PSOE recuerda que el vertedero "es un proyecto de Román" y los municipios son "cómplices" porque no alegaron

La portavoz del Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Sara Simón, ha pedido a los alcaldes de los pueblos que se han levantado contra el vertedero que Cespa quiere instalar en el término de la capital que “dejen de mentir y utilizar este asunto con fines personales y que dejen trabajar a los técnicos, porque es el momento de los técnicos, no el de los políticos. Cuando tuvieron que hablar los políticos, unos, Antonio Román, Jaime Carnicero y Lorenzo Robisco, se comprometieron a apoyar este vertedero y tomaron las medidas oportunas desde el Ayuntamiento para que este fuese posible. Y otros, los alcaldes de los municipios que hoy abanderan esta protesta, lo que hicieron fue cruzarse de brazos y mirar para otro lado”.

Se refiere la portavoz socialista a que cuando era el momento de presentar alegaciones, los municipios afectados no presentaron ninguna. Fue en 2018, cuando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha envió una carta a los ayuntamientos del entorno y el de la capital informándoles de que se habría el periodo de información pública del proyecto y el plazo de un mes para alegar. “Ningún municipio hizo alegaciones”, reitera Simón.

“Sorprendentemente, el PP se suma ahora a estas protestas”, continúa la portavoz, “pero hay que recordarle que quien hizo que este vertedero fuese posible fue un alcalde del PP, Antonio Román”. Y es que el Ayuntamiento de Guadalajara suscribió un convenio con Cespa para la puesta en marcha de un centro de tratamiento de residuos no peligrosos de origen industrial y de residuos de demolición en marzo de 2009. Según este acuerdo, firmado por Román, el Ayuntamiento de Guadalajara se comprometía a “impulsar la tramitación del correspondiente expediente administrativo, así como a apoyarlo e impulsarlo ante las restantes administraciones que resulten concernidas”.

Por su parte, Cespa asumía el compromiso de satisfacer “todos los años, y con carácter voluntario, una aportación a la Tesorería Municipal que representará el 10 por ciento de los ingresos obtenidos”. En base a este acuerdo, el Ayuntamiento percibió un total de 450.000 euros.

Unos meses después, en julio de 2009, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó en el pleno una modificación de las normas urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal que abría la puerta a que la iniciativa privada pudiera promover vertederos en suelo rústico, cuando hasta ese momento solo era a iniciativa pública. Fue aprobada con los votos a favor del PP, en contra del PSOE y la abstención e IU.

Tranqulidad y responsabilidad

Sara Simón llama a la calma y a la responsabilidad recordando que se trata de una planta de residuos no peligroso. Afirma que es un proyecto que al “equipo de gobierno de Alberto Rojo no le gusta ni cree que se hayan dado las mejores condiciones para llevarlo a cabo”, pero es una cuestión que "le preocupa y le ocupa" en estos momentos. Avanza que llegado el caso, “el alcalde de Guadalajara no va a prevaricar”. Recuerda que no es un proyecto que haya promovido el actual equipo municipal, “no lo vamos a promover y actuaremos siempre respetando la ley. Es el vertedero de Antonio Román”. 

Ha pedido especialmente a los alcaldes de Fontanar y de Málaga del Fresno que “dejen de engañar y manipular, porque si en 2018 no les interesó esta cuestión ni presentaron alegaciones, no utilicen ahora a la gente en una campaña de ataque que solo responde a intereses personales, porque desde 2018 hasta ahora el proyecto no ha cambiado, solo ha cambiado la situación procesal del alcalde de uno de estos pueblos (…)”.

También se ha dirigido al alcalde de Yunquera de Henares, “que dice que lo que a él no le gusta es que este vertedero se instale al lado de su municipio; le exijo que tenga respeto a los pueblos de nuestra provincia y lo que no quiere para él que no lo quiera para ningún otro municipio. Y le voy a recordar que si tan peligroso y nocivo le parece este proyecto que exija la dimisión de sus compañeros, Antonio Román, Jaime Carnicero y Lorenzo Robisco; de momento no hay ningún informe que acredite la peligrosidad, pero si él ya lo tiene tan claro, que pida la dimisión de las personas que han hecho posible que salga adelante”.

Por otro lado, Simón señala que existen dudas sobre la legalidad del acuerdo firmado en 2009 entre el Ayuntamiento y Cespa porque puede incurrir en posible prevaricación, cuestión que se está estudiando.

El proyecto de la planta de tratamiento de residuos que se quiere instalar ahora contaba ya con el informe medioambiental favorable, pero no se llevó adelante y en 2015 caducó. En 2018, la empresa retoma el proyecto y vuelve a iniciar el trámite. Actualmente, se encuentra en estudio a la espera del informe medioambiental que depende de la Consejería de Medio Ambiente. Si el informe es favorable y se cumple la legalidad, el Ayuntamiento debería concederle la licencia correspondiente, apuntaba la portavoz socialista, porque lo contrario sería prevaricar.