Primera reunión de la presidencia en Segovia
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Los Gobiernos de la UE se inclinan por permitir que un millón de firmas procedentes de al menos nueve Estados miembros puedan sugerir a la Comisión Europea que presente una propuesta en las políticas competencia de la Unión, según ha anunciado ayer el secretario de Estado para la UE de España, Diego López Garrido, cuyo país asume este semestre la presidencia de turno europea.
La mayoría de miembros del Consejo ha manifestado su preferencia a establecer en un tercio el número mínimo de países a los que debe pertenecer el millón de europeos que quieran pedir al Ejecutivo comunitario una propuesta legislativa concreta, precisó López Garrido en rueda de prensa al término de la primera jornada de debate que celebraron los ministros y secretarios de Estado encargados de asuntos europeos en La Granja (Segovia) y que constituye la primera reunión ministerial -aunque con carácter informal-- de la presidencia española de la UE.
Los representantes de los Veintisiete, que ayer celebraron una cena en el Parador de La Granja, comenzaron a debatir hoy los aspectos técnicos del reglamento que desarrollará la iniciativa popular legislativa, una novedad que introduce el Tratado de Lisboa, ya en vigor. Tras precisar que a la presidencia española, tanto la opción de un tercio -que apoya la Comisión Europea-- como la de un cuarto de Estados miembros por la que se inclina el Parlamento Europeo le parecen razonables, precisó que las mayores diferencias entre los Gobiernos europeos se centran en cuándo debería considerarse admisible una iniciativa ciudadana.
López Garrido detalló que algunos ministros advirtieron del riesgo de un posible abuso de esa técnica, por lo que se produjo un debate intenso sobre qué hacer ante una iniciativa manifiestamente ilegal, disparatada o que esté en contra de los valores de la Unión, si se debe rechazar antes o después de que consiga el millón de firmas mínimo para dirigirse a la Comisión.
El secretario de Estado se mostró a favor de evitar los abusos o la desnaturalización de la iniciativa y subrayó que en general, el resto de socios ha dado un apoyo clarísimo a que se desarrolle lo antes posible, como quiere la presidencia española.
Precisamente sobre este concepto que se achaca al ex presidente del Gobierno español Felipe González los ministros para Europa escucharon una ponencia del propio González, cuyo contenido no ha trascendido.
SERVICIO EXTERIOR
Los ministros también hablaron de la puesta en marcha del Servicio Exterior de la Unión, otra novedad que introduce el Tratado de Lisboa, y que los Gobiernos de la UE quieren que respete el equilibrio geográfico e institucional, y, en concreto, que un tercio de sus funcionarios procedan del Consejo, otro tanto de la Comisión y el mismo porcentaje de los Estados miembros, relató López Garrido.
Los Gobiernos europeos coinciden, añadió, en que este servicio tiene que servir como apoyo a una gran coordinación política de las instituciones europeas y estar al servicio de la voz única de la Unión en el exterior. López Garrido recordó que existe un grupo de trabajo, presidido por la Alta Representante de Política Exterior, Catherine Ashton, y en el que hay dos funcionarios españoles, que preparan el documento que estructurará el servicio exterior y que en su momento, en principio antes de finales de abril, elevarán al Consejo.
En el debate de hoy, algún país miembro ha planteado que la acción consular que puedan llevar a cabo las Embajadas de la UE tenga carácter voluntario, según López Garrido.
Por otra parte, todos los ministros apoyaron durante el debate que la UE como institución firme el Convenio Europeo de Derechos Humanos e inicie lo antes posible las negociaciones pertinentes con el Consejo de Europa para ello, ya que esto implica cambios en los estatutos de esta organización, distinta de la UE.
También hablaron de cómo desarrollar la cláusula de solidaridad que establece el Tratado de Lisboa para que los Estados miembros se presten ayuda mutua en caso de ataque terrorista o catástrofe y trasladaron su solidaridad al pueblo de Haitó tras el terremoto.
Los representantes de los Veintisiete, que ayer celebraron una cena en el Parador de La Granja, comenzaron a debatir hoy los aspectos técnicos del reglamento que desarrollará la iniciativa popular legislativa, una novedad que introduce el Tratado de Lisboa, ya en vigor. Tras precisar que a la presidencia española, tanto la opción de un tercio -que apoya la Comisión Europea-- como la de un cuarto de Estados miembros por la que se inclina el Parlamento Europeo le parecen razonables, precisó que las mayores diferencias entre los Gobiernos europeos se centran en cuándo debería considerarse admisible una iniciativa ciudadana.
López Garrido detalló que algunos ministros advirtieron del riesgo de un posible abuso de esa técnica, por lo que se produjo un debate intenso sobre qué hacer ante una iniciativa manifiestamente ilegal, disparatada o que esté en contra de los valores de la Unión, si se debe rechazar antes o después de que consiga el millón de firmas mínimo para dirigirse a la Comisión.
El secretario de Estado se mostró a favor de evitar los abusos o la desnaturalización de la iniciativa y subrayó que en general, el resto de socios ha dado un apoyo clarísimo a que se desarrolle lo antes posible, como quiere la presidencia española.
Precisamente sobre este concepto que se achaca al ex presidente del Gobierno español Felipe González los ministros para Europa escucharon una ponencia del propio González, cuyo contenido no ha trascendido.
SERVICIO EXTERIOR
Los ministros también hablaron de la puesta en marcha del Servicio Exterior de la Unión, otra novedad que introduce el Tratado de Lisboa, y que los Gobiernos de la UE quieren que respete el equilibrio geográfico e institucional, y, en concreto, que un tercio de sus funcionarios procedan del Consejo, otro tanto de la Comisión y el mismo porcentaje de los Estados miembros, relató López Garrido.
Los Gobiernos europeos coinciden, añadió, en que este servicio tiene que servir como apoyo a una gran coordinación política de las instituciones europeas y estar al servicio de la voz única de la Unión en el exterior. López Garrido recordó que existe un grupo de trabajo, presidido por la Alta Representante de Política Exterior, Catherine Ashton, y en el que hay dos funcionarios españoles, que preparan el documento que estructurará el servicio exterior y que en su momento, en principio antes de finales de abril, elevarán al Consejo.
En el debate de hoy, algún país miembro ha planteado que la acción consular que puedan llevar a cabo las Embajadas de la UE tenga carácter voluntario, según López Garrido.
Por otra parte, todos los ministros apoyaron durante el debate que la UE como institución firme el Convenio Europeo de Derechos Humanos e inicie lo antes posible las negociaciones pertinentes con el Consejo de Europa para ello, ya que esto implica cambios en los estatutos de esta organización, distinta de la UE.
También hablaron de cómo desarrollar la cláusula de solidaridad que establece el Tratado de Lisboa para que los Estados miembros se presten ayuda mutua en caso de ataque terrorista o catástrofe y trasladaron su solidaridad al pueblo de Haitó tras el terremoto.