Varias regiones de Myanmar permanecen aisladas por Nargis

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

El ritmo con el que llega el material de urgencia internacional para los dos millones de damnificados se aceleró ligeramente desde el domingo, pero sigue siendo muy inferior a las gigantescas necesidades de los víctimas.
El número provisional de víctimas era el lunes de al menos 62.000 muertos y desaparecidos, si bien diplomáticos occidentales elevan hasta 100.000 la cifra de fallecidos.

Ante la extensión de la tragedia, el ministro birmano de Planificación Nacional y Desarrollo Económico, Soe Tha, aseguró que los responsables gubernamentales se habían desplazado a la mayor parte de regiones arrasadas por el Nargis, según el diario oficial ‘New Light of Myanmar’. "Todavía quedan zonas a las que no pueden llegar los responsables afectados. El material de socorro fue lanzado con paracaídas en los sectores inundados donde los helicópteros no podían aterrizar", reconoció Soe Tha. El ministro agradeció a las Naciones Unidas y a todos los países las numerosas donaciones a favor de los damnificados, pero reiteró que las autoridades birmanas controlarán la distribución de la ayuda internacional. "Aceptamos las ayudas de todos los países" pero "su reparto puede ser gestionado por organizaciones locales", dijo.

La ayuda humanitaria sigue entrando con cuentagotas porque el régimen birmano, conocido por su paranoia y obsesionado por la defensa de su soberanía, siguen siendo muy reticente a que las operaciones de socorro estén dirigidas por extranjeros. Así, fuentes de la ONU afirmaron en Bangkok que siguen esperando 24 visados para que su personal extranjero pueda entrar en Myanmar. "De hecho se nos han entregado muy pocos visados", afirmó en un comunicado Catherine Bragg, vicecoordinadora de la ayuda de emergencia de Naciones Unidas, al tiempo que llamaba a las autoridades birmanas a actuar con prontitud para salvar vidas. "Si no actuamos ahora, si no actuamos rápido, se perderán más vidas", afirmó.

Ayuda insuficiente
Por su parte, un responsable de la Cruz Roja calculó que antes del lunes por la noche nueve de sus aviones con ayuda humanitaria habían llegado a territorio birmano. "No es exacto afirmar que no se está haciendo nada, pero esto no es suficiente", afirmó por su parte Frank Smithuis, de la ONG Médicos Sin Fronteras, el primero de cuyos aviones aterrizó el lunes en Rangún.

También Estados Unidos, uno de los más acérrimos críticos de la junta birmana, mandó el lunes a Rangún un avión de transporte militar C-130 cargado con más de 12 toneladas de material humanitario, principalmente unidades de purificación de agua, mosquiteras y mantas para las víctimas. La llegada de este avión norteamericano es en sí un acontecimiento, ya que desde hace más de diez años Myanmar es objeto de sanciones estadounidenses y europeas. Pese a la devastadora catástrofe, el régimen birmano aseguró que los electores acudieron "masivamente" a las urnas el sábado para participar en el referéndum sobre una nueva Constitución. Esta votación, la primera en Myanmar desde 1990, está destinada, según la junta, a abrir la vía a "elecciones plurales" en 2010. Sin embargo, la oposición birmana, liderada por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, llamó a votar "no" por considerar que el nuevo texto constitucional refuerza la supremacía del Ejército en el poder. Innumerables disidentes advirtieron de que el resultado de la votación estará "trucado".

Consulta bajo sospecha

Entre los escombros de un país devastado hace nueve días, Myanmar celebró un referéndum el sábado, mientras más de un millón de personas lo han perdido todo por la tormenta y el futuro tampoco se les presenta alentador, con una previsible subida de precios en los ya de por sí encarecidos alimentos básicos.

La Liga Nacional para la Democracia criticó hoy de nuevo esta consulta y acusó al régimen militar de "manipulación", según declaraciones del portavoz de la formación, en declaraciones a 'Democratic Voice of Burma' recogidas por otr/press. Entre las innumerables pruebas que esgrimen, aluden a la única presencia de observadores pro Gobierno y los chantajes a cambio de votar 'sí' al nuevo texto.