PP andaluz acusa al PSOE de no haber expulsado a 45 cargos públicos "imputados o condenados por casos de corrupción"

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: EUROPA PRESS
El PP-A acusó hoy al PSOE de no haber expulsado del partido a 41 cargos públicos "imputados" y a cuatro "condenados por casos de corrupción" en diversos ayuntamientos de la comunidad, mientras dijo que las expulsiones que siempre anuncia el Partido Socialista son "falsas y sólo son de ida y vuelta".
Según la información facilitada por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, en rueda de prensa, los cargos públicos del PSOE que han sido imputados y no están expulsados del partido pertenecen a los municipios almerienses de Carboneras, Huércal-Overa, Oria yVélez Blanco; a los gaditanos de Tarifa, Grazalema y Jerez; a Baena (Córdoba); a AtarfeArmilla y Gójar (Granada); a Beas (Huelva); a Torredelcampo, Baños de la Encina, Marmolejo, Quesada, Cambil y Jódar (Jaén); a Estepona (con 4 expulsados provisionalmente); Mijas, Guaro, Alfarnatejo, Viñuela, Canillas de Aceituno, Sayalonga y Alcaucín (Málaga), y a Burguillos y Guillena, en la provincia de Sevilla.

En cuanto a los cuatro cargos públicos que ya han sido condenados, el PP apunta al alcalde de Los Barrios (Cádiz); al presidente de la Diputación de Málaga, y al alcalde de Mijas (Málaga), así como a otra persona en Lúcar (Almería).

Sanz criticó que el PSOE vaya por ahí "sacando pecho" y presumiendo de que cuando hay imputados de su partido, "se les expulsa", mientras acusa al PP de "doble vara de medir".

Lo que está claro, según agregó, es que hay más de 40 cargos del PSOE que han sido imputados o condenados y ni se les ha expulsado del partido ni se les ha obligado a dejar la responsabilidad pública que ostentan. "Lecciones al PP de manos del PSOE, ninguna", sentenció el dirigente popular, quien se preguntó a quién "pretenden engañar los socialistas".

Sanz hizo referencia a la "batería" de iniciativas que su partido planteará en el Pleno del Parlamento andaluz de la próxima semana, encaminadas a exigir a la Junta "responsabilidades" ante los presuntos casos de corrupción urbanística que se han producido en la comunidad. En su opinión, "por acción o por omisión", la Junta tiene una "responsabilidad ante la comisión de irregularidades urbanísticas" en la comunidad porque tiene las competencias en materia de control y disciplina urbanística.

Insistió en que es hora de que la Junta asuma su "responsabilidad por no haber evitado hechos que conocía y tenía que haber actuado en el marco de sus competencias en materia de disciplina urbanística". "El Gobierno ha estado mirando para otro lado haciendo una clara dejación de responsabilidades", apuntó.