Padres que han perdido a sus hijos, asesinados, clausuran un curso de la UNED sobre violencia

Con emotividad, pero también con la tremenda sangre fría que necesitan para seguir demandando justicia, padres y familiares que han perdido asesinados a sus hijos cerrarán hoy con sus particulares historias y espíritu de lucha el curso Violencia en nuestra sociedad: un tratamiento multidisciplinar, organizado en las últimas semanas por el centro asociado de la UNED en Guadalajara y que ha contado con cuatro conferencias y ponencias distintas entre los meses de febrero y marzo.
    La de hoy tiene como protagonista a la Asociación Víctimas y Justicia, un colectivo que, entre otras cosas, lucha por remover el actual ordenamiento jurídico español, con el objetivo, fundamentalmente, de que los asesinos cumplan de forma íntegra sus condenas en los casos más graves y, por otro, de propiciar un cambio en la Ley del Menor.
    El colectivo trae hoy hasta Guadalajara a Antonio Abad del Castillo y José Antonio Casanueva, padre y abuelo, respectivamente, de la joven Marta del Castillo, asesinada en Sevilla en 2009 y cuyo cadáver continúa sin aparecer; a María del Rosario Genovés Gimeno, madre de Sanira Sayegh, asesinada en 2005; Lucila Agredano León, madre de Rocío López Agredano, asesinada en 2008; y Juana Escolar García, madre de Jessica Spits, asesinada a puñaladas en 2007. Todos ellos, tras recordar sus historias y narrar los supuestos problemas que se han encontrado con la Justicia y/o los Cuerpos de Seguridad del Estado, han abogado, de forma prácticamente unánime, por una reforma de las leyes que cambie el actual panorama que, en muchos casos, implica que las condenas impuestas no se cumplan en la integridad. En muchos casos se trata de “leyes caducas”, refirió el abuelo de Marta del Castillo. “Y sobre la Ley del Menor ni les cuento”, subrayó. “Luchamos por el cambio de las leyes, porque es inadmisible que un código penal sea de hace dos siglos”. “Es fundamental que se recuperen los valores perdidos en la educación”, que quede atrás la falta de respeto a los profesores en los colegios, aseguró; y si los padres no colaboran, llegará el caos”. Los presuntos asesinos de su nieta son jóvenes, con la implicación de algún menor de edad.

Un colectivo reivindicativo
Víctimas y Justicia vio la luz en el año 2003, catalogada como asociación cívico-política, y ha mantenido reuniones con representantes de las administraciones públicas, de partidos políticos y con el Defensor del Pueblo, entre otros, para trasladarles sus propuestas. Su secretario, Fernando Suárez de Arcos, ha demandado en Guadalajara un “pacto de estado en educación” que recupere los valores en los jóvenes; otro pacto contra la violencia, y, también, trabajo en equipo de todas las administraciones. “Desde nuestra asociación”, refirió, “no tratamos la gradación de las penas” impuestas a aquellas personas que cometen delitos. “Ahora bien, sí decimos que en los casos más graves se cumplan las condenas”, lo que, en su opinión, no estaría reñido con aquellos intentos de reinserción que, no obstante, mantengan el grueso de la pena impuesta por un juez.
    Este curso se ha realizado bajo la dirección del profesor Narciso Martínez  Morán y la doctora Agustina Martínez Rubio, en coordinación con César Viana López. Ha tenido una dirección de 16 horas presenciales y ha estado dirigido a estudiantes, licenciados, profesionales y a cualquier persona interesada.