Trillo prefiere delimitar el mapa competencial antes de transferir la justicia a la región
20/10/2011 - 12:31
El cabeza de lista del PP por Alicante afirma que hay que reorganizar la estructura judicial bajo el principio de reforzar y potenciar los principios constitucionales, con la premisa de la independencia judicial.
Federico Trillo asegura que el asunto de transferir las competencias en materia de Justicia a Castilla-La Mancha es complicado. A su juicio, es mejor esperar a ver qué puede hacerse. Antes de ello, prosigue, vamos a estudiar cuál sería el mejor mapa de competencias y delimitaciones, para que sea funcional, llegue en tiempo y forma para cumplir su misión. En el programa del PP se recoge que, previamente, hay que concertar voluntades, porque, entiende, es muy complejo delimitar el mapa de reorganización, bajo el principio de reforzar y potenciar los principios constitucionales con la premisa de la independencia judicial. En la actualidad define un mapa asimétrico con dos centros de gestión, el Estado y las comunidades autónomas, a los que se suma un tercero, de decisión y gestión, el Consejo General de Poder Judicial.
En la actualidad, ilustra, hay dos sistemas informáticos, dos del Estado y seis de las comunidades autónomas, incompatibles entre sí. No permiten saber las sentencias ejecutorias pendientes, o los antecedentes penales de individuos sometidos a enjuiciamiento, incluso no hay interrelación de sistemas informáticos entre el juez número dos de Guadalajara y el número tres, indica para criticar tajante que el funcionamiento de la dotación de justicia es tercermundista. Los datos hablan por sí solos: hay 1,7 millones de sentencias sin ejecutar y 85.000 penas de trabajo en beneficio de la comunidad sin cumplir. El responsable es el Gobierno de Zapatero y sus sucesivos titulares de Justicia, denuncia.
En la actualidad, ilustra, hay dos sistemas informáticos, dos del Estado y seis de las comunidades autónomas, incompatibles entre sí. No permiten saber las sentencias ejecutorias pendientes, o los antecedentes penales de individuos sometidos a enjuiciamiento, incluso no hay interrelación de sistemas informáticos entre el juez número dos de Guadalajara y el número tres, indica para criticar tajante que el funcionamiento de la dotación de justicia es tercermundista. Los datos hablan por sí solos: hay 1,7 millones de sentencias sin ejecutar y 85.000 penas de trabajo en beneficio de la comunidad sin cumplir. El responsable es el Gobierno de Zapatero y sus sucesivos titulares de Justicia, denuncia.