Piden reformar la Constitución para proteger el uso del castellano

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: EUROPA PRESS
El filósofo Fernando Savater, el director de teatro Albert Boadella y el escritor Mario Mario Vargas Llosa son algunos de los firmantes del Manifiesto por una lengua común, presentado ayer en el Ateneo de Madrid.
Un texto que, según apuntó el propio Savater, no es “una mera queja o la denuncia de un hecho” sino una iniciativa de más hondo calado que, ante la “marginación del castellano” en algunas comunidades autónomas, insta al Parlamento a acometer una serie de actuaciones en el marco legal, entre ellas incluso una reforma de la Constitución y de algunos Estatutos, “en defensa de la lengua común en España”.
“No se trata de una mera queja o de la denuncia de un hecho sino de proponer al Parlamento una serie de iniciativas legales, entre las que se contempla una posible modificación de la Constitución y de algunos Estatutos Autonómicos”, afirmó Savater durante la presentación del manifiesto. Un texto que comienza mostrando la preocupación de todos los firmantes ante la “situación institucional” que vive en estos momentos “la lengua castellana” en España.
“La única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles”, recuerdan para luego señalar que no se trata de una preocupación “meramente cultural” sino sino de “una inquietud estrictamente política” respecto “a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación”.
La primera de las premisas que contiene el texto es que si bien es cierto que “todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección” como “patrimonio compartido” no es menos cierto que “sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen”. Acto seguido matiza que son los ciudadanos “quienes tienen derechos lingüísticos” y no los territorios “ni mucho menos las lenguas” por lo que “las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc”.