Rajoy critica la decisión de Garzón: Abrir heridas del pasado no conduce a nada
01/10/2010 - 09:45
El líder del PP, Mariano Rajoy, se manifestó hoy partidario de mirar al futuro, porque abrir heridas del pasado no conduce a nada cuando se le preguntó por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de reclamar a diversas instituciones que elaboren un listad de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el Franquismo. Por su parte, Zapatero, se limitó a expresar su respeto por la decisión del magistrado, aunque recordó que la Ley de la Memoria establece la colaboración de las administraciones públicas con las familias de las víctimas.
En rueda de prensa tras la reunión del primer Comité Ejecutivo Nacional del PP, Rajoy fue preguntado por la decisión del juez Garzón de dar los primeros pasos para elaborar un gran censo con el nombre de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Yo soy partidario de no abrir las heridas del pasado, porque no conduce a nada, subrayó el líder del PP, que recordó que durante el debate sobre la Ley de la Memoria Histórica ya dijo que lo mejor de la Constitución de 1978 es que los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar hacia el futuro y construir juntos un mejor futuro para todos. No soy partidario de reabrir las heridas del pasado lo haga quien lo haga, concluyó Rajoy. Por su parte, el presidente del Gobierno, en rueda de prensa conjunta con el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, tras la reunión que ambos mantuvieron en La Moncloa, se limitó a expresar su respeto por la decisión del magistrado e indicó que la iniciativa responde a una demanda a una iniciativa de ciudadanos que acuden a la Justicia y tienen derecho a ello. A partir de ahí las actuaciones que realice merecen por parte del Gobierno respeto, añadió.
Sin embargo, sí recordó que la Ley de la Memoria Histórica amplía y reconoce derechos a las personas que padecieron la Guerra Civil y la dictadura y que además establece la colaboración de las administraciones públicas con las familias en la búsqueda y el reconocimiento de sus seres queridos. Por su parte, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, consideró un derecho sagrado de las personas conocer dónde están enterrados sus muertos y que además es algo que no debe molestar a nadie. Por eso no sé por qué hay algo de revuelta, de inquietud, añadió.
Anomalía internacional
El presidente de ERC, Joan Puigcercós, valoró especialmente que sea Garzón, un referente del progresismo español el que lleve a cabo esta investigación y lo contrastó con la actitud que históricamente ha mantenido el PSOE con la memoria histórica, a su juicio, muy cerrada. Además, consideró paradójico que la Audiencia Nacional abriera diligencias relacionadas con las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y no actuara contra los delitos franquistas, algo que consideró una anomalía internacional de nuestro país. Por su parte, el conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat, Joan Saura, consideró que la decisión del juez reafirma las actuaciones que ya se están haciendo a nivel legislativo para recuperar la memoria histórica y dignificar a las víctimas de la Guerra Civil. Además, recordó que el Gobierno catalán fue pionero en la elaboración de un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo y con la elaboración de una Ley de Fosas y Desaparecidos, al tiempo que puso a disposición del juez el censo de desaparecidos que elabora la Generalitat desde el año 2003. Por último, el diputado de ICV en el Congreso, Joan Herrera, en un comunicado, instó al Ejecutivo español a cumplir con la Ley de la Memoria, siete meses después de su entrada en vigor, y volvió a pedir que el Gobierno actúe en la misma dirección que la Generalitat en la recuperación de la memoria histórica. Para conseguir este objetivo, presentó hoy en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para saber los motivos por los que la Ley de Memoria Histórica, según Herrera, se está incumpliendo.
Sin embargo, sí recordó que la Ley de la Memoria Histórica amplía y reconoce derechos a las personas que padecieron la Guerra Civil y la dictadura y que además establece la colaboración de las administraciones públicas con las familias en la búsqueda y el reconocimiento de sus seres queridos. Por su parte, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, consideró un derecho sagrado de las personas conocer dónde están enterrados sus muertos y que además es algo que no debe molestar a nadie. Por eso no sé por qué hay algo de revuelta, de inquietud, añadió.
Anomalía internacional
El presidente de ERC, Joan Puigcercós, valoró especialmente que sea Garzón, un referente del progresismo español el que lleve a cabo esta investigación y lo contrastó con la actitud que históricamente ha mantenido el PSOE con la memoria histórica, a su juicio, muy cerrada. Además, consideró paradójico que la Audiencia Nacional abriera diligencias relacionadas con las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y no actuara contra los delitos franquistas, algo que consideró una anomalía internacional de nuestro país. Por su parte, el conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat, Joan Saura, consideró que la decisión del juez reafirma las actuaciones que ya se están haciendo a nivel legislativo para recuperar la memoria histórica y dignificar a las víctimas de la Guerra Civil. Además, recordó que el Gobierno catalán fue pionero en la elaboración de un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo y con la elaboración de una Ley de Fosas y Desaparecidos, al tiempo que puso a disposición del juez el censo de desaparecidos que elabora la Generalitat desde el año 2003. Por último, el diputado de ICV en el Congreso, Joan Herrera, en un comunicado, instó al Ejecutivo español a cumplir con la Ley de la Memoria, siete meses después de su entrada en vigor, y volvió a pedir que el Gobierno actúe en la misma dirección que la Generalitat en la recuperación de la memoria histórica. Para conseguir este objetivo, presentó hoy en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para saber los motivos por los que la Ley de Memoria Histórica, según Herrera, se está incumpliendo.