Piden un nuevo modelo sanitario para discapacitados
01/10/2010 - 09:45
Por: RAFAEL HERRERO. COLPISA
En los últimos años, la situación de las personas con discapacidad en España ha mejorado sustancialmente, gracias a la importante legislación aprobada a favor de este colectivo, pero todavía persisten situaciones de discriminación que es necesario detectar y corregir.
Uno de los focos donde esta situación no igualitaria se mantiene es en el sistema sanitario español, según se desprende de un estudio pionero sobre la discapacidad elaborado por Telefónica y la Fundación Sanitas.
La investigación, elaborada en el ámbito sanitario nacional y de diversos países europeos (Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda y Suecia), constata que nuestro país tiene todavía ante sí importantes retos para situarse al nivel de los países de nuestro entorno. En nuestro país, más de 3,5 millones de personas sufren alguna discapacidad, es decir, una de cada doce tiene problemas para comunicarse, ver, oír o desplazarse.
A pesar del alto porcentaje que representan en la población española, el pormenorizado informe concluye que los discapacitados siguen sufriendo serias desventajas a la hora de participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social. Pero también a la hora de recabar atención sanitaria. Si a la hora de enfrentarse al sistema sanitario público la mayoría de las personas con discapacidad encuentran problemas, a la hora de adquirir un seguro privado muchos de los discapacitados se enfrentan a la imposibilidad para suscribirse, la exclusión de determinadas especialidades médicas, el pago de altas sobreprimas..., resalta el estudio.
Para revertir esta situación, y tomando como ejemplo los sistemas más avanzados de otros países analizados, el informe apuesta por diseñar y aplicar una Política Integral de promoción de la autonomía y prevención de la discapacidad, con la participación de todos los agentes implicados, incluidas las entidades representativas del colectivo afectado y sus familias. Esta política, con carácter transversal para todos los organismos implicados tanto a nivel estatal como autonómico, se debe concretar en un plan específico para impulsar actuaciones en materia de promoción de la salud y prevención de la discapacidad.
Asimismo, demandan una Red Integral de Desarrollo Infantil y Atención Temprana dirigida a la población infantil que presenta trastornos en su desarrollo o que tiene riesgos de manifestarlos, y encaminada a lograr un desarrollo motor, cognitivo, lingüístico, afectivo y social lo más armónico posible en los niños hasta los seis años.
La investigación, elaborada en el ámbito sanitario nacional y de diversos países europeos (Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda y Suecia), constata que nuestro país tiene todavía ante sí importantes retos para situarse al nivel de los países de nuestro entorno. En nuestro país, más de 3,5 millones de personas sufren alguna discapacidad, es decir, una de cada doce tiene problemas para comunicarse, ver, oír o desplazarse.
A pesar del alto porcentaje que representan en la población española, el pormenorizado informe concluye que los discapacitados siguen sufriendo serias desventajas a la hora de participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social. Pero también a la hora de recabar atención sanitaria. Si a la hora de enfrentarse al sistema sanitario público la mayoría de las personas con discapacidad encuentran problemas, a la hora de adquirir un seguro privado muchos de los discapacitados se enfrentan a la imposibilidad para suscribirse, la exclusión de determinadas especialidades médicas, el pago de altas sobreprimas..., resalta el estudio.
Para revertir esta situación, y tomando como ejemplo los sistemas más avanzados de otros países analizados, el informe apuesta por diseñar y aplicar una Política Integral de promoción de la autonomía y prevención de la discapacidad, con la participación de todos los agentes implicados, incluidas las entidades representativas del colectivo afectado y sus familias. Esta política, con carácter transversal para todos los organismos implicados tanto a nivel estatal como autonómico, se debe concretar en un plan específico para impulsar actuaciones en materia de promoción de la salud y prevención de la discapacidad.
Asimismo, demandan una Red Integral de Desarrollo Infantil y Atención Temprana dirigida a la población infantil que presenta trastornos en su desarrollo o que tiene riesgos de manifestarlos, y encaminada a lograr un desarrollo motor, cognitivo, lingüístico, afectivo y social lo más armónico posible en los niños hasta los seis años.