Urrea estalla en el juicio: "Estoy aquí por la voz de unas personas, sin pruebas (...) Es un complot político"

Hoy se reunirá el jurado para decidir el veredicto sobre el juicio por cohecho realizado contra el ex alcalde de Chiloeches, César Urrea, para el que la Fiscalía pide seis años de prisión. A la hora de hacer sus alegaciones, la propia Fiscal reconoció lo complicado que es demostrar estos delitos, ya que no existen más pruebas que los testimonios de todos los implicados. Sin embargo, quien se mostró más vehemente fue el propio Urrea: “Es el primer caso de España que llega a juicio por unos dimes y diretes entre partidos políticos”, lamentó antes de estallar. “Estoy aquí por la voz de unas personas, sin pruebas, es una vergüenza (…) Esto es un complot político”.

Todo un día dedicaron los miembros del jurado a escuchar las voces de los implicados. La Fiscalía acusa a Urrea de dos delitos de cohecho. Los hecho se remontan a 2011, cuando fue elegido alcalde de la localidad por el PP. A pesar de tener seis concejales frente a los tres del PSOE y dos de IU, pronto perdió la mayoría al rebelarse cuatro de sus ediles contra él. Para resolver la situación, afirma la Fiscalía, Urrea trazó un doble plan. Primero, propuso a dos de los díscolos, Santiago Gómez Motiño y Aránzazu González, que renunciaran a sus actas a cambio de subir el sueldo a la tercera rebelde, María Isabel Fernández, que estaba atravesando problemas económicos. Esto habría permitido que entraran en el equipo de Gobierno dos nuevos concejales de la lista del PP afines a él. Al negarse, aplicó el segundo plan: ofrecer un sueldo de 700 euros más otros 500 “de su propio bolsillo” al portavoz del PSOE, Ángel Cortes, también con problemas económicos, a cambio de su respaldo en las votaciones plenarias, algo a lo que se negó el socialista.

La Defensa, sin embargo, considera que fue el propio Gómez Motiño el único que puso sobre la mesa un acuerdo económico: que sus concejalías y las de Aránzazu González pasarán a María Isabel Fernández, a la que se debería subir el sueldo hasta cubrir una jornada completa. A cambio, Gómez Motiño revocaría una moción que supuso la bajada de sueldos del alcalde y del único edil que se mantuvo fiel a Urrea, Miguel Ángel Parro. La moción había sido aprobada con los votos a favor de los tres concejales rebeldes, la oposición de Urrea y el propio Parro, y la abstención del sexto concejal del PP y de todos los ediles del PSOE e IU. Sin embargo, el alcalde rechazó la propuesta. En cuanto al ofrecimiento realizado a Ángel Cortes, la Defensa asegura que fue un intento de pactar un Gobierno que diera estabilidad a los plenos.

César Urrea

Tras la exposición inicial de Fiscalía y Defensa, el primero en tomar la palabra fue el propio Urrea. Según indicó, los hechos se iniciaron a raíz del descontento de Santiago Motiño, concejal del PP que aspiraba a tener el puesto de alcalde y que se sintió decepcionado al no lograrlo. Éste incluso habría pedido a Urrea 500 euros en B “para sus gastos”, indicó el primer edil, ya que no quería interferencias con el dinero que recibía de su pensión. Con el paso del tiempo, Gómez Motiño logró que el Pleno aprobara la bajada de sueldo para el alcalde y Parro, los únicos que tenían una liberación a tiempo completo. Después, continuó relatando Urrea, el propio Motiño se presentó en su despacho para proponerle el intercambio: su sueldo y el de Parro a cambio del aumento para María Isabel Fernández, con la que asegura que González Motiño mantenía una relación sentimental, pasando ésta de una liberación de tiempo parcial a tiempo completo. Aunque inicialmente fueron cuatro los concejales del PP que se rebelaron contra Urrea, al final sólo Motiño, Fernández y González mantuvieron su oposición al entonces alcalde. El cuarto, Luciano Navarro, volvió a la órbita del equipo de Gobierno. Urrea señaló que los tres “díscolos” trataron de hacer un acercamiento al PSOE para sumar mayoría y arrebatarle la alcaldía, pero el Pacto de Antitransfuguismo lo impidió. Desde ese momento, la vida política continúo con relativa normalidad en el municipio a pesar de estar gobernando en minoría y, según sus propias palabras, incluso logró que se aprobaran una amplia mayoría de los puntos que llevaba a Pleno.

El actual alcalde

Tras Urrea, compareció en el tribunal en actual alcalde de Chiloeches, Juan Andrés García, concejal por IU en el momento de los hechos. Fue él quien puso en conocimiento de la Fiscalía todo lo ocurrido tras escuchar en un Pleno al propio Santiago Gómez Motiño acusar al alcalde de intentar comprar su voto, tal y como se recogía en las actas de la sesión. Según explicó, tiempo después el portavoz del PSOE le indicó que Urrea también había intentado negociar con él.

Durante su testimonio, la Defensa procedió a leer un acta de 2013 en la que Santiago Gómez Motiño pedía al alcalde que pasase sus competencias y las de otra compañera del PP (la tercera díscola) a María Isabel Fernández, subiéndola además el sueldo. También se mostraba dispuesto a retroceder en la bajada de sueldo aplicada a Urrea y Parro, algo que la defensa le preguntó a García si consideraba “chantaje”. El actual alcalde evitó hacer valoraciones y señaló que él sólo había puesto en conocimiento de la Fiscalía lo ocurrido en el Pleno en el que Motiño acusó al alcalde de haber intentado comprar su voto.

Gómez Motiño

El primer testigo en tomar la palabra durante la sesión de la tarde fue el propio Santiago Gómez Motiño, quien aseguró que él y Urrea mantuvieron una buena amistad entre 2004 y 2012. Sin embargo, la política les terminó separando. En su declaración negó tanto que hubiera mantenido una relación con María Isabel Fernández como que en momento alguno hubiera tenido aspiraciones de ser alcalde. “Yo tenía la propuesta de Antonio Román (entonces presidente provincial del PP) para ser el número de 1 de la lista”, pero la rechazó a favor de Urrea. De hecho, asegura, intentó renunciar a su acta de concejal poco después de las elecciones de 2011, algo que tanto Urrea como testigos de la defensa achacan realmente a un enfado.

En julio de 2012, cuando la relación ya estaba muy deteriorada debido a que Urrea era “un auténtico dictador” en el Ayuntamiento que les decía en cada momento qué debían votar, el enfrentamiento se enquistó. En plena crisis económica , el Gobierno regional, presidido por el PP, decidió cerrar las Urgencias de algunos municipios, entre ellos Chiloeches. Los concejales díscolos, asegura, se alinearon entonces con PSOE e IU, algo que molestó a Urrea.

En octubre de 2012 se aprobaba la moción para bajar los sueldos a Urrea y Parro y en diciembre Gómez Motiño proponía devolverlos a cambio de la subida a Fernández. También por estas fechas propuso que se diera un sueldo de 600 euros a Ángel Cortes, portavoz del PSOE, por ejercer de Tesorero, puesto al que Gómez Motiño había renunciado. Sin embargo, la moción no prosperó.

Por último, en enero denunció ante el Pleno que Urrea había intentado comprar su acta de concejal y la de Aránzazu a cambio de la subida de sueldo a Fernández. Según la versión de Motiño, fue Urrea quien le llamó a su despacho para hacerle la propuesta. Desde allí, Gómez Motiño llamó por teléfono a Aránzazu González y la puso en manos libres para que pudiera hablar con él y con Urrea. Sin embargo, González se opuso rotundamente. Después fue al despacho que María Isabel Fernández compartía con Luciano Navarro todavía con el teléfono en manos libres para hacerla partícipe del asunto. Aunque podía verse beneficiada, Fernández también fue tajante en su rechazo.

Aránzazu González

El desacuerdo de Aránzazu González con Urrea llegó por otros motivos. Según explicó ella misma, el acusado decidió meterla en su lista para atraer votos de la urbanización Medina Azahara, de la que era residente y donde había realizado tareas de gestión. Sin embargo, la situación se complicó cuando los recortes regionales afectaron a las ayudas para el transporte escolar. El Ayuntamiento decidió suspender el servicio y los vecinos de González fueron a pedirle explicaciones. Ella, tras estudiar los presupuestos, propuso cambios en la partida de festejos y en el pueblo corrió el rumor de que quería quitar los actos taurinos. “Mucha gente me ha dicho después que fue el propio Urrea quien extendió el rumor”. Cuando llegó al Pleno, se lo encontró lleno de vecinos encolerizados con ella. El transporte escolar se salvó, pero “tuve que salir escoltada”.

El día que Urrea realizó la oferta para que entregaran las actas de concejales, recuerda que ella estaba trabajando cuando recibió la llamada de Gómez Motiño. Fue él quien se la transmitió, pero se mostró convencida de que la idea partió de Urrea, ya que fue el ex alcalde quien, a través del manos libres, dijo “pensároslo, os doy unos días”. Al negarse, la situación empeoró. “El Ayuntamiento ha sido ingobernable durante dos año. Ha sido horrible”. Terminada la legislatura, González volvió a presentarse en las siguientes elecciones, pero en las listas de la Ahora Chiloeches, aunque no obtuvo acta de concejal.

María Isabel Fernández

Acto seguido le tocó el turno a María Isabel Fernández, quien negó tener o haber tenido una relación sentimental con Gómez Motiño. Ella también señaló que los problemas más graves con el acusado surgieron a raíz de las votaciones sobre el transporte escolar y el cierre de Urgencias.

Fernández reconoció que en aquellos momentos estaba atravesando un proceso de divorcio y apuros económicos, por que completaba su sueldo de 600 euros con lo que obtenía limpiado en un par de casas particulares. En julio de 2012 Fernández reconoció que no podía trabajar con el alcalde y en enero de 2013 éste le retiraba las consejerías y, por lo tanto, el sueldo.

En cuanto al día en el que supuestamente el ex alcalde ofreció subirla al sueldo a cambio de que sus compañeros dejaran las actas de concejal, relató que primero entró en su despacho Gómez Motiño con el teléfono en manos libres y Aránzazu al otro lado de la línea. Después lo hizo el propio Urrea, quien le habría dicho que aceptara, “me dijo `no seas tonta´”. En la siguiente legislatura, Fernández se presentó en las listas del PSOE, aunque no resultó elegida.

Miguel Ángel Parro

Otro concejal de Chiloeches que compareció en el tribunal fue Miguel Ángel Parro, el único edil popular que se mantuvo fiel a Urrea. Según su versión de los hechos, fue Santiago Gómez Motiño quien llamó al ex alcalde para ofrecerle que pasara sus concejalías a Fernández y la subida de sueldo para todos. Eso sí, no proponía renunciar a su acta de concejal, si no a sus consejerías, lo que no implicaba perder el puesto de edil.

Ángel Cortés

El portavoz del PSOE, Ángel Cortés, actualmente gobernando en coalición con Ahora, relató cómo Urrea le había ofrecido un sueldo de 700 euros del Ayuntamiento más 500 de su bolsillo a cambio de ejercer como Tesorero si le garantizaba su apoyo hasta el final de la legislatura. Cortés, que también estaba pasando apuros económicos, rechazó la propuesta y acudió a contarle el tema a Pablo Bellido, secretario general del PSOE, quien también acudió al juicio como testigo. “A mí me sonó a que habían intentado comprar su voluntad, pero era una conversación entre dos personas poco demostrable”, señaló.

Otros testigos de la Defensa

Por parte de la Defensa compareció Ana Concepción, miembro de la lista en 2011, aunque no obtuvo acta. Ella confirmó que Gómez Motiño realmente aspiraba a ser número uno en la lista del PP, “pero el PP provincial no se lo permitió”, lo que ya tensó la situación. También confirmó que Santiago quería cobrar unos 500 euros mensuales en dietas para que no le interfiriera con la pensión y que al poco tiempo de formar Gobierno en 2011 ya intentó romper su acta de concejal. “Me pareció algo infantil”. Por último, negó que Urrea tuviese formas dictatoriales a la hora de desempeñar su trabajo en el Pleno. Después le tocó el turno a Francisco Javier Sánchez, actual concejal del PP en la oposición, que era en aquella época uno de los hombres que debía entrar en caso de que Gómez Motiño Aránzazu González hubieran dejado sus actas. Sin embargo, a él Urrea nunca le dijo que estuviera trabajando para lograr algo en ese sentido.

Alegatos finales

Desde la Fiscalía se considera que los testimonios prueban el delito de cohecho, ya que el acusado habría intentado, previo ofrecimiento de dinero, comprar el voto del PSOE y las actas de concejales de dos de sus compañeros díscolos. Tras reconocer la dificultad que tiene probar los hechos, señaló que son los testimonios los que deben servir para tomar una decisión. En este caso, consideró especialmente relevante el testimonio de Aránzazu González por ser “de gran credibilidad” y desacreditó el del testigo de la defensa, Miguel Ángel Parro, porque “no sabía ni lo que decía”.

También diferenció el hecho de negociar un pacto de Gobierno, repartiendo concejalías, de comprar votos, que es lo que considera que se intentó con Cortes. De igual forma, recordó que renunciar a una concejalía no implica renunciar al acta de concejal, que fue lo que les habría pedido Urrea a Gómez Motiño y González para que así pudieran entrar los dos siguientes miembros de la lista del PP en el Ayuntamiento, afines a Urrea. Por último, lanzó una pregunta al jurado: “¿De verdad creen que podemos montar un contubernio de todas las fuerzas políticas sólo para inculpar a este señor?”

Por su parte, la Defensa empezó su alegato final señalando lo que a su juicio es un error de la acusación al elegir el tipo de delito: el cohecho se da cuando hay una aproposición deshonesta entre un funcionario y un particular, no entre dos funcionarios. También destacó que, a pesar de la imagen que se ha dado de Urrea, éste mantuvo las concejalías y el sueldo de Fernández desde julio de 2012, cuando ella dijo que no trabajaría con él, hasta enero de 2013. A esto sumó que los únicos ofrecimiento de arreglo económico de los que hay registro en el Pleno es de los que hizo el propio Gómez Motiño. Otra pregunta que se hizo fue por qué no había llamado la acusación a Luciano Navarro, el sexto concejal del PP que se reveló contra Urrea y luego volvió al equipo de Gobierno. Según la versión de la Fiscalía, él estaba presente en el despacho con María Isabel Fernández cuando Gómez Motiño entró con el móvil en manos libres para contarle el supuesto ofrecimiento del ex alcalde. “No se le ha llamado porque no ratifica lo que ellos dicen”.

Desde el punto de vista de la Defensa fue el acusado, a quien primero bajaron el sueldo y luego ofrecieron volver a subírselo, quien sufrió chantaje por parte de Gómez Motiño, que también pidió un aumento para Fernández y retribución económica para Ángel Cortes. Además, considera que no habría tenido sentido que intentara comprar dos actas de concejales, ya que eso no habría garantizado la gobernabilidad del Ayuntamiento, en el que sólo contaba con su voto y el de Parro garantizado. Con dos ediles más habría tenido cuatro seguros. Luciano Navarro parece que votaba en conciencia y la Defensa no cree que el sexto, el de María Isabel Fernández, hubiera sido fiable.

En cuanto al ofrecimiento realizado a Cortes, señala que responde a un intento de hacer un pacto de Gobierno. Respecto a Aránzazu González y María Isabel Fernández, considera que se trata de “oportunistas políticas”, ya que pasaron a las listas de Ahora Guadalajara y PSOE respectivamente. “¿Tenemos que darles credibilidad?” Para finalizar, recordó al jurado la Presunción de Inocencia. “Alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario con hechos objetivos”, algo que a juicio de la Defensa no ha ocurrido. “Antes de condenar a alguien piensen en las consecuencias que tendrá para su vida y, si tienen la más mínima duda, no lo hagan”.