Sánchez-Seco: Cada uno puede opinar como crea mientras no se transgredan los derechos de los demás
12/03/2012 - 10:31
Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, natural de Pastrana, de 54 años de edad, economista, salió de la primera promoción de Económicas de la Universidad de Alcalá de Henares. Fue diputado delegado de Economía en la época de Francisco Tomey, durante el periodo 1991-1995, y portavoz del Grupo Popular en Diputación entre 1999 y 2003, ya en la oposición, cuando la Institución la presidía el socialista Jesús Alique. Expresidente de Caja de Guadalajara (95-99), fue senador electo por la provincia hasta la legislatura pasada y alcalde de Pastrana desde 1991 hasta hace unas semanas que dejaba el cargo con motivo de su nueva designación, al iguial que el de vicepresidente de la Diputación. Ahora se enfrenta al reto de ponerse al frente de la Subdelegación del Gobierno, en un momento de convulsiones sociales, para lo que se necesita, asegura, prudencia y mesura, pero también firmeza.
Tiene una dilatada experiencia política en todos los ámbitos. Ahora llega a la Subdelegación. Con la que está cayendo se necesita una persona con temple...
Efectivamente. Hace falta alguien que conozca la administración, que tenga experiencia y que conozca la provincia. Soy una persona de un pueblo de Guadalajara y que me he movido por toda la zona rural y también por la más poblada. Aparte de esta experiencia hace falta prudencia, y más en estos momentos que se va a vivir una etapa un tanto convulsa, con manifestaciones, huelgas Prudencia y mesura, pero también firmeza para tratar de resolver los problemas.
Ya ha tenido pruebas de fuego, como es el caso de Transaltozano, o la reciente huelga de los empleados públicos.
Desde que tomé posesión yo creo que todos los días hemos tenido algún tipo de concentración, manifestación algunas autorizadas y otras no-, encierros Yo creo que de lo que se trata es de resolver los problemas de forma que la gente pueda manifestar sus quejas; yo siempre he dicho que me parece normal que quien no cobra quiera cobrar y quiera protestar porque no cobra. Lo primero que digo siempre, y desde que estoy en política todavía mucho más, es que intento ponerme, cuando me plantean algo, en el otro lado y decir, ¿yo que haría si tuviese en ese lado?. Y si tú llevas tres o cuatro meses sin cobrar, pues lógicamente trataría de que te pagaran lo que es justo, lo que has trabajado. En ese sentido estoy de acuerdo. Yo me he reunido en esta misma mesa con el secretario de UGT y CC OO con el asunto de Transaltozano y les dije que no había ningún problema en que estuvieran en Santo Domingo y que había hablado con el alcalde y que tampoco ponía ningún problema. De lo que se trata es de que no se acampe y no se lleven a cabo cuestiones que están restringidas. Pero poner una mesita, que la gente te firme y te muestre la solidaridad me parece algo normal, y yo creo que eso es extrapolable a todos los conflictos que podamos tener, es decir, si hay una manifestación de protesta porque no se está de acuerdo con las medidas que se están adoptando es respetable y cada uno puede opinar como crea conveniente, de lo que se trata es de no pasarte y transgredir también los derechos y libertades de los demás.
Se avecinan nuevas manifestaciones de toda índole y en alguna se puede llegar a producir alguna situación delicada. Si usted hubiera sido subdelegado del Gobierno en Valencia, ¿qué hubiera hecho?
Yo creo que cada lugar y cada momento tiene sus condiciones particulares. El problema de Valencia fue, como se está descubriendo ahora y se está haciendo público, que se iba precisamente a desestabilizar y a provocar; ¿que se podía haber sido más prudente? Probablemente, yo no conozco con exactitud lo que sucedió, pero se ha visto que el colegio sí que tenía calefacción, en contra de lo que se aseguraba; que la gran mayoría de los que allí había no eran estudiantes, eran personas que habían venido de fuera Está claro que aquello fue una forma y un lugar que se utilizó para provocar y desestabilizar. Esto puede ocurrir en otros sitios también, no debemos engañarnos; puede también ocurrir aquí, pero yo lo que les he transmitido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es que hay que ser prudentes, hay que tratar de que se desarrolle todo con normalidad, pero evidentemente llegan momentos en los que, si tiene que intervenir, tendrás que intervenir, siempre con mesura.
Hablando de seguridad. Continuamos con los problemas de delictividad, con recientes atracos a sucursales bancarias, robos en granjas, con una sensación de inseguridad en algunas áreas rurales
Los últimos datos que me han trasladado el coronel jefe de la Comandancia y el Comisario del Cuerpo Nacional de Policía es que los índices de criminalidad robos, hurtos o violencia de género- han disminuido en la provincia de Guadalajara. Lo que sucede es que cuando tiene lugar un atraco, por ejemplo, se trata de un suceso que llama la atención. En este sentido tengo que decir que los índices se han ido reduciendo, lo cual no quiere decir que el día menos pensado pueda repuntar. Es verdad que se están produciendo algunos robos en viviendas aisladas o en algunas naves. En estos casos, lógicamente, la Guardia Civil y la Policía actúan permanentemente y su función es que se vayan reduciendo estos sucesos, pero erradicarlos es realmente difícil.
¿La plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está bien dimensionada?
El delegado del Gobierno nos manifestaba el otro día que Guadalajara será una de las provincias donde probablemente tengamos un aumento de efectivos de la Guardia Civil y también de agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Ahora mismo estamos en el 90 por ciento de número efectivos reales respecto al catálogo, lo que ya de por sí es un dato bastante positivo y en el Cuerpo Nacional de Policía prácticamente igual. Tenemos en la actualidad en torno a 900 agentes en la provincia, contando con los pertenecientes al Subsector de Tráfico.
Comienza su andadura con una ambiciosa iniciativa destinada a que las empresas puedan cobrar las facturas que les adeudan los ayuntamientos. ¿Cómo puede repercutir esta iniciativa en una provincia como Guadalajara?
Creo que ahora mismo el gran problema que existe precisamente en los ayuntamientos es la incapacidad en muchos casos para poder hacer frente a muchas de las facturas que tienen pendientes por distintos motivos. Por una parte, porque se han reducido los ingresos. El anterior presidente de la comunidad autónoma, José María Barreda, suprimió de repente el Forcol, lo cual fue un golpe bajo para muchos ayuntamientos, porque además se hizo sin previo aviso y cuando ya muchos tenían aprobados sus presupuestos. Por otra parte, ha habido que devolver gran parte de la Participación de los Ingresos del Estado del año 2008 y del año 2009. Esto, unido a la reducción que ha supuesto en los ingresos ordinarios de los ayuntamientos la disminución de las licencias de obra y de la actividad económica en general, ha hecho que haya un desfase entre los ingresos y los gastos y muchos servicios básicos no se podían dejar de prestar. Aparte de esto, yo siempre insisto en otro factor que muchas veces no se tiene en cuenta: el incremento del IVA del 16 al 18 por ciento ha supuesto un mayor gasto también para los ayuntamientos, que no se lo pueden deducir. Todo esto ha hecho que la situación económica de muchos ayuntamientos y diputaciones sea muy complicada. Aparte de esto, el panorama que se ha encontrado la comunidad autónoma, con el déficit más alto de España, ha supuesto que tampoco se les pudiese pagar gran parte de las cantidades que tenían comprometidas. Todo este cúmulo de hechos ha provocado que no se pudiese abonar las deudas a muchos proveedores y muchos contratistas. Desde el Gobierno de Mariano Rajoy está claro que era una prioridad tratar de solucionar este problema. El primer anuncio que se adoptó es que se iba a ampliar la devolución de la Participación en los Ingresos del Estado desde los cinco a los 10 años. Esta es una medida fundamental que supone que cada año van a tener que devolver la mitad de lo que en un principio estaba previsto. A esto se suma otra cuestión fundamental. El Real Decreto Ley de 30 de diciembre se aprueba un aumento del 10 por ciento del IBI de todos los ayuntamientos, lo que implicará un 10 por ciento de incremento de sus ingresos por este concepto. Ahora, con el Real Decreto Ley recientemente aprobado, se da otra posibilidad nueva, que es que todas las facturas que tengan pendientes los ayuntamientos, anteriores al 1 de enero de 2012, puedan ser abonadas, con el compromiso de que los consistorios presenten al Gobierno un plan de viabilidad de sus cuentas, así como las facturas pendientes de pago, y además luego le devuelvan el dinero. Es una forma de ayudar a los contratistas, proveedores, al pequeño comercio, a que pueda permanecer y desarrollar su actividad.
Paralelamente, esta medida lleva pareja otra relacionada con la corrección del déficit. ¿Usted cree que finalmente será factible reducirlo a la mitad durante este año o lo ideal sería que Bruselas concediera un aplazamiento?
Creo que la base fundamental está en que el Gobierno de Rajoy, desde nada más tomar posesión, ha tenido la determinación y valentía de sacar adelante a España, que se encuentra en una situación crítica desde el punto de vista económico y social que supone el desempleo. Desde esta convicción, decía el otro día el propio Rajoy que en dos meses ha hecho más que Zapatero en ocho años. La primera medida fue el Real Decreto Ley de 30 de diciembre en el que se establece un objetivo de cumplimiento del déficit con una serie de medidas de austeridad, de incremento de los impuestos o de aumento del IBI para las corporaciones locales. La segunda fue una reforma financiera de verdad, que ha afectado a las entidades financieras y que las va a obligar a que cumplan con todos los criterios de solvencia, reduciendo además el sueldo de los altos dirigentes. La tercera ha sido la reforma laboral. Esto solo en dos meses. Ahora quedan los Presupuestos Generales del Estado, que se presentarán a finales del mes de marzo, donde se complementarán también un conjunto de medidas que afectarán, no sólo a la administración central, sino a todas las administraciones. Desde esta convicción yo estoy seguro que vamos a lograr los objetivos que nos marque la UE. No se si será el cuatro por ciento, o será algo más, porque todo variará también en función de las previsiones de crecimiento económico, que se está viendo que están variando respecto a cuando se estableció el dato. Eso ya queda pendiente de lo que diga Europa. Sobre todo quiero resaltar que se está transmitiendo a los ciudadanos una idea de que hay un Gobierno que sabe lo que hace y que sabe sacar a España de la situación de crisis económica.
¿Cómo explicaría a los guadalajareños los efectos positivos de la nueva disposición que favorecerá la dación en pago?
Hay un clamor popular en ese sentido. Venimos de una época en la que muchas personas se metieron en la adquisición de una vivienda, quizá, en algunos casos, de forma inconsciente. Las entidades financieras también tuvieron una vorágine de concesión de préstamos excesiva. Eso no se supo controlar adecuadamente y las consecuencias son que ahora, cuando se genera un importante desempleo, muchas personas no pueden pagar la hipoteca que tenían para su vivienda. Hay que dar una solución a todas estas personas y también a las entidades financieras, ya que tienen un problema de tenerse que quedar con una gran parte de inmobiliaria que no es para lo que están precisamente. Desde esa perspectiva, yo creo que el Gobierno está demostrando una sensibilidad social. Por una parte, con la firmeza en cuanto a cumplir el objetivo del déficit y sacar a España de la situación económica en la que se encuentra, y, por otra, otras medidas que vengan a tener esa sensibilidad y tratar de solucionar el problema de estas familias que se quedan en la calle. La solución que se da va en el buen camino, ya que se trata de aunar esfuerzos entre todos los implicados para que, al final, la dación en pago sea posible. Incluso se está planteando en esa solución la posibilidad de no devolver la vivienda de forma inmediata, sino que se abra un plazo para permitir a las familias que puedan salir adelante.
¿Qué le parece la apuesta del Gobierno por un Plan Hidrológico Nacional? Hay quien dice que se verá perjudicada la cabecera del Tajo
Yo creo que el gran error de Zapatero, uno de los primeros que cometió, fue precisamente derogar el Plan Hidrológico Nacional. Un plan que había nacido con pleno consenso y que trataba de resolver un grave problema que existe en España desde hace ya muchísimos años. Hay que recordar que fue precisamente en la Segunda República cuando se empezó a hablar de un trasvase y de una transferencia entre cuencas en España para que hubiese un equilibrio hídrico. Esto, que fue un hito en la época del Partido Popular y José María Aznar, fue un gran error derogarlo, porque se lo daban resuelto y con ello se hubiese conseguido resolver ese gran problema, que hubiese beneficiado y de hecho estaba establecido- de una manera muy importante a nuestra provincia y nuestra región, porque hubiese liberado a la cabecera del Tajo de ser prácticamente el único cedente de agua ahora mismo en España. El PP en eso es coherente. El Gobierno vuelve a tratar de plantear la solución a un problema que hay en España que es el desajuste hídrico entre cuencas.
¿Cuál es su opinión sobre la propuesta registrada por el PSOE en el Congreso para revocar la decisión de emplazar el ATC en Villar de Cañas? En La Alcarria algunos creen que es una oportunidad perdida.
Creo que esta iniciativa del PSOE viene a constatar de nuevo esa incongruencia del Gobierno de Zapatero y del Partido Socialista frente a la firmeza para dar solución a la situación que vive España del PP. Es una decisión que se inicia en 2006. El Gobierno de Zapatero llevó a cabo un proceso de convocatoria pública para que se presentasen municipios para albergar el ATC. Se hizo una evaluación de los candidatos. Se filtró la noticia de que iba a Zarra y que se aprobaba en Consejo de Ministros y ese mismo Consejo de Ministros se echó atrás. Ha habido una incapacidad de Zapatero para tomar decisiones fundamentales para el Estado español. Esto ha implicado que, desde el 1 de enero de 2011, estamos pagando 60.000 euros diarios para que se mantengan en Francia residuos que deberían haber venido a ese ATC. El PP dio luz verde a la decisión que no adoptó en el Gobierno de Zapatero de emplazar el ATC y lo hizo en el primer Consejo de Ministros tras la toma de posesión de Rajoy. El Gobierno central se basó al final en el consenso social que tenía establecido como norma fundamental y, basándose en la lista de condiciones técnicas que tenía el Ministerio de Industria, al final fue a Villar de Cañas porque era donde menos conflicto social había de todos los candidatos del listado que se tenía de condiciones técnicas. Ni en Zarra, ni en Ascó, ni en Yebra ha habido consenso social.
La autovía de la Alcarria y la N-211 se incluirá en el nuevo plan de infraestructuras, pero se echa de menos un compromiso con la unión de la A-1 y la A-2
Por hacer infraestructuras, habría muchas por hacer y mejorar, pero vamos a ser realistas, aquí hubo dos grandes compromisos del PSOE a nivel autonómico y a nivel nacional, que son la autovía de la Alcarria, que desde el año 99 se fue anunciando y que no se ha hecho, y la conversión de la N-211 en autovía fue la gran promesa electoral del señor Zapatero precisamente aquí en Guadalajara. Ninguna de las dos ni se ha hecho, ni hay perspectivas de que se fuese a hacer. Desde el PP se cree que son dos infraestructuras muy importantes ahora mismo, porque son vertebradoras de esta provincia. Una supone la unión con Aragón y Levante, la N-211, y la otra, la unión de la A-2 con la A-3, con todo lo que implica para el desarrollo de toda la zona de la Alcarria Baja más la provincia de Cuenca. Esas dos infraestructuras son las que se han priorizado en una situación de crisis económica complicadísima. Hay que ser realistas. Aún así se sabe que estas dos infraestructuras van a ser difíciles de ejecutar, en el muy corto plazo, hay que pensar en el medio plazo, cuando se vaya saliendo de la crisis, para poder afrontarlas. Para mí habría otras infraestructuras, no tan costosas, que sí que se podrían complementar a la vez. Por ejemplo, una que dejó el Gobierno de Aznar y que siempre ha insistido mucho en ello, que es la unión de la Nacional 320, que también, en parte, facilitaría el tráfico hacia la A-1, que llega ahora mismo al Hospital de Guadalajara, que se corta y que luego se inicia de nuevo en el denominado nudo de los Faroles. Unir esa carretera, que serían algo más de cuatro kilómetros, implicaría una liberación de tráfico importante para lo que es la zona de acceso a Guadalajara y el nudo de Cuatro Caminos, y, por otra parte, facilitaría el acceso más directo a la zona de Cabanillas y hacia El Casar.
Tiene una dilatada experiencia política en todos los ámbitos. Ahora llega a la Subdelegación. Con la que está cayendo se necesita una persona con temple...
Efectivamente. Hace falta alguien que conozca la administración, que tenga experiencia y que conozca la provincia. Soy una persona de un pueblo de Guadalajara y que me he movido por toda la zona rural y también por la más poblada. Aparte de esta experiencia hace falta prudencia, y más en estos momentos que se va a vivir una etapa un tanto convulsa, con manifestaciones, huelgas Prudencia y mesura, pero también firmeza para tratar de resolver los problemas.
Ya ha tenido pruebas de fuego, como es el caso de Transaltozano, o la reciente huelga de los empleados públicos.
Desde que tomé posesión yo creo que todos los días hemos tenido algún tipo de concentración, manifestación algunas autorizadas y otras no-, encierros Yo creo que de lo que se trata es de resolver los problemas de forma que la gente pueda manifestar sus quejas; yo siempre he dicho que me parece normal que quien no cobra quiera cobrar y quiera protestar porque no cobra. Lo primero que digo siempre, y desde que estoy en política todavía mucho más, es que intento ponerme, cuando me plantean algo, en el otro lado y decir, ¿yo que haría si tuviese en ese lado?. Y si tú llevas tres o cuatro meses sin cobrar, pues lógicamente trataría de que te pagaran lo que es justo, lo que has trabajado. En ese sentido estoy de acuerdo. Yo me he reunido en esta misma mesa con el secretario de UGT y CC OO con el asunto de Transaltozano y les dije que no había ningún problema en que estuvieran en Santo Domingo y que había hablado con el alcalde y que tampoco ponía ningún problema. De lo que se trata es de que no se acampe y no se lleven a cabo cuestiones que están restringidas. Pero poner una mesita, que la gente te firme y te muestre la solidaridad me parece algo normal, y yo creo que eso es extrapolable a todos los conflictos que podamos tener, es decir, si hay una manifestación de protesta porque no se está de acuerdo con las medidas que se están adoptando es respetable y cada uno puede opinar como crea conveniente, de lo que se trata es de no pasarte y transgredir también los derechos y libertades de los demás.
Se avecinan nuevas manifestaciones de toda índole y en alguna se puede llegar a producir alguna situación delicada. Si usted hubiera sido subdelegado del Gobierno en Valencia, ¿qué hubiera hecho?
Yo creo que cada lugar y cada momento tiene sus condiciones particulares. El problema de Valencia fue, como se está descubriendo ahora y se está haciendo público, que se iba precisamente a desestabilizar y a provocar; ¿que se podía haber sido más prudente? Probablemente, yo no conozco con exactitud lo que sucedió, pero se ha visto que el colegio sí que tenía calefacción, en contra de lo que se aseguraba; que la gran mayoría de los que allí había no eran estudiantes, eran personas que habían venido de fuera Está claro que aquello fue una forma y un lugar que se utilizó para provocar y desestabilizar. Esto puede ocurrir en otros sitios también, no debemos engañarnos; puede también ocurrir aquí, pero yo lo que les he transmitido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es que hay que ser prudentes, hay que tratar de que se desarrolle todo con normalidad, pero evidentemente llegan momentos en los que, si tiene que intervenir, tendrás que intervenir, siempre con mesura.
Hablando de seguridad. Continuamos con los problemas de delictividad, con recientes atracos a sucursales bancarias, robos en granjas, con una sensación de inseguridad en algunas áreas rurales
Los últimos datos que me han trasladado el coronel jefe de la Comandancia y el Comisario del Cuerpo Nacional de Policía es que los índices de criminalidad robos, hurtos o violencia de género- han disminuido en la provincia de Guadalajara. Lo que sucede es que cuando tiene lugar un atraco, por ejemplo, se trata de un suceso que llama la atención. En este sentido tengo que decir que los índices se han ido reduciendo, lo cual no quiere decir que el día menos pensado pueda repuntar. Es verdad que se están produciendo algunos robos en viviendas aisladas o en algunas naves. En estos casos, lógicamente, la Guardia Civil y la Policía actúan permanentemente y su función es que se vayan reduciendo estos sucesos, pero erradicarlos es realmente difícil.
¿La plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está bien dimensionada?
El delegado del Gobierno nos manifestaba el otro día que Guadalajara será una de las provincias donde probablemente tengamos un aumento de efectivos de la Guardia Civil y también de agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Ahora mismo estamos en el 90 por ciento de número efectivos reales respecto al catálogo, lo que ya de por sí es un dato bastante positivo y en el Cuerpo Nacional de Policía prácticamente igual. Tenemos en la actualidad en torno a 900 agentes en la provincia, contando con los pertenecientes al Subsector de Tráfico.
Comienza su andadura con una ambiciosa iniciativa destinada a que las empresas puedan cobrar las facturas que les adeudan los ayuntamientos. ¿Cómo puede repercutir esta iniciativa en una provincia como Guadalajara?
Creo que ahora mismo el gran problema que existe precisamente en los ayuntamientos es la incapacidad en muchos casos para poder hacer frente a muchas de las facturas que tienen pendientes por distintos motivos. Por una parte, porque se han reducido los ingresos. El anterior presidente de la comunidad autónoma, José María Barreda, suprimió de repente el Forcol, lo cual fue un golpe bajo para muchos ayuntamientos, porque además se hizo sin previo aviso y cuando ya muchos tenían aprobados sus presupuestos. Por otra parte, ha habido que devolver gran parte de la Participación de los Ingresos del Estado del año 2008 y del año 2009. Esto, unido a la reducción que ha supuesto en los ingresos ordinarios de los ayuntamientos la disminución de las licencias de obra y de la actividad económica en general, ha hecho que haya un desfase entre los ingresos y los gastos y muchos servicios básicos no se podían dejar de prestar. Aparte de esto, yo siempre insisto en otro factor que muchas veces no se tiene en cuenta: el incremento del IVA del 16 al 18 por ciento ha supuesto un mayor gasto también para los ayuntamientos, que no se lo pueden deducir. Todo esto ha hecho que la situación económica de muchos ayuntamientos y diputaciones sea muy complicada. Aparte de esto, el panorama que se ha encontrado la comunidad autónoma, con el déficit más alto de España, ha supuesto que tampoco se les pudiese pagar gran parte de las cantidades que tenían comprometidas. Todo este cúmulo de hechos ha provocado que no se pudiese abonar las deudas a muchos proveedores y muchos contratistas. Desde el Gobierno de Mariano Rajoy está claro que era una prioridad tratar de solucionar este problema. El primer anuncio que se adoptó es que se iba a ampliar la devolución de la Participación en los Ingresos del Estado desde los cinco a los 10 años. Esta es una medida fundamental que supone que cada año van a tener que devolver la mitad de lo que en un principio estaba previsto. A esto se suma otra cuestión fundamental. El Real Decreto Ley de 30 de diciembre se aprueba un aumento del 10 por ciento del IBI de todos los ayuntamientos, lo que implicará un 10 por ciento de incremento de sus ingresos por este concepto. Ahora, con el Real Decreto Ley recientemente aprobado, se da otra posibilidad nueva, que es que todas las facturas que tengan pendientes los ayuntamientos, anteriores al 1 de enero de 2012, puedan ser abonadas, con el compromiso de que los consistorios presenten al Gobierno un plan de viabilidad de sus cuentas, así como las facturas pendientes de pago, y además luego le devuelvan el dinero. Es una forma de ayudar a los contratistas, proveedores, al pequeño comercio, a que pueda permanecer y desarrollar su actividad.
Paralelamente, esta medida lleva pareja otra relacionada con la corrección del déficit. ¿Usted cree que finalmente será factible reducirlo a la mitad durante este año o lo ideal sería que Bruselas concediera un aplazamiento?
Creo que la base fundamental está en que el Gobierno de Rajoy, desde nada más tomar posesión, ha tenido la determinación y valentía de sacar adelante a España, que se encuentra en una situación crítica desde el punto de vista económico y social que supone el desempleo. Desde esta convicción, decía el otro día el propio Rajoy que en dos meses ha hecho más que Zapatero en ocho años. La primera medida fue el Real Decreto Ley de 30 de diciembre en el que se establece un objetivo de cumplimiento del déficit con una serie de medidas de austeridad, de incremento de los impuestos o de aumento del IBI para las corporaciones locales. La segunda fue una reforma financiera de verdad, que ha afectado a las entidades financieras y que las va a obligar a que cumplan con todos los criterios de solvencia, reduciendo además el sueldo de los altos dirigentes. La tercera ha sido la reforma laboral. Esto solo en dos meses. Ahora quedan los Presupuestos Generales del Estado, que se presentarán a finales del mes de marzo, donde se complementarán también un conjunto de medidas que afectarán, no sólo a la administración central, sino a todas las administraciones. Desde esta convicción yo estoy seguro que vamos a lograr los objetivos que nos marque la UE. No se si será el cuatro por ciento, o será algo más, porque todo variará también en función de las previsiones de crecimiento económico, que se está viendo que están variando respecto a cuando se estableció el dato. Eso ya queda pendiente de lo que diga Europa. Sobre todo quiero resaltar que se está transmitiendo a los ciudadanos una idea de que hay un Gobierno que sabe lo que hace y que sabe sacar a España de la situación de crisis económica.
¿Cómo explicaría a los guadalajareños los efectos positivos de la nueva disposición que favorecerá la dación en pago?
Hay un clamor popular en ese sentido. Venimos de una época en la que muchas personas se metieron en la adquisición de una vivienda, quizá, en algunos casos, de forma inconsciente. Las entidades financieras también tuvieron una vorágine de concesión de préstamos excesiva. Eso no se supo controlar adecuadamente y las consecuencias son que ahora, cuando se genera un importante desempleo, muchas personas no pueden pagar la hipoteca que tenían para su vivienda. Hay que dar una solución a todas estas personas y también a las entidades financieras, ya que tienen un problema de tenerse que quedar con una gran parte de inmobiliaria que no es para lo que están precisamente. Desde esa perspectiva, yo creo que el Gobierno está demostrando una sensibilidad social. Por una parte, con la firmeza en cuanto a cumplir el objetivo del déficit y sacar a España de la situación económica en la que se encuentra, y, por otra, otras medidas que vengan a tener esa sensibilidad y tratar de solucionar el problema de estas familias que se quedan en la calle. La solución que se da va en el buen camino, ya que se trata de aunar esfuerzos entre todos los implicados para que, al final, la dación en pago sea posible. Incluso se está planteando en esa solución la posibilidad de no devolver la vivienda de forma inmediata, sino que se abra un plazo para permitir a las familias que puedan salir adelante.
¿Qué le parece la apuesta del Gobierno por un Plan Hidrológico Nacional? Hay quien dice que se verá perjudicada la cabecera del Tajo
Yo creo que el gran error de Zapatero, uno de los primeros que cometió, fue precisamente derogar el Plan Hidrológico Nacional. Un plan que había nacido con pleno consenso y que trataba de resolver un grave problema que existe en España desde hace ya muchísimos años. Hay que recordar que fue precisamente en la Segunda República cuando se empezó a hablar de un trasvase y de una transferencia entre cuencas en España para que hubiese un equilibrio hídrico. Esto, que fue un hito en la época del Partido Popular y José María Aznar, fue un gran error derogarlo, porque se lo daban resuelto y con ello se hubiese conseguido resolver ese gran problema, que hubiese beneficiado y de hecho estaba establecido- de una manera muy importante a nuestra provincia y nuestra región, porque hubiese liberado a la cabecera del Tajo de ser prácticamente el único cedente de agua ahora mismo en España. El PP en eso es coherente. El Gobierno vuelve a tratar de plantear la solución a un problema que hay en España que es el desajuste hídrico entre cuencas.
¿Cuál es su opinión sobre la propuesta registrada por el PSOE en el Congreso para revocar la decisión de emplazar el ATC en Villar de Cañas? En La Alcarria algunos creen que es una oportunidad perdida.
Creo que esta iniciativa del PSOE viene a constatar de nuevo esa incongruencia del Gobierno de Zapatero y del Partido Socialista frente a la firmeza para dar solución a la situación que vive España del PP. Es una decisión que se inicia en 2006. El Gobierno de Zapatero llevó a cabo un proceso de convocatoria pública para que se presentasen municipios para albergar el ATC. Se hizo una evaluación de los candidatos. Se filtró la noticia de que iba a Zarra y que se aprobaba en Consejo de Ministros y ese mismo Consejo de Ministros se echó atrás. Ha habido una incapacidad de Zapatero para tomar decisiones fundamentales para el Estado español. Esto ha implicado que, desde el 1 de enero de 2011, estamos pagando 60.000 euros diarios para que se mantengan en Francia residuos que deberían haber venido a ese ATC. El PP dio luz verde a la decisión que no adoptó en el Gobierno de Zapatero de emplazar el ATC y lo hizo en el primer Consejo de Ministros tras la toma de posesión de Rajoy. El Gobierno central se basó al final en el consenso social que tenía establecido como norma fundamental y, basándose en la lista de condiciones técnicas que tenía el Ministerio de Industria, al final fue a Villar de Cañas porque era donde menos conflicto social había de todos los candidatos del listado que se tenía de condiciones técnicas. Ni en Zarra, ni en Ascó, ni en Yebra ha habido consenso social.
La autovía de la Alcarria y la N-211 se incluirá en el nuevo plan de infraestructuras, pero se echa de menos un compromiso con la unión de la A-1 y la A-2
Por hacer infraestructuras, habría muchas por hacer y mejorar, pero vamos a ser realistas, aquí hubo dos grandes compromisos del PSOE a nivel autonómico y a nivel nacional, que son la autovía de la Alcarria, que desde el año 99 se fue anunciando y que no se ha hecho, y la conversión de la N-211 en autovía fue la gran promesa electoral del señor Zapatero precisamente aquí en Guadalajara. Ninguna de las dos ni se ha hecho, ni hay perspectivas de que se fuese a hacer. Desde el PP se cree que son dos infraestructuras muy importantes ahora mismo, porque son vertebradoras de esta provincia. Una supone la unión con Aragón y Levante, la N-211, y la otra, la unión de la A-2 con la A-3, con todo lo que implica para el desarrollo de toda la zona de la Alcarria Baja más la provincia de Cuenca. Esas dos infraestructuras son las que se han priorizado en una situación de crisis económica complicadísima. Hay que ser realistas. Aún así se sabe que estas dos infraestructuras van a ser difíciles de ejecutar, en el muy corto plazo, hay que pensar en el medio plazo, cuando se vaya saliendo de la crisis, para poder afrontarlas. Para mí habría otras infraestructuras, no tan costosas, que sí que se podrían complementar a la vez. Por ejemplo, una que dejó el Gobierno de Aznar y que siempre ha insistido mucho en ello, que es la unión de la Nacional 320, que también, en parte, facilitaría el tráfico hacia la A-1, que llega ahora mismo al Hospital de Guadalajara, que se corta y que luego se inicia de nuevo en el denominado nudo de los Faroles. Unir esa carretera, que serían algo más de cuatro kilómetros, implicaría una liberación de tráfico importante para lo que es la zona de acceso a Guadalajara y el nudo de Cuatro Caminos, y, por otra parte, facilitaría el acceso más directo a la zona de Cabanillas y hacia El Casar.