la Audiencia adoptó esta decisión tras rechazar el recurso de apelación presentado por Dignidad y Justicia contra el auto del juez Santiago Pedraz, que archivó la querella de la asociación contra contra el alcalde de Leioa (Vizcaya), Eneko Arruabarrena (PNV), alegando que ninguna resolución judicial acredita la pertenencia a ETA de dos personas que cuentan con calles en el municipio.
La resolución de ayer no afectará, sin embargo, a la querella que la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) presentó contra el ex alcalde de Santa Coloma de Cervelló Josep Comellas (ERC) por dedicar una calle al miembro del Ejército Popular Catalán (EPOCA) Jaume Martínez Vendrell, ya que esta decisión se adoptó en 2007. En diciembre pasado, la Sección Segunda ordenó al juez Ismael Moreno reabrir esta investigación.
El caso de Hernani
Tras conocer la sentencia, Daniel Portero, presidente de DyJ, lamentó la falta de valentía y anunció que recurrirá el auto sobre el callejero etarra ante el Tribunal Supremo y presentará sus nueve querellas por la vía contencioso-administrativa. Además, Portelo subrayó las graves consecuencias que tendrá este auto en investigaciones que se encuentran abiertas, como la que llevó al juez Fernando Grande-Marlaska a ordenar la retirada del monolito y el cartel con el que el etarra José Aristimuño, Pana, daba nombre a un parque infantil de Hernani (Guipúzcoa).
Me pregunto si la sociedad admitirá que se reponga el monumento a José Aristimuño, señaló Portero antes de mostrarse convencido de que la defensa de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia (ANV), pedirá al instante la restitución del monolito con el nombre del terrorista asesino. Eso sería un daño mucho mayor para las víctimas. Los que han tomado esta decisión que apechuguen, espetó.
Francia entrega a tres terrorista
Las autoridades francesas entregaron ayer a tres etarras para que sean juzgados por la Audiencia Nacional. Entre ellos figura Óscar Celearain Ortiz, presunto miembro del comando Argala que atentó contra la casa cuartel de Santa Pola en 2002, que causó la muerte de una niña y de un hombre de 57 años. Junto a él, fueron entregados Eneko Aguirresarobe y Cristina Goricelaia, primera etarra condenada en el país vecino por gestionar el impuesto revolucionario.
Ortiz fue detenido el 20 de septiembre de 2002 y, cuatro año más tarde, condenado por el Tribunal Correccional de París a ocho años de prisión. Por su parte, el arresto de Aguirresarobe se produjo en noviembre de 2003.