Velasco investigará el asesinato de seis jesuitas en El Salvador
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El juez de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investigará el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres, cometido en El Salvador en 1989, tras admitir a trámite la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). El magistrado imputa en este caso a 14 militares salvadoreños, entre los que se encuentran cuatro generales en servicio.
La querella fue presentada el pasado 13 de noviembre por la APDHE, que cuenta con el apoyo del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (Estados Unidos). Las asociaciones querellantes basaban su reclamación en que cinco de las víctimas eran españolas y en el principio de justicia universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón. Los asesinatos, atribuidos a miembros del Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño, fueron cometidos el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana de San Salvador.
La denuncia fue interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, y está dirigada contra cuatro generales, dos coroneles, tres tenientes, dos sargentos, un cabo y dos soldados. A estos catorce militares se une en la querella el presidente de El Salvador entre 1989 y 1994, Alfredo Cristiani, acusado por los querellantes de encubrir estos crímenes que precipitaron el final de la guerra civil en El Salvador. Según la APDHE, en 1993 se aprobó una amnistía general que ha protegido hasta el día de hoy a los responsables, que continúan libres y gozan de cierta influencia política en el país.
En su auto el juez Velasco admite a trámite la querella presentada por la APDHE y abre una investigación penal contra los 14 militares por la posible comisión de un delito de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes. No obstante, rechaza la petición de investigar la responsabilidad penal de Cristiani Burkard argumentando que no existe base indiciaria suficiente para imputarle y que, además, se le atribuye un delito de encubrimiento que no tiene la naturaleza de persecución universal. Además, pide el testimonio del ex fiscal general Belisario Amadeo Artiga, del juez Ricardo Zamora y los abogados Henry Campos y Sidney Blanco.
Estos dos úlitmos fueron los fiscales asignados al caso cuando se enjuició en El Salvador y renunciaron cuando, según la querella, fueron obligados a minimizar el interrogatorio a los militares imputados. Asimismo, libra una comisión rogatoria a las autoridades de este país para que le remitan testimonio completo de la causa penal que se llevó a cabo en el Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador, a fin de conocer los mecanismos de perdón y de extinción de la responsabilidad criminal de los que pudieron beneficiarse los autores intelectuales y/o materiales de los asesinatos.
La denuncia fue interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, y está dirigada contra cuatro generales, dos coroneles, tres tenientes, dos sargentos, un cabo y dos soldados. A estos catorce militares se une en la querella el presidente de El Salvador entre 1989 y 1994, Alfredo Cristiani, acusado por los querellantes de encubrir estos crímenes que precipitaron el final de la guerra civil en El Salvador. Según la APDHE, en 1993 se aprobó una amnistía general que ha protegido hasta el día de hoy a los responsables, que continúan libres y gozan de cierta influencia política en el país.
En su auto el juez Velasco admite a trámite la querella presentada por la APDHE y abre una investigación penal contra los 14 militares por la posible comisión de un delito de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes. No obstante, rechaza la petición de investigar la responsabilidad penal de Cristiani Burkard argumentando que no existe base indiciaria suficiente para imputarle y que, además, se le atribuye un delito de encubrimiento que no tiene la naturaleza de persecución universal. Además, pide el testimonio del ex fiscal general Belisario Amadeo Artiga, del juez Ricardo Zamora y los abogados Henry Campos y Sidney Blanco.
Estos dos úlitmos fueron los fiscales asignados al caso cuando se enjuició en El Salvador y renunciaron cuando, según la querella, fueron obligados a minimizar el interrogatorio a los militares imputados. Asimismo, libra una comisión rogatoria a las autoridades de este país para que le remitan testimonio completo de la causa penal que se llevó a cabo en el Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador, a fin de conocer los mecanismos de perdón y de extinción de la responsabilidad criminal de los que pudieron beneficiarse los autores intelectuales y/o materiales de los asesinatos.