Rubalcaba anuncia que el registro de pederastas se creará de inmediato
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
Continúa la polémica por la sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) imponía al juez sevillano Rafael Tirado. Frente a las continuas críticas, ayer el juez Decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, defendió esta resolución asegurando que no existe corporativismo entre los magistrados, tal y como cree la familia de Mari Luz, que, dice, hablan desde el desconocimiento sobre este caso. Pero parece que continuará siendo una de las pocas voces favorables al fallo, ya que tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el presidente del PP, Mariano Rajoy, se mostraron disconformes con la resolución.
Continúa la polémica por la sanción que ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) imponía al juez sevillano Rafael Tirado. Frente a las continuas críticas, ayer el juez Decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, defendió esta resolución asegurando que no existe corporativismo entre los magistrados, tal y como cree la familia de Mari Luz, que, dice, hablan desde el desconocimiento sobre este caso. Pero parece que continuará siendo una de las pocas voces favorables al fallo, ya que tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el presidente del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, se mostraron disconformes con la resolución. Mientras Rajoy asegura que ya ha hablado con los Cortés tras conocer la noticia, el jefe del Ejecutivo señaló ayer que se pondrá en contacto con la familia.
Jiménez Ballester se desmarca de las numerosas críticas que ayer recibía la determinación del CGPJ y aseguró que respeta y comparte la decisión judicial contra Tirado, ya que, a su juicio, la falta cometida por el juez, a quien se le acusa de no ejecutar una sentencia condenatoria contra el supuesto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, se debe al exceso de trabajo de los funcionarios y reiteró que la justicia en España está muy mal y en Sevilla aún peor. En este sentido apostó por una reforma en el sistema judicial que adecue la planta judicial al volumen de trabajo de los empleados y una reforma de la oficina judicial que delimite las competencias de los trabajadores.
De este modo, el juez Decano de Sevilla señaló que el fallo del máximo órgano de gobierno de los jueces es el correcto y negó la existencia de corporativismo entre los magistrados, tal y como señaló ayer la familia Cortés y en concreto el padre de la víctima, Juan José. Creo que la familia de Mari Luz habla desde el desconocimiento cuando cree que existe un corporativismo entre los jueces y no conoce la precariedad que existe en la Justicia española.
También se refirió a este tema uno de los vocales que participó en la votación de esta sanción. Agustín Azparren, inclinó el miércoles con su voto la decisión de la Comisión Disciplinaria del Consejo y ayer defendió que se esté realizando una valoración basada en el caso de la menor. Se está valorando la conducta del magistrado, hay que olvidar el asesinato de Mari Luz, señaló. El vocal independiente añadió que, la conducta de Tirado era excelente al igual que su rendimiento que alcanzó un 150 por ciento en el segundo semestre de 2007, por encima de lo razonable, dijo.
Pero, al parecer, la de Jiménez Ballesteros y la de Azparren continuará siendo una de las pocas opiniones a favor del CGPJ, ya que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró su disconformidad profunda ante la sanción. Voy a hablar con el padre de Mari Luz, eso lo dice todo, declaró Zapatero a los periodistas en el Congreso de los Diputados. La conversación se produjo efectivamente por la tarde, en la que el presidente aseguró al padre de Mari Luz que el Gobierno agotará todas las vías judiciales para que se haga Justicia. Además, se comprometió a recibirle.
Una medida destinada a evitar que se produzcan situaciones como la ocurrida en el caso Mari Luz es la creación de un registro de pederastas. El Gobierno pondrá en marcha el registro de pederastas que anunció el miércoles inmediatamente para que accedan a él la Guardia Civil y la Policía Nacional, según anunció el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que matizó que, en cualquier caso, la reforma del Código Penal que se llevará a cabo no tendrá efectos retroactivos. Mientras, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, criticó que el Gobierno se atribuya en solitario la idea del registro, cuando es una iniciativa del PP. Una iniciativa que IU, PNV y ERC consideran de dudosa constitucionalidad.
Rubalcaba explicó que el objetivo de esta modificación legal es poder imponer la medida de libertad vigilada cuando existan dudas razonables de la posibilidad de que un delincuente reincida y señaló que serán los jueces los encargados de dictaminarla.
El juez que dio permiso a Rodríguez Menéndez, sin sanción
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no sancionar al juez que el pasado 18 de agosto decidió conceder un permiso penitenciario al abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, que éste aprovechó para fugarse de la prisión de Teixeiro (A Coruña) en la que cumplía condena. Así lo confirmó ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante las preguntas del PP, que exigió al ministro responsabilidades políticas por un caso que sería magnífico argumento para una chirigota. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el diputado por Sevilla Ricardo Tarno preguntó al ministro del Interior qué había fallado para que el abogado Rodríguez Menéndez obtuviera un permiso penitenciario pese a existir riesgo de fuga y pese a las recomendaciones que indicaban lo contrario de la Junta Penitenciaria. Además, le preguntó por cómo el letrado fugado pudo obtener un pasaporte, en una comisaría de la Policía Nacional de Madrid según algunas informaciones, mientras cumplía condena.
Rubalcaba realizó un relato cronológico de los hechos y se escudó en el secreto sumarial para no dar ningún detalle más sobre lo sucedido, aunque aseguró que la Policía Nacional está trabajando para dar con Rodríguez Menéndez. El diputado del PP le echó en cara de que informara únicamente de lo que ya estaba publicado en los medios de comunicación, para, a continuación, cuestionar qué pudo fallar para que el abogado obtuviera un pasaporte sin cumplir ninguno de los requisitos que se contemplan en el Real Decreto pertinente.
Tarno destacó la falta de coordinación entre las bases de datos de los ministerios de Interior y Justicia ya denunciada por los sindicatos policiales, y consideró que esto que ha pasado será magnífico argumento para una chirigota de su nueva provincia -en referencia a Cádiz, por donde es diputado Rubalcaba- pero es un tema muy serio para los españoles.
Jiménez Ballester se desmarca de las numerosas críticas que ayer recibía la determinación del CGPJ y aseguró que respeta y comparte la decisión judicial contra Tirado, ya que, a su juicio, la falta cometida por el juez, a quien se le acusa de no ejecutar una sentencia condenatoria contra el supuesto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, se debe al exceso de trabajo de los funcionarios y reiteró que la justicia en España está muy mal y en Sevilla aún peor. En este sentido apostó por una reforma en el sistema judicial que adecue la planta judicial al volumen de trabajo de los empleados y una reforma de la oficina judicial que delimite las competencias de los trabajadores.
De este modo, el juez Decano de Sevilla señaló que el fallo del máximo órgano de gobierno de los jueces es el correcto y negó la existencia de corporativismo entre los magistrados, tal y como señaló ayer la familia Cortés y en concreto el padre de la víctima, Juan José. Creo que la familia de Mari Luz habla desde el desconocimiento cuando cree que existe un corporativismo entre los jueces y no conoce la precariedad que existe en la Justicia española.
También se refirió a este tema uno de los vocales que participó en la votación de esta sanción. Agustín Azparren, inclinó el miércoles con su voto la decisión de la Comisión Disciplinaria del Consejo y ayer defendió que se esté realizando una valoración basada en el caso de la menor. Se está valorando la conducta del magistrado, hay que olvidar el asesinato de Mari Luz, señaló. El vocal independiente añadió que, la conducta de Tirado era excelente al igual que su rendimiento que alcanzó un 150 por ciento en el segundo semestre de 2007, por encima de lo razonable, dijo.
Pero, al parecer, la de Jiménez Ballesteros y la de Azparren continuará siendo una de las pocas opiniones a favor del CGPJ, ya que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró su disconformidad profunda ante la sanción. Voy a hablar con el padre de Mari Luz, eso lo dice todo, declaró Zapatero a los periodistas en el Congreso de los Diputados. La conversación se produjo efectivamente por la tarde, en la que el presidente aseguró al padre de Mari Luz que el Gobierno agotará todas las vías judiciales para que se haga Justicia. Además, se comprometió a recibirle.
Una medida destinada a evitar que se produzcan situaciones como la ocurrida en el caso Mari Luz es la creación de un registro de pederastas. El Gobierno pondrá en marcha el registro de pederastas que anunció el miércoles inmediatamente para que accedan a él la Guardia Civil y la Policía Nacional, según anunció el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que matizó que, en cualquier caso, la reforma del Código Penal que se llevará a cabo no tendrá efectos retroactivos. Mientras, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, criticó que el Gobierno se atribuya en solitario la idea del registro, cuando es una iniciativa del PP. Una iniciativa que IU, PNV y ERC consideran de dudosa constitucionalidad.
Rubalcaba explicó que el objetivo de esta modificación legal es poder imponer la medida de libertad vigilada cuando existan dudas razonables de la posibilidad de que un delincuente reincida y señaló que serán los jueces los encargados de dictaminarla.
El juez que dio permiso a Rodríguez Menéndez, sin sanción
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no sancionar al juez que el pasado 18 de agosto decidió conceder un permiso penitenciario al abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, que éste aprovechó para fugarse de la prisión de Teixeiro (A Coruña) en la que cumplía condena. Así lo confirmó ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante las preguntas del PP, que exigió al ministro responsabilidades políticas por un caso que sería magnífico argumento para una chirigota. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el diputado por Sevilla Ricardo Tarno preguntó al ministro del Interior qué había fallado para que el abogado Rodríguez Menéndez obtuviera un permiso penitenciario pese a existir riesgo de fuga y pese a las recomendaciones que indicaban lo contrario de la Junta Penitenciaria. Además, le preguntó por cómo el letrado fugado pudo obtener un pasaporte, en una comisaría de la Policía Nacional de Madrid según algunas informaciones, mientras cumplía condena.
Rubalcaba realizó un relato cronológico de los hechos y se escudó en el secreto sumarial para no dar ningún detalle más sobre lo sucedido, aunque aseguró que la Policía Nacional está trabajando para dar con Rodríguez Menéndez. El diputado del PP le echó en cara de que informara únicamente de lo que ya estaba publicado en los medios de comunicación, para, a continuación, cuestionar qué pudo fallar para que el abogado obtuviera un pasaporte sin cumplir ninguno de los requisitos que se contemplan en el Real Decreto pertinente.
Tarno destacó la falta de coordinación entre las bases de datos de los ministerios de Interior y Justicia ya denunciada por los sindicatos policiales, y consideró que esto que ha pasado será magnífico argumento para una chirigota de su nueva provincia -en referencia a Cádiz, por donde es diputado Rubalcaba- pero es un tema muy serio para los españoles.