Montero recuerda a las CCAA que pueden pedir el estado de alarma si el TS no atiende sus peticiones
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este viernes que las comunidades autónomas disponen de una "amplia batería" de medidas con las que controlar la incidencia de la pandemia de Covid-19 sin limitar derechos "fundamentales" y ha recordado que pueden solicitar al Ejecutivo central la declaración del estado de alarma para un territorio concreto si el Tribunal Supremo no atiende sus peticiones para un cierre perimetral.
Montero ha indicado que "las resoluciones que el Tribunal Supremo vaya produciendo sobre los pronunciamientos que en los tribunales superiores de justicia de los territorios estén haciendo hay que verlas siempre con cautela, en los términos exactos", y ha apuntado que "a veces se trata de justificar mejor por qué una comunidad autónoma pide un cierre perimetral, un toque de queda o cualquier medida que pueda estar en relación con limitaciones de derechos fundamentales de ciudadanos".
La ministra, en todo caso, ha subrayado que "las comunidades autónomas tienen una amplia batería de medidas que no suponen una limitación de derechos fundamentales", como las relativas a horarios de apertura de establecimientos, las limitaciones de aforos o "el uso o no de la vía pública para determinadas cuestiones", que no requieren de autorización judicial, según ha recordado.
Montero ha señalado que "hay que ser muy cautos en la limitación de derechos fundamentales, y a veces lo importante es justificar bien por qué se produce ese cierre" solicitado por la comunidad autónoma, según ha agregado.
"Si haciendo eso el Supremo no atiende la petición que la comunidad autónoma haga, siempre existe el último recurso de solicitar al Gobierno de España que, para ese territorio, le pida al Congreso de los Diputados que decrete el estado de alarma", según ha recordado la ministra antes de confirmar que, por ahora, ninguna administración autonómica ha realizado esa solicitud para puntos de sus territorios, pero los presidentes autonómicos saben que tienen "en su mano" ese "instrumento final", según ha incidido.