Rubalcaba considera 'muy grave' que el Parlamento vasco acuse al Gobierno de amparar las torturas a los etarras
01/10/2010 - 09:45
Por: COLPISA
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió al Parlamento vasco que el Gobierno no ampara las torturas y calificó de muy grave e incierta la resolución en tal sentido aprobada el viernes en la Cámara de Vitoria. Los partidos que apoyan al Gobierno Vasco (PNV, EA e IU) junto al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Aralar defendieron en su resolución que el Ejecutivo nacional ampara de forma sistemática a la Guardia Civil y a la Policía ante las denuncias de tortura.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió hoy al Parlamento vasco que el Gobierno no ampara las torturas y calificó de muy grave e incierta la resolución en tal sentido aprobada el viernes en la Cámara de Vitoria.
Los partidos que apoyan al Gobierno Vasco (PNV, EA e IU) junto al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), suspendido por sospechas de colaboración con ETA, y Aralar defendieron en su resolución que el Ejecutivo nacional ampara de forma sistemática a la Guardia Civil y a la Policía ante las denuncias de torturas, y que no toma medidas para impedir los malos tratos, que no son aislados.
El ministro del Interior declaró en Cádiz que, aunque todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes de denunciar torturas inmediatamente después de ser detenidos, el Gobierno no ampara nada, y mucho menos las torturas. Aseguró que las denuncias de torturas se investigan todas y que los primeros y más interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo y en que el Estado de derecho actúe son la Guardia Civil y el Ejecutivo.
Pérez Rubalcaba recordó que justo las denuncias que motivaron la resolución del Parlamento vasco, las presuntas torturas a Igor Portu y Martín Sarasola, dos de los etarras que volaron la T-4, están investigándose en este momento en sede judicial. La réplica del ministro tuvo respuesta en pocos minutos desde el Gobierno vasco. A través del consejero de Interior, Javier Balza, pidió todo el respeto para la resolución porque está aprobada por la mayoría de la cámara de Vitoria.
La reacción más airada fue la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que pidió al presidente José Luís Rodríguez Zapatero que no reciba el martes en La Moncloa al lehendakari, Juan José Ibarretxe, tal y como está previsto, como respuesta a la ofensa que el Parlamento vasco ha hecho a todos y, sobre todo, a la Guardia Civil.
Aguirre recordó que la acusación a la Guardia Civil se produjo sólo 48 horas después de haber enterrado al último servidor público víctima de los terroristas de ETA, a lo que añadió que, de ninguna manera, se puede poner en el mismo lado de la balanza a los terroristas y a los asesinados.
La Constitución como límite
El Ejecutivo no parece que vaya a secundar la reclamación de Aguirre porque tanto Pérez Rubalcaba como la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dieron por hecho la celebración de la reunión en la que se discutirá sobre la reforma del Estatuto de Guernica.
Los ministros coincidieron en que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar y a llegar a acuerdos, pero que cualquier propuesta tiene que tener en cuenta que el límite siempre será la Constitución y la ley, porque esas reglas no se las puede saltar nadie. El PNV, por boca de su presidente, Iñigo Urkullu, pidió a Rodríguez Zapatero que no rechace de entrada la propuesta abierta del lehendakari, porque su partido está predispuesto a un acuerdo flexible.
Los partidos que apoyan al Gobierno Vasco (PNV, EA e IU) junto al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), suspendido por sospechas de colaboración con ETA, y Aralar defendieron en su resolución que el Ejecutivo nacional ampara de forma sistemática a la Guardia Civil y a la Policía ante las denuncias de torturas, y que no toma medidas para impedir los malos tratos, que no son aislados.
El ministro del Interior declaró en Cádiz que, aunque todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes de denunciar torturas inmediatamente después de ser detenidos, el Gobierno no ampara nada, y mucho menos las torturas. Aseguró que las denuncias de torturas se investigan todas y que los primeros y más interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo y en que el Estado de derecho actúe son la Guardia Civil y el Ejecutivo.
Pérez Rubalcaba recordó que justo las denuncias que motivaron la resolución del Parlamento vasco, las presuntas torturas a Igor Portu y Martín Sarasola, dos de los etarras que volaron la T-4, están investigándose en este momento en sede judicial. La réplica del ministro tuvo respuesta en pocos minutos desde el Gobierno vasco. A través del consejero de Interior, Javier Balza, pidió todo el respeto para la resolución porque está aprobada por la mayoría de la cámara de Vitoria.
La reacción más airada fue la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que pidió al presidente José Luís Rodríguez Zapatero que no reciba el martes en La Moncloa al lehendakari, Juan José Ibarretxe, tal y como está previsto, como respuesta a la ofensa que el Parlamento vasco ha hecho a todos y, sobre todo, a la Guardia Civil.
Aguirre recordó que la acusación a la Guardia Civil se produjo sólo 48 horas después de haber enterrado al último servidor público víctima de los terroristas de ETA, a lo que añadió que, de ninguna manera, se puede poner en el mismo lado de la balanza a los terroristas y a los asesinados.
La Constitución como límite
El Ejecutivo no parece que vaya a secundar la reclamación de Aguirre porque tanto Pérez Rubalcaba como la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dieron por hecho la celebración de la reunión en la que se discutirá sobre la reforma del Estatuto de Guernica.
Los ministros coincidieron en que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar y a llegar a acuerdos, pero que cualquier propuesta tiene que tener en cuenta que el límite siempre será la Constitución y la ley, porque esas reglas no se las puede saltar nadie. El PNV, por boca de su presidente, Iñigo Urkullu, pidió a Rodríguez Zapatero que no rechace de entrada la propuesta abierta del lehendakari, porque su partido está predispuesto a un acuerdo flexible.