Una comisión parlamentaria española denuncia la "violación sietemática" de los DDHH en Colombia
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Asegura que la población civil es "la principal víctima del conflicto" y que la justicia es "ineficaz" frente a los abusos
Una misión parlamentaria española que visitó Colombia el pasado mes de enero ha denunciado en un informe la "violación sistemática" de los Derechos Humanos por parte de "de todos los agentes armados" y afirmó que la población civil es "la principal víctima del conflicto" que sufre el país sudamericano y que la justicia está siendo "ineficaz" a la hora de juzgar a los perpetradores y de reparar a las víctimas.
"Se le llame como se le quiera llamar, existe en Colombia un conflicto armado" en el que "las infracciones contra los Derechos Humanos no son una consecuencia colateral, sino que forman parte del núcleo central del conflicto", declaró este martes uno de los integrantes de la misión, el diputado socialista Jordi Pedret, durante un acto de presentación del informe en el Congreso de los Diputados.
Según las conclusiones del informe de la misión humanitaria, "la población civil es la principal víctima del conflicto al ser involucrada de manera forzada y creciente por parte de las diferentes partes", lo cual genera "sufrimiento, impotencia (...), falta de confianza en las instituciones y, especialmente, la percepción de impunidad respecto a la violación de los Derechos Humanos".
En este sentido, el informe destaca que "la justicia está siendo ineficaz debido a la inadecuación de los medios, tanto para hacer frente a las necesidades derivadas del conflicto", en particular el procesamiento de los perpetradores, como "para la reparación efectiva de las víctimas".
El documento advierte de que "desarrollar la actividad sindical en Colombia resulta peligroso y las organizaciones sindicales y sus dirigentes sufren persecución sistemática y detenciones arbitrarias". "Es cierto que ha habido una reducción de asesinatos de sindicalistas, pero en Colombia se sigue matando a sindicalistas por ser sindicalistas", advirtió Pedret.
Asimismo, el documento llama la atención sobre la utilización de las mujeres "como parte del conflicto" y denuncia los secuestros y abusos sexuales de que son objeto. "Llevan sobre ellas el peso básico del conflicto por la desaparición física de los miembros masculinos de sus familias y porque ellas mantienen la vida real entre los cuatro millones y medio de desplazados", afirmó Pedret.
Aparte, el informe denuncia la estigmatización de los defensores de Derechos Humanos, a los que se acusa de "vinculación con grupos insurgentes, poniendo en peligro sus vidas por el ejercicio del legítimo derecho a trabajar por los Derechos Humanos", y asegura que "todas las partes en conflicto involucran a los menores", en especial los paramilitares y la guerrilla, que "secuestran y reclutan forzosamente a menores".
LA MISIÓN
La misión estuvo formada por tres diputados (Carles Campuzano, de CiU, Francesc Canet, de ERC, y el propio Pedret), por un senador (Joan Josep Nuet, de Entesa Catalana) y por diputados de los Parlamentos vasco, balear y de la Comunidad de Madrid.
Durante su visita a Colombia, los miembros de la misión se entrevistaron con las Embajadas española y suiza, representantes de las iglesias católica y luterana, representantes de la sociedad civil implicados en el proceso de paz, sindicalistas, el coordinador jurídico de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.
También se reunieron con familiares de militares secuestrados por las guerrillas y con diversos representantes de organismos del Gobierno y del Estado, como el Alto Comisionado para la Paz, los Ministerios del Interior y Justicia, la Fiscalía General, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia o el Programa Presidencial de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, entre otros.
Según las conclusiones del informe de la misión humanitaria, "la población civil es la principal víctima del conflicto al ser involucrada de manera forzada y creciente por parte de las diferentes partes", lo cual genera "sufrimiento, impotencia (...), falta de confianza en las instituciones y, especialmente, la percepción de impunidad respecto a la violación de los Derechos Humanos".
En este sentido, el informe destaca que "la justicia está siendo ineficaz debido a la inadecuación de los medios, tanto para hacer frente a las necesidades derivadas del conflicto", en particular el procesamiento de los perpetradores, como "para la reparación efectiva de las víctimas".
El documento advierte de que "desarrollar la actividad sindical en Colombia resulta peligroso y las organizaciones sindicales y sus dirigentes sufren persecución sistemática y detenciones arbitrarias". "Es cierto que ha habido una reducción de asesinatos de sindicalistas, pero en Colombia se sigue matando a sindicalistas por ser sindicalistas", advirtió Pedret.
Asimismo, el documento llama la atención sobre la utilización de las mujeres "como parte del conflicto" y denuncia los secuestros y abusos sexuales de que son objeto. "Llevan sobre ellas el peso básico del conflicto por la desaparición física de los miembros masculinos de sus familias y porque ellas mantienen la vida real entre los cuatro millones y medio de desplazados", afirmó Pedret.
Aparte, el informe denuncia la estigmatización de los defensores de Derechos Humanos, a los que se acusa de "vinculación con grupos insurgentes, poniendo en peligro sus vidas por el ejercicio del legítimo derecho a trabajar por los Derechos Humanos", y asegura que "todas las partes en conflicto involucran a los menores", en especial los paramilitares y la guerrilla, que "secuestran y reclutan forzosamente a menores".
LA MISIÓN
La misión estuvo formada por tres diputados (Carles Campuzano, de CiU, Francesc Canet, de ERC, y el propio Pedret), por un senador (Joan Josep Nuet, de Entesa Catalana) y por diputados de los Parlamentos vasco, balear y de la Comunidad de Madrid.
Durante su visita a Colombia, los miembros de la misión se entrevistaron con las Embajadas española y suiza, representantes de las iglesias católica y luterana, representantes de la sociedad civil implicados en el proceso de paz, sindicalistas, el coordinador jurídico de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.
También se reunieron con familiares de militares secuestrados por las guerrillas y con diversos representantes de organismos del Gobierno y del Estado, como el Alto Comisionado para la Paz, los Ministerios del Interior y Justicia, la Fiscalía General, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia o el Programa Presidencial de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, entre otros.
