Tripartito vasco y Aralar censuran que el Gobierno quiera apartarles del recurso
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Tras recibir las alegaciones de PNV, EA, EB y Aralar a la suspensión cautelar de la Ley de Consulta impulsada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, el Tribunal Constitucional solicitó a las partes su opinión sobre la oportunidad de que estos partidos se personaran en el proceso.
El martes, el PP y la Abogacía del Estado pidieron al TC que no tenga en cuenta a las formaciones vascas ya que no tienen la capacidad jurídica de hacerlo, además de que sus argumentos son iguales o incluso copiados de los del Gobierno vasco.
Sin embargo, a juicio de Urkullu, los partidos vascos, que presentaron sus alegaciones contemplando sentencias y experiencias contrastadas tando de instancias europeas como del TC, sí que tienen legitimación para presentar sus alegaciones. El presidente del PNV consideró que la estrategia de la Abogacía del Estado es responder a los intereses del Gobierno español, que se centran en el impulso de la suspensión automática de la celebración de la Consulta. En cualquier caso, insistió en que el TC debe dictar sentencia antes del 15 de septiembre, fecha prevista para la celebración de la consulta.
Urkullu aseguró que la petición de la Abogacía del Estado no deja de ser otra cortina de humo de la Abogacía del Estado respondiendo a los intereses del presidente del Gobierno español para la paralización de la celebración de la consulta. En este sentido, recordó que también han presentado sus alegaciones el Parlamento vasco y el Gobierno de Euskadi, por lo que hay legitimación suficiente en cada una de las partes actuantes.
Un atropello democrático
El secretario de Comunicación de EA, Mijel Irujo, se pronunció en una línea muy similar, considerando que el abogado del Estado es un portavoz de Zapatero y de lo que sucede en La Moncloa. Tras advertir al presidente del Gobierno que cerrar la puerta al diálogo, nunca ha tenido nada positivo, Irujo explicó que, a su juicio, como partidos políticos y, en definitiva, representantes de la sociedad, son los que tienen más derechos que nadie en ser parte en un proceso como éste cuando el derecho a decidir está en tela de juicio.
En un comunicado, EB afirmó que Zapatero y el Gobierno socialista se han quitado definitivamente la careta con este atropello democrático. Están demostrando que su apuesta por el diálogo era falsa y su auténtica naturaleza es la imposición y la intransigencia, añadió la formación de izquierdas, que considera que la decisión de la Abogacía del Estado es en la práctica minusvalorar el papel de los partidos en un Estado de Derecho, limitar de facto sus competencias e impedirles el ejercicio de potestades que tienen como representantes de la ciudadanía.
El coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, por su parte, se limitó a señalar que la Abogacía del Estado ha incurrido en una incoherencia al decir que los partidos vascos no pueden personarse y ha confunddido cuáles son las partes de un juicio y los que presentan alegaciones. En todos los juicios todo aquel que tenga interés puede efectuar declaraciones o presentar alegaciones, remarcó el coordinador de Aralar.
El Gobierno vasco acepta
En su escrito, el Gobierno vasco considera que el tripartito y Aralar pueden estar presentes en el proceso, posibilidad que, a su juicio, se prevé en el artículo 24.1 Constitución Española, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la que apuntan diversas resoluciones del Tribunal Constitucional, a fin de que, con plena igualdad de armas respecto a las demás partes procesales, puedan libremente alegar lo que a su derecho convenga en este procedimiento.
De esta forma, el Gobierno vasco señala en referencia al recurso de inconstitucionalidad y atendiendo precisamente a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el TC ha considerado teóricamente posible la comparecencia o audiencia de otros sujetos distintos de los legitimados por la Constitución y la legislación, por ejemplo en los casos en los que se examina la constitucionalidad de una Ley singular o de caso único. Los servicios jurídicos del Gobierno vasco apuntan, en este sentido, que, en este caso, la Ley impugnada es una Ley singular al agotar su vigencia con su mera aplicación, y es de caso único.
AVT y PP piden suspensión de la marcha
La manifestación convocada por la izquierda abertzale para el día 22 en Bilbao no se debería celebrar, a juicio del PP y la AVT. Por ello, ambas siglas pidieron ayer la prohibición de la marcha, competencia que el presidente de los populares en el País Vasco personalizó en el consejero de Interior, Javier Balza. En su opinión, tiene argumentos más que de sobra para ello porque sus convocantes son personas que no tienen nada de anónimo y tienen vínculos con el entorno etarra.
Para Basagoiti, la convocatoria es una tomadura de pelo a la Justicia, a las libertades y al derecho a manifestación, que tendría lugar el Día Grande de la capital vizcaína. El PP defiende que las calles, y más en fiestas, son para los ciudadanos, las manifestaciones son para reclamar derechos legítimos y éstos no son ni una cosa ni otra, lo que son es defensores del asesinato, lamentó.
En este sentido, la AVT lo calificó del mayor desprecio democrático a los postulados de la convivencia y, de celebrarse la marcha, demostraría que se está cediendo a favor de los intereses de los etarras. Por tanto, explicaron, ha llegado el momento de que los presidentes nacional y autonómico escenifiquen públicamente si están con las víctimas, con la sociedad democrática o con el mundo etarra. La asociación tachó de indignante permitir una manifestación en la que se habla de militantes independentistas a la hora de referirse a terroristas.
Sin embargo, a juicio de Urkullu, los partidos vascos, que presentaron sus alegaciones contemplando sentencias y experiencias contrastadas tando de instancias europeas como del TC, sí que tienen legitimación para presentar sus alegaciones. El presidente del PNV consideró que la estrategia de la Abogacía del Estado es responder a los intereses del Gobierno español, que se centran en el impulso de la suspensión automática de la celebración de la Consulta. En cualquier caso, insistió en que el TC debe dictar sentencia antes del 15 de septiembre, fecha prevista para la celebración de la consulta.
Urkullu aseguró que la petición de la Abogacía del Estado no deja de ser otra cortina de humo de la Abogacía del Estado respondiendo a los intereses del presidente del Gobierno español para la paralización de la celebración de la consulta. En este sentido, recordó que también han presentado sus alegaciones el Parlamento vasco y el Gobierno de Euskadi, por lo que hay legitimación suficiente en cada una de las partes actuantes.
Un atropello democrático
El secretario de Comunicación de EA, Mijel Irujo, se pronunció en una línea muy similar, considerando que el abogado del Estado es un portavoz de Zapatero y de lo que sucede en La Moncloa. Tras advertir al presidente del Gobierno que cerrar la puerta al diálogo, nunca ha tenido nada positivo, Irujo explicó que, a su juicio, como partidos políticos y, en definitiva, representantes de la sociedad, son los que tienen más derechos que nadie en ser parte en un proceso como éste cuando el derecho a decidir está en tela de juicio.
En un comunicado, EB afirmó que Zapatero y el Gobierno socialista se han quitado definitivamente la careta con este atropello democrático. Están demostrando que su apuesta por el diálogo era falsa y su auténtica naturaleza es la imposición y la intransigencia, añadió la formación de izquierdas, que considera que la decisión de la Abogacía del Estado es en la práctica minusvalorar el papel de los partidos en un Estado de Derecho, limitar de facto sus competencias e impedirles el ejercicio de potestades que tienen como representantes de la ciudadanía.
El coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, por su parte, se limitó a señalar que la Abogacía del Estado ha incurrido en una incoherencia al decir que los partidos vascos no pueden personarse y ha confunddido cuáles son las partes de un juicio y los que presentan alegaciones. En todos los juicios todo aquel que tenga interés puede efectuar declaraciones o presentar alegaciones, remarcó el coordinador de Aralar.
El Gobierno vasco acepta
En su escrito, el Gobierno vasco considera que el tripartito y Aralar pueden estar presentes en el proceso, posibilidad que, a su juicio, se prevé en el artículo 24.1 Constitución Española, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la que apuntan diversas resoluciones del Tribunal Constitucional, a fin de que, con plena igualdad de armas respecto a las demás partes procesales, puedan libremente alegar lo que a su derecho convenga en este procedimiento.
De esta forma, el Gobierno vasco señala en referencia al recurso de inconstitucionalidad y atendiendo precisamente a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el TC ha considerado teóricamente posible la comparecencia o audiencia de otros sujetos distintos de los legitimados por la Constitución y la legislación, por ejemplo en los casos en los que se examina la constitucionalidad de una Ley singular o de caso único. Los servicios jurídicos del Gobierno vasco apuntan, en este sentido, que, en este caso, la Ley impugnada es una Ley singular al agotar su vigencia con su mera aplicación, y es de caso único.
AVT y PP piden suspensión de la marcha
La manifestación convocada por la izquierda abertzale para el día 22 en Bilbao no se debería celebrar, a juicio del PP y la AVT. Por ello, ambas siglas pidieron ayer la prohibición de la marcha, competencia que el presidente de los populares en el País Vasco personalizó en el consejero de Interior, Javier Balza. En su opinión, tiene argumentos más que de sobra para ello porque sus convocantes son personas que no tienen nada de anónimo y tienen vínculos con el entorno etarra.
Para Basagoiti, la convocatoria es una tomadura de pelo a la Justicia, a las libertades y al derecho a manifestación, que tendría lugar el Día Grande de la capital vizcaína. El PP defiende que las calles, y más en fiestas, son para los ciudadanos, las manifestaciones son para reclamar derechos legítimos y éstos no son ni una cosa ni otra, lo que son es defensores del asesinato, lamentó.
En este sentido, la AVT lo calificó del mayor desprecio democrático a los postulados de la convivencia y, de celebrarse la marcha, demostraría que se está cediendo a favor de los intereses de los etarras. Por tanto, explicaron, ha llegado el momento de que los presidentes nacional y autonómico escenifiquen públicamente si están con las víctimas, con la sociedad democrática o con el mundo etarra. La asociación tachó de indignante permitir una manifestación en la que se habla de militantes independentistas a la hora de referirse a terroristas.