Ocho meses del secuestro parental de Amaya

15/10/2018 - 16:58 D.Pizarro

Desde que en febrero la madre se llevase a la niña a Polonia, el guadalajareño Raúl Pascual sólo la ha visto una vez.

El 9 de febrero de este año, Raúl Pascual del Río puso una denuncia ante los juzgados de Guadalajara por la desaparición de su hija Amaya, que el pasado viernes cumplió dos años. Éste es uno de los cerca de 400 casos de secuestro parental que se registran en nuestro país cada año. El auge viene por el incremento de relaciones en el que alguno de los miembros es extranjero, lo que puede acabar con la marcha a su país de origen acompañado por el hijo de la pareja. 

Es lo que le sucedió a Pascual del Río, que durante estos últimos ocho meses ha estado luchando en los juzgados tanto de España como de Polonia para recuperar a su hija. Él tiene la patria potestad de la pequeña, pero es su madre, Elwira Monika Kochan, la que tiene a la niña en Polonia, su país natal. 

Este guadalajareño se ha acostumbrado a cargar con una enorme carpeta amarilla llena de autos judiciales y traducciones oficiales del español al polaco y viceversa, documentos en los que dice llevar gastados cerca de 7.000 euros. Para explicar su trágica historia, Pascual del Río se remonta a su matrimonio con la madre de su hija, tras lo cual decidieron marcharse a Polonia en junio de 2015, “pese a que ella estaba pendiente de una sentencia por prostitución de menores”. Cuenta Raúl Pascual del Río que su exmujer, junto a su anterior pareja, tenían un piso en el que “prostituían a chicas, una de ellas menor de edad”. Eso le llevó a una sentencia, en septiembre de 2017, de dos años de prisión. “No entró en la cárcel por ser su primer delito, pero no podía abandonar el país ni trasladarse de domicilio sin comunicárselo al juzgado”, explica este guadalajareño. 

Cuatro hijos más

Antes de eso, en octubre de 2016, el matrimonio tuvo a Amaya en Polonia, que se sumó a los otro cuatro hijos que ya tenía Kochan. La niña, no obstante, tiene nacionalidad española. Apenas un año después se rompió el matrimonio “por los problemas de alcohol de mi mujer”, cuenta Raúl Pascual. “Habíamos vivido en Horche, Yebes y, finalmente, en Guadalajara, pero la situación era insostenible”. De todas formas, decidió abandonar la vivienda y dejársela a su mujer. “Para mí era lo más normal, dado que ella se quedaba con nuestra niña y sus otros hijos”. Entonces se pactó un régimen de visitas, “pues mi intención era que lo arreglásemos de manera amistosa”. La intención de Raúl Pascual era conseguir la custodia compartida, sueño que se rompió cuando, en febrero de este año, “mi mujer arrancó la niña de los brazos de mi madre cuando estaban en una clínica dental de Guadalajara”. 

Ése fue el momento en el que se considera que comenzó el secuestro parental, lo que llevó a este  padre a poner la correspondiente denuncia. No obstante, lamenta que “los juzgados no estén preparados para este tipo de situaciones, ya que no se llegó a tiempo para el cierre de fronteras”. Y es que, como señala Raúl Pascual, “en el aeropuerto te controlan para que no entres con líquidos, pero no se les ocurrió pedirle a mi exmujer la autorización con mi firma que debería llevar para sacar a la niña del país”. Elwira Monika se marchó, cuenta su exmarido, con otro hijo de nueve años, mientras que sus otros dos hijos menores los dejó a cargo de otra hija mayor de edad. 

Custodia para el padre

Este caso saltó a la luz cuando se denunció la desaparición de la pequeña, aunque la Policía llegó inicialmente a negar que se tratase de un secuestro parental, dado que ambos padres compartían la custodia. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, un juez determinó que, pese a que la patria potestad era compartida, la guardia y custodia de la niña correspondía al padre. Con este éxito judicial, el padre se mostró optimista en poder ver a su hija, “pero por mucho que lo intenté únicamente me dejaron estar con ella una hora y media el 26 de julio”. Fue la última vez que la vio. En Polonia, un juez ha establecido visitas  del padre cada 15 días. “Yo acudo pero nunca consigo verla”. Asegura que no ha faltado nunca a la cita, aunque eso le supone un importante desembolso económico por los viajes y la estancia en aquel país. “La vez que conseguí estar con ella, aún me reconocía, sabía quién era yo”, explica Raúl Pascual, con una mirada con la que transmite el miedo a que la niña, de apenas dos años, deje de recordar a su padre. 

La justicia polaca

Lo que no entiende este hombre es por qué, si en España tiene la custodia, en Polonia no ejecutan esa sentencia. Eso lleva a Raúl Pascual a cargar contra la justicia polaca. “Aunque es un país que está dentro de la Comunidad Europea, no atiende a las leyes europeas o al convenio de la Haya”. Por ello, lanza un llamamiento “a quien tenga autoridad para que exija el cumplimiento de la normativa a Polonia”. 

Mientras su caso encuentra obstáculos a cada paso, lamenta que ni siquiera se cumpla el régimen de visitas establecido en Polonia desde el 26 de junio. “La penúltima vez que fui allí, la jueza insistió en que tenía que ir a casa de mis suegros yo sólo, cuando lo que yo quería es que me acompañara mi abogado o un fiscal”. 

Con todo, cada vez le cuesta más mantener la esperanza. “Un día perdido en España por un problema en traducciones es perder dos semanas en la justicia polaca”, señala. 

Este padre se ha sumado a la asociación Niños sin Derechos, que reúne a progenitores afectados por la sustracción parental. Según los datos recabados por Raúl Pascual, en Guadalajara hay, además de su caso, otros dos. “En 2017 hubo 321 sustracciones, de las que el 73 por ciento fueron por parte de las madres. A lo  mejor, de ese total se solucionan el 30 por ciento, mientras que el resto de niños se ven privados de uno de sus padres. 

Para difundir este problema, Raúl Pascual participará en la concentración que tendrá lugar mañana en Madrid, frente al Congreso de los Diputados. El objetivo es hacer llegar a los políticos las propuestas de cambios legislativos y organizativos “que redundarán en una efectiva protección de los derechos de los niños víctimas de sustracción parental”. También insistirán en la creación de la figura nacional del Defensor del Menor.