PNV, EA, EB y Aralar defienden ante el TC que la consulta sólo busca orientar
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
En sus alegaciones, los partidos vascos insiten en la necesidad de que el Constitucional levante la suspensión antes del 15 de septiembre, pues, si la mantiene más allá de esa fecha dejaría sin efecto cualquier decisión posterior.
En este sentido, avisan de la absoluta ineficacia de una eventual sentencia que declarara la ley conforme a la Constitución, pues la ley de consulta prevé su aplicación un día concreto, el 25 de octubre, y si se mantiene la suspensión hasta después de la fecha en que habría de convocarse, la consulta ya no podría tener lugar.
PNV, EA, EB y Aralar aseguran que no es posible retomar en otro tiempo la actuación proyectada sin que sufra su sentido y su finalidad, al tiempo que señalan que si no se levanta la suspensión antes del 15 de septiembre se estaría atentando contra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos que establece el artículo 23 de la Constitución. Además, sostienen que el recurso del Gobierno persigue impedir a quien es competente para ello la materialización efectiva de una actuación proyectada a realizar en un tiempo determinado e improrrogable.
En la rueda de prensa posterior a la presentación de las alegaciones, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, explicó que las formaciones defienden lo que es justo desde la serenidad y sin dejarse arrastrar por la provocación del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de quien no saben si busca una confrontación institucional o social. Según Urkullu, la consulta no tienen consecuencias negativas, y su resultado no operaría dentro de una toma de decisiones políticas, ya que su objetivo es orientar la actividad de los partidos. Es decir, que la consulta no es vinculante.
El líder de EA, Unai Ziarreta, consideró que tras la actitud de Zapatero ante la consulta hay falta de voluntad política y miedo a las preguntas y por eso trata de decir alto y fuerte quién manda, y que las instituciones vascas no pueden hacer nada sin autorización desde Madrid. El coordinador general de EB, Javier Madrazo, por su parte, denunció que el Estado vive un momento grave de regresión y recorte de libertades y dijo que la suspensión se mantendrá hasta el final porque actúan como la Inquisición, con censura previa. Por último, Patxi Zabaleta, de Aralar, que defendió la consulta como un intento de paz para la sociedad vasca y para la española.
Los argumentos del Gobierno
La Abogacía del Estado, por su parte, se opone al levantamiento de la suspensión, ya que considera que ésta permite evitar una instrumentalización del electorado vasco por parte de Ibarretxe y que está dirigida a presionar al Ejecutivo central. Sin embargo, coincide con los partidos vascos en la conveniencia de que el recurso de constitucionalidad se resuelva antes del 15 de septiembre, puesto que si se ratificara la suspensión y posteriormente el TC rechazara el recurso de constitucional -lo que no parece probable, matiza- bastaría con que el Parlamento pospusiera las fechas de convocatoria y celebración de la consulta.
En cambio, si se levantara la suspensión y, celebrada la consulta, se estimara luego este recurso, el daño a los intereses generales del Estado sería irreversible, puesto que la consulta se habría celebrado eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva que la Constitución reserva al Estado y lesionando además el capital interés de preservar la soberanía del pueblo español. El escrito recuerda además que como Zapatero no ha querido negociar con el lehendakari con la consulta se pretende movilizar al electorado vasco para forzar esa negociación sobre la oferta de pacto político.
A ello añade que la realización de la consulta de acuerdo con el calendario previsto supondría otorgar una prima política al lehendakari puesto que, aún cuando el electorado respondiera negativamente a una o a las dos preguntas, se habría creado el precedente de que es posible utilizar un procedimiento referendario para forzar políticamente al Gobierno español a seguir los dictados políticos del lehendakari. En repuesta a los diferentes argumentos presentados ante el TC por el Gobierno vasco, el escrito destaca que sean cuales sean los resultados electorales, ni el Gobierno vasco ni el de España pueden violar el orden constitucional, porque la Constitución es suprema.
Prisión para los etarras Olarra y Muñoa
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz envió ayer a prisión al ex jefe militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y a la integrante de la organización terrorista Aloña Muñoa Ordozgoiti por ordenar, respectivamente, el atentado que tuvo lugar en Salou (Tarragona) en agosto de 2001, que causó lesiones a 14 personas, y colaborar en el que se produjo en Zumárraga (Guipúzcoa) en febrero de ese año, que produjo daños materiales.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 comunicó a los dos terroristas las causas por las que serán juzgados en los próximos meses en la Audiencia Nacional y por las que fueron entregados ayer por las autoridades francesas. Olarra Guridi, que ocupó la cúpula militar de ETA entre 1999 y 2002 junto a su novia Ainhoa Múgica Goñi, tiene pendiente una causa por el atentado que se produjo en la madrugada del 17 al 18 de agosto de 2001 ante el hotel Calafont de Salou y en el que un total de 14 personas resultaron heridas.
Según el auto de procesamiento que Pedraz le comunicó al etarra, el atentado fue cometido por un comando integrado por Ismael Berasategi, Xabier Zabalo y Ainhoa Barbarin, a los que Olarra Guridi formó y dio instrucciones para atentar. Así, entre los registros realizados tras la detención de los tres etarras, se halló una carta en la que Olarra Guridi les daba instrucciones concretas sobre la forma de actuar y fechas y lugares en los que cometer atentados.
PNV, EA, EB y Aralar aseguran que no es posible retomar en otro tiempo la actuación proyectada sin que sufra su sentido y su finalidad, al tiempo que señalan que si no se levanta la suspensión antes del 15 de septiembre se estaría atentando contra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos que establece el artículo 23 de la Constitución. Además, sostienen que el recurso del Gobierno persigue impedir a quien es competente para ello la materialización efectiva de una actuación proyectada a realizar en un tiempo determinado e improrrogable.
En la rueda de prensa posterior a la presentación de las alegaciones, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, explicó que las formaciones defienden lo que es justo desde la serenidad y sin dejarse arrastrar por la provocación del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de quien no saben si busca una confrontación institucional o social. Según Urkullu, la consulta no tienen consecuencias negativas, y su resultado no operaría dentro de una toma de decisiones políticas, ya que su objetivo es orientar la actividad de los partidos. Es decir, que la consulta no es vinculante.
El líder de EA, Unai Ziarreta, consideró que tras la actitud de Zapatero ante la consulta hay falta de voluntad política y miedo a las preguntas y por eso trata de decir alto y fuerte quién manda, y que las instituciones vascas no pueden hacer nada sin autorización desde Madrid. El coordinador general de EB, Javier Madrazo, por su parte, denunció que el Estado vive un momento grave de regresión y recorte de libertades y dijo que la suspensión se mantendrá hasta el final porque actúan como la Inquisición, con censura previa. Por último, Patxi Zabaleta, de Aralar, que defendió la consulta como un intento de paz para la sociedad vasca y para la española.
Los argumentos del Gobierno
La Abogacía del Estado, por su parte, se opone al levantamiento de la suspensión, ya que considera que ésta permite evitar una instrumentalización del electorado vasco por parte de Ibarretxe y que está dirigida a presionar al Ejecutivo central. Sin embargo, coincide con los partidos vascos en la conveniencia de que el recurso de constitucionalidad se resuelva antes del 15 de septiembre, puesto que si se ratificara la suspensión y posteriormente el TC rechazara el recurso de constitucional -lo que no parece probable, matiza- bastaría con que el Parlamento pospusiera las fechas de convocatoria y celebración de la consulta.
En cambio, si se levantara la suspensión y, celebrada la consulta, se estimara luego este recurso, el daño a los intereses generales del Estado sería irreversible, puesto que la consulta se habría celebrado eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva que la Constitución reserva al Estado y lesionando además el capital interés de preservar la soberanía del pueblo español. El escrito recuerda además que como Zapatero no ha querido negociar con el lehendakari con la consulta se pretende movilizar al electorado vasco para forzar esa negociación sobre la oferta de pacto político.
A ello añade que la realización de la consulta de acuerdo con el calendario previsto supondría otorgar una prima política al lehendakari puesto que, aún cuando el electorado respondiera negativamente a una o a las dos preguntas, se habría creado el precedente de que es posible utilizar un procedimiento referendario para forzar políticamente al Gobierno español a seguir los dictados políticos del lehendakari. En repuesta a los diferentes argumentos presentados ante el TC por el Gobierno vasco, el escrito destaca que sean cuales sean los resultados electorales, ni el Gobierno vasco ni el de España pueden violar el orden constitucional, porque la Constitución es suprema.
Prisión para los etarras Olarra y Muñoa
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz envió ayer a prisión al ex jefe militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y a la integrante de la organización terrorista Aloña Muñoa Ordozgoiti por ordenar, respectivamente, el atentado que tuvo lugar en Salou (Tarragona) en agosto de 2001, que causó lesiones a 14 personas, y colaborar en el que se produjo en Zumárraga (Guipúzcoa) en febrero de ese año, que produjo daños materiales.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 comunicó a los dos terroristas las causas por las que serán juzgados en los próximos meses en la Audiencia Nacional y por las que fueron entregados ayer por las autoridades francesas. Olarra Guridi, que ocupó la cúpula militar de ETA entre 1999 y 2002 junto a su novia Ainhoa Múgica Goñi, tiene pendiente una causa por el atentado que se produjo en la madrugada del 17 al 18 de agosto de 2001 ante el hotel Calafont de Salou y en el que un total de 14 personas resultaron heridas.
Según el auto de procesamiento que Pedraz le comunicó al etarra, el atentado fue cometido por un comando integrado por Ismael Berasategi, Xabier Zabalo y Ainhoa Barbarin, a los que Olarra Guridi formó y dio instrucciones para atentar. Así, entre los registros realizados tras la detención de los tres etarras, se halló una carta en la que Olarra Guridi les daba instrucciones concretas sobre la forma de actuar y fechas y lugares en los que cometer atentados.